La OCDE insta a España a que acometa una reforma fiscal verde

España debe aumentar la recaudación en los impuestos medioambientales y, gracias a ese incremento de ingresos, reducir "los gravámenes sobre el trabajo para estimular el crecimiento". Es la receta que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) después de analizar la fiscalidad medioambiental de España. El organismo internacional recuerda que este es uno de los países de la UE en los que menos se recauda a través de las ecotasas: desde 2000, "los ingresos por impuestos ambientales han caído en España a uno de los niveles más bajos de Europa, un 1,6% del PIB en 2012". La media europea es del 2,4%. Paralelamente, la OCDE resalta que "la tributación del trabajo se ha incrementado" en este periodo.

La propuesta supone que el Gobierno acometa "una reforma que amplíe y aumente los impuestos ambientales". Entre otros asuntos, se plantea el incremento de los gravámenes al gasóleo. La idea es que se aumenten los impuestos sobre el diésel para que, al menos, estén al "nivel correspondiente a la gasolina", lo que "podría contribuir a proteger el medio ambiente". En el informe se propone, además, la reestructuración del impuesto de circulación, la creación de nuevas tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales y el uso de pesticidas y fertilizantes.

Estas recomendaciones se recogen en el informe Evaluación del desempeño ambiental de España, que ha presentado este lunes en Madrid el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sostenido no se plantea ni subir ni crear nuevos impuestos verdes. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han pedido también a España el incremento de la fiscalidad verde.

Además de nuevos tributos, la OCDE recomienda al Gobierno que elimine "medidas fiscales y subsidios". "España mantiene varios tipos de subsidios que pueden considerarse perjudiciales para el medio ambiente".

El análisis apunta a las ayudas al "carbón nacional y la generación de electricidad" a través de esta fuente. "La industria ha luchado para seguir siendo competitiva frente al menor coste del carbón importado y otras fuentes de combustible", sostiene la OCDE. Y recuerda que "la actividad no es económicamente viable" y el carbón "es una fuente significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero".

El informe de la OCDE recuerda que, en general, las emisiones de efecto invernadero "han ido en disminución desde 2000". Pero "no lo suficiente como para alcanzar los objetivos de reducción del protocolo de Kioto fijados para España [subir un 15% dentro del acuerdo global de la UE]". Para cumplirlo, el Gobierno ha tenido que comprar derechos de emisiones a otros países. Gurría ha reconocido que algunas de las propuestas, como la supresión de las ayudas al carbón, pueden tener efectos "explosivos". "Pero el mundo se está moviendo inevitablemente hacia esa dirección", ha dicho. Dentro de ese apartado de ayudas "perjudiciales para el medio ambiente e ineficaces", la OCDE incluye las exenciones sobre los combustibles: "Los usuarios finales en la aviación, navegación y sectores del transporte ferroviario están exentos de pagar impuestos de combustible".

Krsysztof Michalak, uno de los autores del informe, ha resaltado la importancia de gravar el uso los coches de empresa: "La falta de un componente tributario basado en el coste por distancia recorrida significa que los empleados no tienen ningún incentivo para conducir menos y reducir su consumo de combustible".

El Ministerio de Hacienda ha creado en los dos últimos años media docena de tributos medioambientales. La mayor parte están ligados a la generación de energía y se crearon para taponar el agujero del déficit eléctrico. Entre ellos están el impuesto a la generación de residuos nucleares, el canon a la energía hidroeléctrica, el impuesto especial al gas, el céntimo verde al carbón y otro céntimo verde para el fuel y el gasóleo, que en 2013 recaudaron cerca de 2.000 millones. Pero existe otra amalgama de tasas verdes que dependen de las comunidades autónomas. El informe de la OCDE incide también en este punto y pide que la reforma propuesta se acuerde entre los 17 Gobiernos regionales y el Estado.

Casi todas las comunidades cuentan con diversos tributos ligados a la contaminación. El ministerio pretende armonizar la maraña de figuras tributarias vinculadas al medio ambiente. De esta forma, seguiría las recomendaciones de la comisión Lagares, el comité de expertos creado por el Gobierno para que diseñarán un nuevo sistema fiscal y que la OCDE también utiliza en su informe. Estos sabios proponían revisar la ensalada de impuestos verdes locales y autonómicos.

El plan de Montoro pasa por abordar la reforma de impuestos regionales dentro del nuevo sistema de financiación. Pero el escenario político, con cinco convocatorias electorales previstas para este año, y la tensión por la cuestión catalana retrasan estas reformas. El nuevo calendario de Hacienda pasa por presentar una propuesta tras las autonómicas de mayo. Sería el primer paso para construir un nuevo modelo de reparto e incluiría la armonización de los tributos autonómicos, entre ellos los medioambientales. Pero no está previsto que esta reforma se cierre antes de 2016.