Reprimenda de la ONU a España por no extraditar a cargos franquistas

La ONU vuelve a reprender a España por desatender a las víctimas del franquismo. Cuatro expertos de Naciones Unidas -el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- han redactado un duro comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 ex cargos franquistas a los que la juez Maria Servini de Cubría reclama para interrogar en Buenos Aires. La magistrada les imputa posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirman los cuatro expertos. "Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esa solicitud de extradición, pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos", añaden. Es decir, para la ONU, España debe enviar a esos 17 excargos franquistas a Argentina o juzgarlos en su territorio.

Los cuatro expertos rebaten, además, los argumentos presentados en el Consejo de Ministros para denegar la extradición de los 17 ex cargos franquistas, entre los que figura José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.  "Carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. El Estado español no puede escudarse en los principios de prescipción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977]  para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables".

Naciones Unidas ha conminado en numerosas ocasiones a España a atender a las víctimas del franquismo. En julio del año pasado dio al Gobierno 90 días para que le comunicara qué medidas pensaba tomar para atender sus recomendaciones, esto es, elaborar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y disponer una partida presupuestaria para la localización y exhumación de los miles de fusilados que aún permanencen enterrados en fosas comunes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha derogado de facto la ley de memoria histórica al eliminar todas las ayudas previstas en la norma para la apertura de fosas. De hecho, las que se hicieron el pasado verano se pagaron con la subvención de un sindicato de electricistas noruego que, al conocer la situación de desamparo de los familiares de los fusilados del franquismo, hizo una colecta para ayudar a sufragar las exhumaciones. 

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que agrupa a todas las víctimas del franquismo que acudieron a pedir justicia a Buenos Aires al cerrar el Supremo la vía para la investigación de esos crímenes en España, celebra el comunicado de la ONU. "El Estado español, una vez más, es severamente reprendido y censurado por expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas por incumplir sistemáticamente sus obligaciones internacionales, algo que resulta improoio de un Estado de derecho", aseguran.

Única causa abierta en España por los crímenes del franquismo

La de Argentina era la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. Pero una juez de Almazán (Soria) acaba de iniciar una investigación por el fusilamiento de 10 hombres el 14 de agosto de 1936 en la localidad de Barcones. Los mataron a plena luz del día, hacia las dos de la tarde.  En el lugar donde iba a producirse el asesinato había en ese momento un grupo de niños jugando. Un falangista los echó, pero los menores se escondieron y presenciaron la terrible escena. Casi una vida después, en julio de 2013, Matías Bonilla, que tenía 9 años aquel 14 de agosto de 1936, señaló a un grupo de antropólogos forenses el lugar donde habían sido enterrados. Tras exhumar seis de los diez cuerpos que buscaban, la asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, que representa a los familiares de las víctimas, acudió a la justicia. El juzgado de Almazán sobreseyó inicialmente la causa "por no resultar conocido el autor de los hechos”, pero la asociación sugirió entonces a la juez la posibilidad de localizar documentación que arrojara luz sobre la identidad de los asesinos, y la magistrada ha atendido su petición.

Así, ha librado un oficio a la Guardia Civil y a Falange para que le envíen al juzgado “las hojas de servicio” de los agentes el 14 de agosto de 1936, así como “posibles órdenes de ejecución” o “puestas a disposición” de las víctimas. La juez pide, asimismo, que “se averigue” si esas ejecuciones fueron “únicas o sistemáticas”, es decir, si como plantean Recuerdo y Dignidad y todas las asociaciones de memoria histórica de España, no se trataba de delitos comunes, sino de un plan de exterminio de quienes no apoyaban el golpe militar de Franco. Este auto supone la única causa abierta en estos momentos en España por crímenes del franquismo y es la primera después de la que le costó la suspensión al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y un juicio por prevaricación ante el Tribunal Supremo del que finalmente salió absuelto.

"Es un paso de gigante", asegura Iván Aparicio, presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad de Soria.  Su abogado, Eduardo Ranz, confía en que “se contagie” a otros juzgados españoles donde desdecendientes de cientos de víctimas del franquismo han planteado demandas similares.

El más joven de los 10 fusilados en Barcones tenía 25 años y el mayor, 54. Juan Ballano y Cándido Muyo eran agricultores; Mariano González, ferroviario; Juan Pablo Rica, concejal de cultura en San Esteban de Gormaz. Fue precisamente la hija de este último, Amelia, quien impulsó la exhumación al pedir ayuda a la asociación Recuerdo y Dignidad. Tenía entonces 92 años y quería recuperar los restos de su padre antes de morirse. “Desgraciadamente falleció a los 96, un mes antes de que lográramos abrir la fosa y exhumar los restos. También a ella le habían hecho la vida imposible: le raparon la cabeza, le hicieron beber aceite de ricino y la obligaron a pasear en camisón, sin pelo, por el pueblo”, lamenta Aparicio. Fue el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que acaba de participar en la identificación de los restos de Miguel de Cervantes, quien dirigió los trabajos. El equipo localizó los cuerpos de seis de las 10 víctimas —no encontraron los de cuatro afiliados a la CNT— y uno más que no esperaban: el esqueleto de una joven musulmana que había sido enterrada allí en el siglo IX.