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Bankia reclama 133 millones a Rato y que congele sus bienes

El exvicepresidente no ha hecho frente a la fianza fijada por el juez

Rato presenta, en marzo de 2011, la entidad Bankia. Ampliar foto
Rato presenta, en marzo de 2011, la entidad Bankia.

El 17 de marzo pasado, Bankia y su matriz BFA depositaron en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones que impuso el juez Fernando Andreu en febrero por el posible maquillaje de las cuentas de la entidad en su salida a Bolsa. La entidad entregó el dinero en metálico para evitar generar gastos con avales bancarios.

Fuentes jurídicas creen que el impago de la fianza precipitó la operación

José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, anunció que reclamaría a Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú para que respondieran con su patrimonio, porque estaban igualmente obligados a prestar la fianza de forma solidaria.

Al día siguiente, 18 de marzo, se envió un requerimiento notarial a Rodrigo Rato en el que se le exigían 133 millones de euros, la sexta parte de 800 millones. El requerimiento de Rato, como el de los demás acusados, tenía el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción que, si fue el mismo día de la emisión, vencería este sábado.

No obstante, todos los afectados han recurrido en apelación la fianza impuesta y alguno de ellos considera que hasta que no estén respondidos todos los recursos se congela el plazo de respuesta al requerimiento notarial.

Falsedad contable

El juez Fernando Andreu fijó una fianza de 800 millones de euros a BFA, Bankia y los cuatro exdirectivos principales de la entidad, entre ellos Rodrigo Rato, que aprobaron los estados contables antes de su salida a Bolsa. Un informe del Banco de España señalaba que la situación financiera de Bankia era mucho peor que la reflejada en esos estados contables a los que dieron el visto bueno Rodrigo Rato y su equipo. El juez que instruye el caso Bankia consideró que ese hecho puede constituir un delito de falsedad contable.

Rato no ha respondido a Bankia porque no cree que le corresponda hacer frente a esta fianza, y la ha recurrido ante el juez. En el documento enviado por Bankia se reclama a los afectados que pongan 133 millones de euros, mediante garantía personal, y que identifiquen sus bienes y asuman frente a Bankia y un notario “la obligación de no disponer, ni enajenar, ni imponer cargas, ni gravar por cualquier concepto y título sus bienes y derechos de contenido económico”. Algunas fuentes consideran que la fianza puede ser uno de los motivos por los que la fiscalía quiere evitar que Rato mueva sus cuentas.

Según los exdirectivos de Bankia, la entidad presidida por Goirigolzarri busca sostener ante la opinión pública que está haciendo todo lo posible para recuperar el máximo posible de los 800 millones impuestos por el juez.

Bankia reclama 133 millones a Rato y que congele sus bienes

También apuntan que Bankia quiere que cada afectado reclame el seguro de responsabilidad civil, que estas fuentes cifran en 100 millones de euros. El seguro está contratado con Mapfre. Hasta ahora, Mapfre no ha hecho frente a otras fianzas como las de Miguel Blesa, al que se le impuso 16 millones como responsabilidad en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

El exvicepresidente acusó al juez de atribuirle la responsabilidad civil de la fusión y salida a Bolsa de Bankia de forma “errada”, sin “sustento” y con una “palmaria” ausencia de motivación apoyándose en el “débil” informe de los peritos judiciales, según el recurso. Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, también ha recurrido la fianza. En su caso, el argumento es que llevaba 13 días en la entidad cuando aprobó la salida a Bolsa “por lo que no podía tener conocimiento de los posibles problemas en las cuentas”. Además, recuerda Verdú, tenían el visto del Banco de España y de la CNMV. El juez no ha respondido a su recurso.

“No he vendido patrimonio en 13 meses”

Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda, exvicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia, negó ayer a EL PAÍS que haya vendido patrimonio en los últimos 13 meses y desmintió que posea sociedades radicadas en paraísos fiscales o en países fuera de la UE. La Fiscalía de Madrid le acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes y reclamó el pasado jueves al juez su detención durante unas horas en las que agentes de Aduanas registraron su domicilio particular y su despacho profesional en busca de documentación con la que poder probar las acusaciones de la fiscalía.

El exministro del Partido Popular manifestó a este periódico que no ha hecho “ninguna compra, ni venta” de sus bienes o propiedades “en los últimos 13 meses”, descartando de esa manera que haya puesto su patrimonio a nombre de otras personas para evitar que pueda ser embargado ante el impago de la fianza que le impuso el juez Fernando Andreu en el caso Bankia. El magistrado cifró en 800 millones de euros el dinero que Rato debía depositar de manera solidaria junto a BFA, Bankia y otros tres exdirectivos de la entidad. “No he vendido ni comprado bienes”, mantiene el expresidente de Bankia. Como parte de la investigación, la fiscalía le ha solicitado la entrega de documentación patrimonial que abarca varias décadas.

Sobre la posibilidad de que haya desviado fondos a sociedades en las Islas Vírgenes, Rato aseguró a EL PAÍS: “No tengo nada ahí. La única relación que tengo con este paraíso es que trabajo con un abogado británico que tiene uno de sus despachos en Islas Vírgenes, pero yo con este despacho tengo una sociedad dentro del Reino Unido. En ninguna isla del Canal, ni otro país, dentro del Reino Unido”.

Rodrigo Rato acompañó a los investigadores en un registro que se prolongó durante la noche del pasado jueves. Al día siguiente se tuvo que repetir el volcado de la documentación informática debido a un error.

El expresidente de Bankia no ha prestado declaración todavía y desconoce qué tipo de investigación se está haciendo, qué es lo que se busca concretamente y si quien la dirige es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) o la Fiscalía de Madrid.

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