Ruz procesa a 11 mandos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer a 11 altos cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. Ruz, que también ordena detener a siete de ellos, considera acreditado que tras el abandono del Sáhara Occidental por parte de España se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. Estas acciones, según el juez, tenían el fin de “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española.

El magistrado describe en su auto —resolución razonada— al menos 50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23 casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados, de los cuales uno podría haber fallecido en 2010, según informaciones periodísticas. El resto no ha sido localizado porque Marruecos no ha respondido a las diferentes comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial entre Estados— cursadas en esta investigación.

Ruz, que en los próximos días será relevado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, cierra su paso por la Audiencia Nacional con un auto que previsiblemente tensará las relaciones entre España y Marruecos. El juez da por concluida la investigación iniciada por su antecesor, Baltasar Garzón, en 2007, a raíz de una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. En su resolución final, Ruz relata “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui”, y con independencia de que fueran miembros del Frente Polisario, la guerrilla que hasta 1991 luchó contra Marruecos por la autodeterminación del Sahara.

También reseña el magistrado que se produjeron “encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.

El juez dedica las primeras siete páginas de las 40 que componen el auto a realizar un recorrido histórico y jurídico sobre la presencia de España en el Sáhara Occidental, que se inició en 1885 con la Conferencia de Berlín, y terminó en los estertores de la dictadura de Franco en noviembre de 1975 con la Marcha Verde ordenada por Hassan II de Marruecos. Esta introducción, en apariencia más propia de un libro de ensayo que de un auto judicial, tiene un sentido muy claro: poner de manifiesto que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara y que los casi 74.000 nativos saharuis censados en 1974, antes de la ocupación marroquí, tenían “la consideración de españoles”.

El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de familia español por el hecho de haber nacido en unos territorios que España consideraba “provincias” suyas, ha evitado que la investigación fuera archivada por la reforma de la justicia universal del PP en marzo de 2014.

El magistrado divide los hechos investigados, que se iniciaron cuando España aún no había salido del territorio, en dos grupos. El primero es el de los que no tienen autor conocido. Entre ellos se relata el asesinato de ocho personas en Amgala, en la zona de Smara, entre los días 12 y 13 de febrero de 1976. Un hombre que entonces tenía 10 años, Abba Ali Said, vio cómo soldados marroquíes disparaban directamente en el pecho en su presencia a dos pastores saharauis que se negaron a responder preguntas sobre el Frente Polisario. Después le llegó el turno a él, pero un soldado marroquí intercedió ante los oficiales salvándole la vida. Escondido tras un camión, esa misma noche presenció el asesinato de otras seis personas, entre ellas un primo suyo de 14 años. Los restos de estas víctimas fueron hallados en dos fosas comunes separadas entre sí por 30 metros en la zona de Fedret Leguiaa en febrero de 2013. La excavación de la fosa, donde se hallaron los DNI de algunas de las víctimas, así como varios billetes y monedas, y las pruebas de ADN practicadas por los forenses Martín Beristáin y Francisco Echevarría han sido una prueba “fundamental” para corroborar la veracidad de los testimonios de las víctimas supervivientes recogidos en la querella y ratificados ante el propio magistrado por algunas de ellas.

Otro episodio sin autor conocido es el bombardeo con napalm y fósforo blanco del campamento de desplazados Un Dreiga el 20 de febrero de 1976. Ese día, dos aviones de la fuerza aérea marroquí arrasaron las jaimas donde se refugiaban cientos de saharauis. Al menos 39 personas han sido reconocidas por Ruz como muertas en aquel ataque —otras fuentes elevan la cifra a entre 100 y 200— y al menos 75 fueron heridas. La agresión afectó incluso a una tienda hospital señalada con una media luna roja.

Los hechos con autor conocido se registraron en las ciudades de Smara y El Aaiun. En el cuartel de la primera población, en enero de 1977 un prisionero presenció cómo al recién nacido de otra presa “le cortaron los dedos y se los trajeron a la madre después en la comida”. También vio cómo los militares envolvieron a un anciano saharaui de 70 años en una manta, lo rociaron con gasolina y lo quemaron. Al mando del cuartel se encontraban el coronel Abdelak Lemdaour y el teniente de la Gendarmería Real Driss Sbai.

En los años 80, las detenciones irregulares y las torturas estuvieron supuestamente coordinadas por el wali (gobernador) Hassan Uychen. Entre sus víctimas figura la activista más conocida de la causa saharaui en la actualidad, Aminatu Haidar.

“Las acciones investigadas cometidas por militares o policías marroquíes se dirigen unívocamente contra los saharauis, que son sometidos a persecución únicamente por ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato, o desapareciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes periodos de tiempo. Existe, por tanto una finalidad de destrucción biológica de esas personas simplemente por su origen étnico”, concluye el juez Ruz.