Imputación general por las tarjetas fantasma de Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sacudió este miércoles el panorama financiero español al imputar a la práctica totalidad de los consejos de administración y directivos de Caja Madrid y de Bankia por usar para su beneficio personal las tarjetas de crédito opacas al fisco de ambas entidades entre 2003 y 2012. En un movimiento del que no se conocen precedentes, el magistrado imputó a 78 miembros de los sucesivos órganos de gobierno de la caja madrileña, convertida en banco en 2011, por cargar conjuntamente 15,5 millones de euros en gastos personales a las tarjetas que teóricamente les fueron otorgadas para gastos de representación.

Estos responsables —nombrados por los principales partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales— pagaron durante años viajes, comidas en restaurantes de lujo, ropa, electrodomésticos, e incluso sacaron dinero de cajeros automáticos, con las llamadas tarjetas black. Estos medios de pago, que según se desprende de la investigación funcionaron como sobresueldos opacos a Hacienda, no estaban recogidos ni en los estatutos de la entidad ni en los contratos de sus usuarios.

Tras haber tomado declaración como imputados por estos hechos, el pasado octubre, a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y al ex director financiero de ambas entidades Ildefonso Sánchez Barcoj, el juez Andreu amplía ahora la investigación. El magistrado imputa por apropiación indebida o administración desleal —la calificación definitiva todavía está por dilucidarse— a todos los titulares de tarjetas que realizaron gastos irregulares. No obstante, en una primera fase cita a declarar solo a 27 imputados, todos ellos miembros de los consejos de administración.

Las declaraciones se celebrarán en la Audiencia Nacional entre el 16 y el 18 de febrero. El primero en ser citado es José Antonio Moral Santín, exvicepresidente de Caja Madrid a propuesta de IU. Según los extractos de las tarjetas entregados por Bankia al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Moral Santín gastó con la tarjeta black 447.769 euros. De esta cantidad, 366.350 euros corresponden a 695 disposiciones de efectivo en cajeros de entre 300 y 600 euros cada una.

Tres directivos que no usaron el dinero de plástico acudirán como testigos

En la lista también figuran, por el PP, nombres como Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de José María Aznar —que gastó 255.440 euros, de los cuales 40.000 corresponden a viajes— o el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada. Este, según los extractos, gastó 212.216 euros, de los cuales 25.300 euros corresponden a estancos y administraciones de lotería (347 euros el mismo día de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004).

Por parte del PSOE están citados los exconsejeros Antonio Romero y Virgilio Zapatero. El primero, antiguo secretario de organización del Partido Socialista de Madrid, gastó 252.000 euros. El 10 de junio de 2003 Romero pagaba un viaje de 900 euros con la tarjeta fantasma. Por su parte Virgilio Zapatero, ministro con Felipe González, devolvió en 2012 un total de 27.980 euros gastados con la tarjeta opaca. Según Bankia, sus gastos ascendieron a 35.977 euros.

Además, también han sido citados por el juez otros consejeros nombrados por sindicatos —como Rodolfo Benito, antiguo número dos de CC OO (138.766 euros) o Ricardo Martínez, exlíder de UGT-Madrid (44.154 euros)— y por organizaciones patronales, como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros) o el exdirigente de la patronal madrileña Arturo Fernández (37.326).

Andreu llama como testigos a los tres consejeros que no hicieron uso de las tarjetas opacas —Francisco Verdú, Íñigo Aldaz y Esteban Tejera—, así como al predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, y el exdirector de auditoría de la entidad Iñaki Azaola.

Desde octubre, el juez Andreu ha ido recabando información sobre la naturaleza de las tarjetas fantasma. Además de la declaración de Rato, Blesa y Sánchez Barcoj —a los que impuso fianzas civiles de entre tres y 16 millones de euros—, el magistrado ha analizado las actas del consejo de administración de Caja Madrid. Y ha descubierto que en octubre de 1995 se decidió otorgar a los consejeros una tarjeta Visa de empresa “exclusivamente para gastos de representación”.

La imputación de todos los consejeros y directivos había sido solicitada, entre otros por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce UPyD. El magistrado Andreu cita en su auto la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que “el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales”.

El magistrado ha incorporado también al sumario los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa referentes a las tarjetas opacas. Entre ellos figura una comunicación del exsecretario del Consejo de Administración Enrique de la Torre a su sustituto, Jesús Rodrigo Fernández, el 1 de septiembre de 2009. En esta comunicación, con el epígrafe Confidencial y con copia a Blesa, De la Torre señala que los miembros de la Comisión de Control de la Caja “tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación black a efectos fiscales hasta ahora”, explicaba su cobertura y añadía que “todo ello tiene la bendición presidencial”.

En su auto, el juez atiende las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular encabezada por UPyD, y explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos. Andreu distingue entre los administradores y los directivos y considera que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

El juez hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, “convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

El magistrado incorpora a la instrucción varios correos de Blesa

Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas, el juez tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa. Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron, “o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

Por error, el juez ha incluido en la lista de testigos a Félix Manuel Sánchez Acal, consejero ya fallecido que no hizo uso de la tarjeta. Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid se destapó el pasado 1 de octubre al publicarse un informe de Anticorrupción que revelaba que 86 consejeros y directivos de la antigua caja tenían tarjetas de crédito opacas. Con estas tarjetas, entregadas a los 65 consejeros que ha tenido Caja Madrid desde 2003 y a la veintena de altos cargos de Bankia desde su creación en 2011 hasta 2012, se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y mayo de 2012. Algunos las siguieron usando tras su cese.