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El Defensor del Pueblo pide evaluar los efectos del ‘fracking’ en la salud

El organismo critica también el retraso en la llegada de nuevos fármacos para el cáncer

La información que el Gobierno ha aportado hasta ahora sobre el fracking, la controvertida técnica de extracción de hidrocarburos cuestionada por sus efectos en el medio ambiente, es “insuficiente”, señala el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2014, presentado este jueves en el Congreso y el Senado. La memoria de la institución dirigida por Soledad Becerril denuncia la opacidad de la Administración, y lo hace a partir de un ejemplo práctico: el Defensor sugirió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que divulgara un informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre los riesgos del fracking. “La sugerencia ha sido rechazada”, asegura.

El Defensor lamenta que ni Agricultura ni Industria le estén facilitando información para saber qué daños ambientales y qué riesgos para la salud puede acarrear esta técnica, que una empresa canadiense, BNK, ha pedido utilizar en 12 pozos al norte de la provincia de Burgos. También asegura en su informe que ha pedido información a Industria sobre el permiso de investigación denominado Luena en Cantabria y Burgos “para conocer las medidas que eviten los riesgos asociados al fracking”. “Parece insoslayable que se valore y motive la autorización del fracking, ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas”, señala el informe.

La institución recibió el año pasado 561 quejas relativas al medio ambiente. Inició 20 investigaciones de oficio en esta área. Entre otras cosas, ha pedido explicaciones sobre el almacenamiento de gas natural en Doñana y el permiso de investigación de hidrocarburos llamado Cronos, en las provincias de Guadalajara y Soria.

Sanidad. Las quejas en materia sanitaria descendieron en 2014 un 60% con respecto a 2013 (743 frente a 1.854). Uno de los aspectos que destacó Becerril es la “tendencia a la baja” en la comercialización de medicamentos innovadores. La institución ha recibido muchas quejas de pacientes oncológicos que denuncian que sus fármacos, en general de precio elevado, no llegan. Por eso el Defensor ha iniciado una actuación de oficio para conocer cuándo y cómo se prevé incorporar nuevos medicamentos. La tendencia a la baja de su comercialización se ha visto “fuertemente acentuada en 2013”, aseguró Becerril.

Acceso a medicamentos. Al Defensor también le preocupa “un posible trato desigual” entre comunidades autónomas en el acceso a medicamentos de última generación. Uno de los problemas detectados es el de los medicamentos huérfanos, los que se emplean para tratar enfermedades raras. La Agencia Europea de Medicamentos tiene incluidos en esa categoría 67 fármacos, según el informe, de los cuales España ha comercializado 52.

Hepatitis C. La institución también tiene abierta una actuación sobre los fármacos de la hepatitis C porque ha recibido varias quejas de pacientes a los que se les había denegado el acceso por uso compasivo. El Defensor controlará el desarrollo del plan nacional contra la hepatitis C que ha elaborado el Gobierno y que de momento carece de financiación específica. “Estaremos atentos”, aseguró Becerril a EL PAÍS. “Si las comunidades no lo aplicaran con equidad, recibiríamos quejas”.

Récord de quejas 'sociales'. Las reclamaciones en materia de política social aumentaron hasta las 1.319, el número más elevado desde el inicio de la crisis. La gran mayoría tuvieron que ver con las dificultades para percibir la renta mínima de inserción. El 65% de las quejas tienen que ver con “situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión”, según el informe. Por orden, las rentas de inserción, la dependencia, cuestiones de menores y familia y sobre mayores fueron las que coparon las actuaciones del Defensor.

Pobreza energética. El Defensor actuó de oficio en 2014 para pedir a Hacienda que considerara, dentro de la reforma fiscal, reducir el IVA de la electricidad y el gas natural “teniendo en cuenta el número de personas a las que afecta la pobreza energética en España”. Hacienda no escuchó la recomendación. El Defensor también sugirió ampliar el bono social a más colectivos desfavorecidos y pidió vincular el nivel de renta con la figura de “consumidor vulnerable” para poder acceder a este bono.

Dependencia. El informe constata que los expedientes para valorar y reconocer el grado de dependencia se quedan paralizados y que las “demoras” persisten como en años anteriores. El Defensor recibe “reiteradas quejas” por el “retraso injustificado en la resolución de las solicitudes de revisión de grado de dependencia por agravamiento”, por ejemplo. “Esta institución se ha visto obligada a formular recordatorios sobre el deber legal de resolver en determinados plazos que incumbe a todas las Administraciones públicas”, lamenta la memoria.

Nutrición infantil. El Defensor ha recomendado a todas las comunidades autónomas que proporcionen o refuercen la alimentación de los niños “en situación de mayor vulnerabilidad durante las vacaciones escolares”.

Retirar las concertinas. El Defensor del Pueblo aconsejó en dos ocasiones al Ministerio del Interior que retirara las concertinas del vallado exterior de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, pero este departamento no aceptó esa recomendación, desvela el informe. Becerril insistió en que los inmigrantes en la valla están en territorio español.

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