Un regalo de plástico envenenado

¿Cómo se convence a 27 consejeros conservadores, progresistas, liberales, comunistas, directivos del Real Madrid y empresarios para que gasten 15,5 millones con una tarjeta sin pagar a Hacienda, sin dar cuentas a nadie y sin temor a ser descubiertos? ¿Cómo se hace creer a un ex secretario de Estado de Hacienda (Estanislao Rodríguez Ponga) que existe un pacto con la Agencia Tributaria que le permite gastarse 254.000 euros en asuntos personales sin tributar y que no se moleste en comprobarlo?

Los primeros 27 consejeros de Caja Madrid y Bankia imputados por el escándalo de las tarjetas black, de una lista de 82, han declarado al juez Fernando Andreu que llegaron a creer que lo que hacían estaba bien; que la entidad pagaba por ellos los impuestos de su retribución en especie. La versión de que eran gastos de representación ha tenido poca credibilidad ante el juez. No obstante, algunos confesaron sentirse “incómodos” con esta situación, como admitió Virgilio Zapatero, exministro socialista, que guardó recibos. Otros, como el empresario Javier López Madrid, consejero delegado del grupo constructor OHL, confesaron su culpa: “Es evidente que he hecho mal, pero pensaba que la tarjeta era de Caja Madrid. Durante tres meses mandé recibos, pero me insistieron en que no lo hiciera”, declaró. La mayoría, en privado, aun sostiene que la caja les aseguró que podían gastar este dinero en lo que quisieran y entienden, por lo tanto, que no actuaron mal.

A ojos del fiscal, no todos son iguales. Alejandro Luzón, tras escuchar los argumentos de cada uno y analizar su hoja de gastos, decidió no pedir fianza civil para Juan José Azcona (CC OO), que gastó 96.000 euros; Rodolfo Benito (CC OO, 146.600 euros); Gonzalo Martín Pascual (UGT, 129.700 euros) y Guillermo Marcos (representante de las pymes 130.900 euros). Los cuatro explicaron que sus gastos estaban relacionados con su actividad sindical y profesional. Tampoco pidió fianza para Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid, aunque en este caso se debe a que fue miembro de la comisión de control y no del Consejo. Gastó 175.200 euros “en cualquier cosa”, declaró.

Miguel Blesa empleó una técnica sutil y embaucadora para hacer caer en su red a personajes tan dispares, muchos de ellos sin ninguna necesidad económica y con un alto nivel profesional que pusieron en juego por aceptar esta tarjeta. El presidente de Caja Madrid y después el de Bankia, Rodrigo Rato, vivieron unos plácidos mandatos sin oposición a sus decisiones estratégicas, en parte gracias a las black.

El sistema empezaba por las medias verdades: “La caja paga los impuestos que corresponden a cada uno”, comentó José Manuel Fernández Norniella, (PP), ex vicepresidente de la entidad. Este fue la defensa más utilizada ante el juez Andreu. Sin embargo, ninguno ha explicado —ni el propio Rodríguez Ponga— por qué no comprobó que los gastos no se incluían en el certificado de retenciones que la caja les entregaba cada año como justificante de los ingresos por dietas.

Es cierto que la caja era la titular de la tarjeta e intentaba deducirse los gastos ante Hacienda, que se los admitió en un 66% de los casos. “Esto ratifica que Hacienda sabía lo que se cargaba en esta cuenta y no nos hizo ninguna inspección a los consejeros”, dice ahora uno de los que ha declarado, que pide el anonimato. Sin embargo, Hacienda explica que el inspector no buscaba malas prácticas personales sino solo de la sociedad, a la que multó.

Según los consejeros, Enrique de la Torre, exsecretario del consejo con Blesa, repitió a todos los consejeros, siempre de forma verbal, que había un acuerdo con la Agencia Tributaria, para dar apariencia de legalidad a la irregular situación. Pero cualquier persona que se hubiera molestado en indagar más hubiera podido llegar a la conclusión de que si los gastos eran personales, se trataba de una retribución en especie y, por lo tanto, sujeta a tributación individual en el IRPF.

Andreu ha desenmascarado esta teoría con algunas preguntas. Luis Blasco, presidente hoy de Telefónica Argentina y directivo del Real Madrid, justificó los 51.689 euros que gastó en que no tenía “secretaria, despacho, coche, teléfono y demás atenciones”. Sin embargo, no explicó por qué usó la tarjeta para compras en Giorgio Armani, Loewe Mujer, comidas de más de 1.000 euros y otros dispendios. Una vez que la empezaron a usar con estos fines, eran rehenes de los máximo dirigentes de la entidad.

Otra clave fueron los pactos de silencio: “Cuando preguntábamos en el Consejo por su funcionamiento, nos decían que de estos temas se hablaba en privado”, comentó Alberto Recarte (PP), expresidente de Libertad Digital. Se hablaba de uno en uno de los límites de gasto de las black, algo que podía haber levantado sospechas sobre su legalidad. Se hacía individualmente porque unos tenían 50.000 euros anuales (los jefes de fila de partidos y sindicatos) y otros 5.000 euros, y preferían que estas diferencias no se supieran. El secretismo era grande en Caja Madrid: “ni en la Comisión de Retribuciones se hablaba del sueldo del presidente”, relató Antonio Romero, exconsejero nombrado por el PSOE.

Las complicidades rodearon siempre a las tarjetas opacas. Se implantan con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996 gracias a un pacto de PP, IU y CC OO. Blesa recompensa los apoyos con los que echa a Jaime Terceiro. Poco a poco, las tarjetas pasan de tener un gasto mensual medio inferior a 300 euros hasta superar los 2.000 euros con Rato en la presidencia. También se acabó con el control de los justificantes.

Y Blesa no podrá decir que desconocía cómo funcionaban estas tarjetas. El 30 de octubre de 1995, antes de tomar el mando, asistió, junto a Esperanza Aguirre, a un Consejo de la caja en cuya acta queda bien claro que las tarjetas visa de que disfrutan los consejeros se destinan únicamente a gastos de representación. Así lo puso de relieve Jaime Terceiro en su declaración, en este caso como testigo, ante Andreu: “Estos gastos estaban sujetos a un doble control: el del secretario Ángel Montero, que fiscalizaba minuciosamente todos los justificantes de gastos, y el de la auditoría interna”.

Al margen del dinero de las tarjetas fantasma, todos los consejeros cobraron dietas mensuales de entre 6.729 y 14.319 euros, según un correo electrónico de Enrique de la Torre. Estas dietas tenían como función compensar el esfuerzo y el riesgo que suponía la atención a la caja, pero que les debió parecer poca cosa. Y llegó el desastre.