Jaque al rey del turismo de Lanzarote

La Geria es un paraje protegido de tierra negra salpicado de medias lunas de piedra. Esos pequeños muros semicirculares, los zocos, protegen las vides del viento. De esta tierra volcánica —las últimas erupciones en Lanzarote son de anteayer, de los siglos XVIII y XIX— brotan unos vinos que han ganado fama en los últimos años.

El rey del turismo de la isla, Juan Francisco Rosa Marrero (Arrecife, 1951), se fijó también en La Geria. Quiso ser bodeguero. El mayor de la isla. Pero, más de 15 años después de pergeñar aquel proyecto, Rosa está contra las cuerdas. Una juez de instrucción (Silvia Muñoz) y un fiscal (Ignacio Stampa) le han puesto en jaque y van a llevarle a juicio. En el mismo caso están acusadas otras 16 personas, la mayoría representantes de las Administraciones que permitieron una construcción de 12.000 metros cuadrados en mitad del llamado barranco del Obispo, dentro del espacio protegido de La Geria.

El fiscal y la juez acusan a Rosa de levantar en pleno parque natural un macrocomplejo —la bodega Stratvs— saltándose las normas urbanísticas. Ni siquiera está acreditado que todo el terreno en el que construyó fuera suyo. Esta bodega es, según el fiscal del caso, el "peor atentado medioambiental" contra Lanzarote desde que la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993.

Este podría ser El Algarrobico de Lanzarote, si se recurre a una comparación rápida. Pero hay una diferencia importante: en el caso del hotel levantado en el parque almeriense de Cabo de Gata nunca se persiguió penalmente al promotor. En el caso de Rosa, al que la justicia le lleva pisando los talones desde hace años, la fiscalía pide que sea condenado a 15 años de cárcel. Solo los delitos medioambientales, sumarían nueve. Se trata, según la Fiscalía General del Estado, de una de las peticiones de cárcel más altas que el ministerio público ha solicitado en España por este tipo de delitos.

Para acometer las obras —que se desarrollaron entre 2003 y 2012— Rosa pidió una licencia para reformar una antigua casa de 171 metros cuadrados y construir una bodega subterránea de 900. Pese a estar en una zona protegida, el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno canario terminaron concediendo las licencias para ese proyecto. Partiendo de esos permisos —que la juez y la fiscalía también consideran ilegales—, el promotor terminó levantando un complejo de 12.000 metros cuadrados con una bodega industrial, un restaurante, una tienda, terrazas pavimentadas, cocina, baños y aparcamientos.

Rosa no podría haber acometido esta “faraónica” obra —como la define el fiscal— si no hubiera contado con la colaboración de las Administraciones. La fiscalía pide tres años y 10 meses de prisión para Gladys Acuña, la actual alcaldesa de Yaiza (por un partido independiente), dentro de cuyo término municipal se levanta la bodega y epicentro, junto a Teguise, de los casos de corrupción que padece Lanzarote desde hace años.

La bodega está precintada por orden de la juez Muñoz desde diciembre de 2013 y los premiados vinos que producía, poco a poco, han ido desapareciendo de las tiendas de Lanzarote. El empresario —que no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a decir que solo ha hecho su "trabajo"— es odiado y amado en la isla con la misma intensidad.

En lo alto del barranco en el que está la bodega Stratvs, unos jornaleros trabajan la tierra de una finca vecina. Manuel Morales tiene 66 años y dice que lleva desde los 14 levantando zocos de abrigo para las vides y los frutales. "Es una barbaridad", responde cuando se le pregunta sobre las acusaciones que pesan sobre Rosa. Y, como la mayoría de los defensores del empresario, sostiene que "ha dado mucho trabajo" en Lanzarote. Alrededor de 40 personas trabajaban en Stratvs antes de ser clausurada. Las instalaciones están precintadas debido a la gravedad de los vertidos que también se hacían desde la bodega.

Al otro lado, en la parte más baja del barranco, está la bodega Antonio Suárez. Las opiniones sobre el empresario aquí no son tan benévolas como las del jornalero. Pilar Barrera, que vive en La Geria desde los sesenta, espera a los turistas sentada en el porche de su negocio, mitad bodega, mitad restaurante y tienda. Recuerda cuando las máquinas empezaron a horadar el barranco hace más de diez años: "No le pararon las obras, no le quisieron parar las obras". "Construyó lo que no debía y rompió un barranco y una fuente", añade. "Dicen que no ha construido en la Luna porque ahí todavía no ha llegado", cuenta sobre el empresario.

Rosa posee varios hoteles en Lanzarote. Tres tienen anuladas las licencias por saltarse la moratoria de diez años que se impuso en 2000 para evitar el crecimiento desaforado de la construcciones en la isla. La Fundación Cesar Manrique inició la batalla contra los hoteles que incumplieron la moratoria. Y logró 20 sentencias en las que se anulaban las licencias. Fernando Gómez, director de la fundación, sostiene que la entidad ha sufrido "ataques de manera permanente" por defender un modelo "sostenible" de desarrollo en la isla.

En el caso de la bodega Stratvs, fue la asociación Transparencia Urbanística la que presentó la denuncia en julio de 2009. El escrito, indican fuentes judiciales, estuvo perdido en un armario de los juzgados durante dos años y medio. Silvia Muñoz se hizo cargo de la investigación cuando desembarcó en Lanzarote en 2013.

"Denunciamos el caso porque esto había traspasado todas las líneas rojas", dice Javier Díaz-Reixa, miembro de Transparencia Urbanística. "La Geria es el corazón de Lanzarote", explica. Sostiene que esta denuncia le ha valido a su asociación descalificaciones desde los medios de comunicación que el empresario posee en la isla.

Pero no es el único caso. Al día siguiente de decretarse la clausura de la bodega, aparecieron en Arrecife pintadas insultantes contra el fiscal Ignacio Stampa, que también ha sufrido ataques desde medios locales durante meses. El Consejo Fiscal pidió en julio del año pasado el "cese de los ataques contra el honor" de Stampa.

A la denuncia presentada por Transparencia Urbanística se sumó luego la familia propietaria de una finca de la zona. Parte del complejo bodeguero se construyó dentro de su parcela, según señalan la juez y el fiscal en sus escritos. Rosa está acusado también de "usurpación y hurto" y de "estafa y falsedad documental" en este caso.

De la investigación se ha desgajado una causa diferente sobre las subvenciones que recibió la bodega. En una de sus declaraciones ante la instructora, el empresario reconoció que había recibido entre 600.000 y 800.000 en ayudas de la Unión Europea.

Se espera que el juicio sobre la bodega se pueda celebrar el año que viene. La fiscalía ha pedido la demolición de este complejo, que ha puesto contra las cuerdas al empresario más importante de Lanzarote.