Catalá no ve inconveniente para que un procesado sea candidato
El ministro de Justicia se refiere al caso concreto de León de la Riva, alcalde de Valladolid
![El ministro de Justicia, Rafael Catalá, este jueves en Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/3KUI5C5AS5IDUZEVBN3RREO6NE.jpg?auth=89f6672060f6791c7ba8a3efd4b6a87124bfa17c0e89da869861f3b52b3dbe3e&width=414)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que no hay inconveniente para que un procesado sea candidato por el PP. El ministro se refería al caso concreto de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, que se presenta a la reelección pese a que el 27 de abril será juzgado por un delito de desobediencia.
Según Catalá, los órganos internos que se ocupan de las candidaturas en el PP han valorado que la situación procesal del actual alcalde de Valladolid “no le inhabilita para que inicialmente, en este momento que es cuando hay que tomar decisiones de listas, llevarle como candidato”.
Añadió que es así “sin perjuicio de que si hay alguna evolución negativa en ese proceso penal pueda modificarse esa situación”.
Para el titular de Justicia, la valoración de la situación actual del proceso y las circunstancias “no justifica una descalificación de un profesional mientras no haya una acreditación suficiente para su inhabilitación”.
Si la apertura de juicio oral no es motivo suficiente para no ir en las listas según el ministro, la imputación lo es menos, de acuerdo a su argumentación. Por eso, el ministro explicó que no hay razón para que Juan José Imbroda no se presente a la reelección como presidente de Melilla pese a haber sido imputado. “Estar imputado no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad”, aseguró el ministro.
“A lo mejor se le archiva”, dijo Catalá, que subrayó que, si esto se produce, “¿por qué no va a ir en la lista?”.
“¿Y si se archiva?”
El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a Imbroda (PP) para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.
Por ello, defendió que “la mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas” porque “se están conociendo imputaciones que se archivan”.
“Deberíamos, por tanto, hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo”, destacó el ministro ya que “cualquiera de nosotros podría estar imputado hoy porque alguien presenta una denuncia en un juzgado y el juez lo admite a trámite para investigarlo”.
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