El PSOE considera “equilibrado” no llevar imputados en las listas

El planteamiento de Felipe González de no excluir de las listas electorales a los imputados en un proceso judicial, hecho que calificó de “error” en una entrevista a EL PAÍS, ha sido respaldado por los dos principales partidos, PP y PSOE. Ambas formaciones sitúan en el procesamiento o la apertura de juicio —cuando ya ha finalizado la investigación y el juez decide quién se sienta en el banquillo— el momento en el que se debe producir la dimisión. Sin embargo, Izquierda Unida y los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, definen una línea mucho más rígida frente a la corrupción y rechazan la inclusión de imputados en las listas.

En cualquier caso, en el PSOE, la coincidencia con el planteamiento del expresidente no es plena. Nada más alejado de la intención de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y su equipo que polemizar con el expresidente Felipe González. Pero su opinión sobre "el error" de excluir de las listas electorales a los imputados no es compartida por la actual dirección, que ha hecho de la regeneración democrática una de sus banderas, incluso a riesgo de ser extremadamente duro. No obstante, el secretario de Organización de los socialistas, César Luena, señala que el Código Ético aprobado por el PSOE en octubre pasado es “equilibrado y exigente” y así se va a quedar. Al tiempo, apostilla que el secretario general del PSOE asegura que será “contundente, pero nunca injusto”.

La dirección socialista está dispuesta a prescindir de sus diputados y senadores una vez sean imputados por un delito concreto, algo que aún no ha ocurrido con los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Estos están a la espera de declarar ante el juez, por primera vez, y, si este estima probado que hay indicios de delito y lo califica, entonces el PSOE actuará. Según su Código Ético, Chaves y Griñán no tendrían que dejar sus actas de parlamentarios hasta que no se abriera el juicio oral. Lo cierto es que de manera verbal la dirección socialista se ha comprometido a aplicar la petición de que dejen sus escaños si se les imputa un delito concreto y sin esperar a que se abra el juicio oral.

Entre los desacuerdos durante la negociación con el PP para un posible pacto sobre regeneración democrática, finalmente frustrado, estuvo el momento en el que un alto cargo debía dejar sus responsabilidades. Gobierno y PP no consideraron oportuno ponerlo por escrito y con carácter legal.

Por su parte, La Moncloa recuerda que ya propuso en el Congreso que la expulsión solo para los cargos electos sobre los que se hubiese dictado apertura de juicio oral y para determinados delitos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó este domingo en un mitin electoral en Almería y ni siquiera hizo una mención expresa a los asuntos de corrupción en esta comunidad, como recuerdan a diario los candidatos locales.

Entre los minoritarios, el dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón, recordó que el código ético de su formación obliga a sus cargos a “asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística”.

Podemos también rechaza la inclusión de imputados en las listas. Los estatutos de la formación de Pablo Iglesias exigen “el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado”. Esta prohibición incluye siempre “los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos”, informa Francesco Manetto.

Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, “no hay que confundir la injusticia con la sospecha”. Sin embargo, considera que la manera más sana y más justa de que las instituciones se mantengan limpias es que los imputados den un paso atrás, dejen el aforamiento, se defiendan en primera instancia como el resto de españoles, y, si son absueltos, puedan volver a la vida pública sin problemas y, si son condenados, sean apartados para siempre”, informa Juan José Mateo. Para Rosa Díez (UPyD) “el error es no darse cuenta de que la permisividad con la corrupción y la opacidad son el germen del populismo, que solo generará más frustración”.