Nadie quiere la causa de Rato

Nadie quiere el caso Rato. Una semana después de que la sospecha de un millonario fraude fiscal arruinara el mínimo crédito que le quedaba al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, la administración de Justicia se ha enredado en cuestiones de competencias para resolver quién se hace cargo del caso. En esa situación, la investigación judicial que aclare el grado de culpa de Rodrigo Rato tendrá que esperar a que concluyan las escaramuzas judiciales entre recursos de reforma y de apelación.

Las sospechas contra Rato, basadas supuestamente en hechos comprobados por la Agencia Tributaria, hablan de un fraude fiscal millonario a lo largo de los últimos años y de un delito añadido que lo agrava todo, la supuesta intención del ex vicepresidente de ocultar su patrimonio o traspasarlo para evitar así que pueda ser embargado como consecuencia de las fianzas multimillonarias impuestas en el caso Bankia.

La entidad financiera tiene la intención de iniciar el próximo lunes los trámites para embargar todos sus bienes a Rato. Intenta así recuperar los 133 millones de euros que corresponden al ex vicepresidente en la fianza de 800 millones que impusó hace un mes el juez a BFA, Bankia y a cuatro de sus directivos. Bankia depositó los 800 millones e intenta recuperar la parte correspondiente a los ex directivos, imputados por falsear las cuentas ante la salida a bolsa de la entidad.

El juez de Plaza de Castilla al que tocó por reparto la causa contra Rato dedicó sus primeros minutos del lunes pasado a redactar el auto de inhibición. El asunto, entendía este juez, era competencia de la Audiencia Nacional, donde se investiga desde hace tres años la gestión de Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid y Bankia, cargos a los que fue aupado por el líder del PP Mariano Rajoy.

La Ley señala que la Audiencia Nacional será competente para investigar delitos de terrorismo, contra la Corona, delitos económicos que causen grave perjuicio a la económica nacional —como los que se investigan relacionados con la quiebra de Bankia y la supuesta estafa a accionistas—, o los cometidos por españoles en el extranjero.

La denuncia de la Fiscalía contra Rato le atribuye delitos fiscales por el Impuesto de Sociedades y el de la Renta, más alzamiento de bienes. Son delitos referidos a su actividad profesional, sin aparente vínculo con su gestión al frente de Bankia. En sentido estricto, esos delitos no encajaban en el catálogo de competencias de la Audiencia Nacional. Pero el juez de Plaza de Castilla entendió que podrían tener relación con otros delitos ya investigados en la Audiencia por el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó hace semanas hacerse cargo de la denuncia de la Agencia Tributaria contra Rato.

Pero cuando la Fiscalía de Madrid impulsó la causa el pasado miércoles, con idéntica denuncia, Anticorrupción se apresuró a reclamar la competencia. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, firmó un decreto para arrebatarle el caso a los fiscales de Madrid y dejarlo en manos de Anticorrupción.

En ese decreto, la fiscal general señalaba que Anticorrupción ya se ocupaba ahora de otro procedimiento en la Audiencia Nacional, el caso Bankia, del que podían derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente Rato "habría intentado eludir". La denuncia de la Agencia Tributaria apuntaba un alzamiento de bienes para burlar el pago de la fianza que corresponde a Rato.

Pese a esta aparente conexión entre ambos casos, la fiscal general del Estado anunció ayer que recurrirán la decisión del juez de Plaza Castilla y defenderán que el caso siga en ese juzgado.

A Rato, de momento, no le quiere nadie. Ni siquiera para juzgarle.