El PP pacta con CiU medidas contra la corrupción que ha frenado

El PP pactó este jueves con CiU una resolución posterior al debate sobre el estado de la nación para hacer frente a la corrupción con medidas que ha frenado durante la legislatura con su mayoría absoluta. El texto aprobado en el pleno habla de regeneración democrática y, por ejemplo, se refiere a “impulsar reformas en la normativa electoral que favorezcan una mejor conexión entre los cargos electos y los ciudadanos”. En toda la legislatura, la mayoría absoluta del PP ha bloqueado los intentos de cambiar la normativa electoral y ha aparcado propuestas que ellos mismos han manejado para modificar esa ley.

El texto inicial del grupo que encabeza Josep Antoni Duran i Lleida hablaba expresamente de listas abiertas y de eliminar el voto rogado para los emigrantes —han de solicitar el derecho al voto—, pero el PP pactó el recorte de la moción. Se mantuvo y aprobó el compromiso de cambiar la ley electoral del que el PP ha huido toda la legislatura. Solo hizo un intento en agosto del año pasado para abordar una reforma electoral para favorecer que gobierne la lista más votada en municipales, pero sin relación con el texto aprobado este jueves. Ahora no habría tiempo para aprobarlo en lo que queda de legislatura.

Algo parecido ocurre con el punto que propone la regulación de los lobbies y el que habla de “mejorar la participación de los promotores” de iniciativas legislativas populares. En el primer caso, esta medida fue anunciada por el presidente Mariano Rajoy hace dos años en el debate sobre el estado de la nación y luego ha ido desapareciendo de los planes de regeneración. Volvió en diciembre de 2014 en la comisión de reglamento del Congreso, pero los trabajos de esa ponencia van tan lentos que hace más de dos meses que no se reúne.

Respecto a la iniciativa legislativa popular en esa ponencia los grupos pidieron que los promotores puedan intervenir para defenderla, el PP lo aceptó, pero mantiene bloqueada esa reforma.

El texto aprobado habla también de “seguir dotando a la Administración de justicia de los recursos económicos y personales necesarios para seguir persiguiendo las causas relativas a la corrupción”. En el conjunto de la legislatura, el presupuesto de Justicia ha descendido.

Estas proposiciones posteriores al debate del Estado de la nación tienen solo un valor político relativo y es habitual que se incumplan. Por ejemplo, el año pasado se aprobó con acuerdo de todos un amplio plan sobre regeneración que empezaba por pedir la creación de una subcomisión para estudiar medidas, pero esa ponencia no solo no se creó, sino que ni siquiera se intentó crear.

El PP sacó adelante este jueves sus 15 propuestas de las 105 presentadas y solo pactó cuatro: tres de CiU y con el PSOE el voto unido a una de los populares sobre asuntos exteriores y política de seguridad y otra que renovaba el reciente pacto contra el yihadismo. Las de CiU pactadas eran la citada de regeneración, otra sobre política económica y fomento de la producción y otra sobre la ley de segunda oportunidad.

Los populares rechazaron otras de regeneración, como la de UPyD para eliminar aforados, o una completa del PSOE con medidas concretas. El PP también enterró con sus votos la propuesta constitucional del PSOE que pedía el inicio de los trabajos para estudiar la modificación del modelo territorial. Entre las aprobadas por el PP destaca una para eliminar las tasas judiciales para las personas físicas, anticipa la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley y, de forma implícita, admite que ha dificultado el acceso de los ciudadanos a la justicia.