Un ex alto cargo del PP asegura que pedían el 3% de comisión por contrata

Un ex alto cargo del PP de Baleares, Rodrigo de Santos, reo por corrupción con dos condenas, una por abusos y otra por malversación de caudales, con penas de hasta siete años de cárcel, se ha convertido este martes en el primer arrepentido dispuesto a relatar ante el juez José Castro supuestos episodios de financiación ilegal de su antiguo partido.

De Santos sostiene –al igual que el excontable del PP Luis Bárcenas- que un constructor (Antonio Pinal de Brues) pagó parte de la sede del PP de Palma y que Jaume Matas solicitaba grandes comisiones a empresas contratistas de obras públicas. Al cabo de tres horas de declaración, aseguró que el PP de Baleares, con conocimiento del PP nacional, reclamaba el 3 % de comisión por contrata adjudicada, y que, en el caso del hospital Son Espases, fue una petición de nueve millones de euros a OHL y ACS, empresas competidoras.

El colaborador de la Justicia -sin causas pendientes- fue un peso pesado del PP porque fue director de campaña de Jaume Matas en las autonómicas de 2003 y responsable de Urbanismo de Palma. Tiene precedentes en esta confesión judicial como delator porque en 2014 efectuó dos reveladoras declaraciones ante el fiscal Pedro Horrach y, semanas atrás, realizó una comparecencia ante una comisión de investigación del Parlamento balear.

El arrepentido que pernocta, en tercer grado, en un centro de reinserción de Burgos, para culminar el cumplimiento de sus condenas, ha comparecido como testigo en la pieza 28 del caso Palma Arena, sobre supuesta caja b y finanzas clandestinas del PP que ha abierto el juez Castro tras la comunicación del fiscal Horrach.

La fiscalía logró captar a De Santos para profundizar en este posible episodio de corrupción mientras investiga la supuesta concesión ilegal del hospital de Son Espases en 2006, por 635 millones, por el Gobierno balear de Jaume Matas, un asunto que se concretará en una futura querella. En este tema el fiscal Horrach cuenta con otra delación importante, la de la exconsejera de Sanidad de Matas, Aina Castillo, que afirma que Matas le obligó a manipular la concesión del negocio del hospital.

El juez José Castro, tras analizar la documentación que le entregó el fiscal Horrach -las dos declaraciones de De Santos- entiende que se “contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del PP” y que estos hechos “podrían relacionarse con contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores”. De Santos señaló que Pinal ayudó a las finanzas del PP con la perspectiva de lograr una adjudicación de una urbanización de un cuartel en Palma, negocio que no cerró.