El jefe de la Armada se queja del recorte de prestaciones médicas

El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jaime Muñoz-Delgado, ha remitido una dura e insólita carta a la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, en la que le traslada la “preocupación general de la Armada” por “la pérdida de prestaciones sanitarias” a las que tienen derecho los afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS); es decir, los militares y sus familias. Una preocupación, explica, que comparten tanto los que siguen en activo como, “en mayor medida, por ser personas de mayor sensibilidad debido a su edad”, quienes están ya en la reserva o retirados.

En la misiva, fechada el pasado 4 de febrero y difundida por la cadena SER, el almirante advierte de que el nuevo convenio entre el ISFAS y las entidades de seguro para el año 2015 ha producido “una reducción importante en la cobertura de hospitales que prestan asistencia en todas las áreas”, especialmente en Madrid; además de “una disminución del cuadro médico con las entidades aseguradoras que, aunque en algunas especialidades como oncología y psiquiatría se está realizando de una manera progresiva con un horizonte temporal de un año, puede provocar que, sin haber realizado el tratamiento, los enfermos se vean obligados a cambiar de equipo médico lo que, créeme, producirá un importante perjuicio e impacto psicológico tanto para ellos como para sus familias”.

Tras agradecer el esfuerzo de información del alcance del nuevo convenio realizado por Defensa —y se remite particularmente a la conferencia ofrecida el pasado 27 de enero por el delegado regional del ISFAS en el Cuartel General de la Armada— el almirante Muñoz-Delgado se queja de que, aunque se les prometió que los militares no se convertirían en ciudadanos de segunda, “la realidad es que el trato que están recibiendo los afiliados del ISFAS desde su entrada en vigor está evidenciando lo contrario”.

“Lo que también es evidente”, agrega, “es que la reducción general de servicios y prestaciones afecta al bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, produciendo malestar en el militar y su entorno próximo. Por ello”, concluye, “creo que es necesario buscar otras alternativas que consigan revertir la situación, entre las que se podría estudiar un aumento de la cuota aportada desde el Estado, constante en los últimos años, o incluso abrir la posibilidad de negociar colectivamente un aumento voluntario de cuota al objeto de aumentar las prestaciones”.

El Ministerio de Defensa niega que se haya producido tal recorte en las prestaciones sanitarias y se remite a una reciente circular en la que se asegura que el nuevo convenio entre el ISFAS y las compañías ASISA y Segurcaixa Adeslas “garantiza el acceso a las prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, a todas las especialidades médicas, sin necesidad de copagos o fórmulas de aseguramiento voluntario”. Defensa insiste en que, aunque “se han registrado variaciones en los medios y recursos sanitarios ofertados por las entidades concertadas”, los mismos no suponen “ninguna variación en la cartera de servicios ni en las prestaciones cubiertas”.

Según la memoria del ISFAS correspondiente al año 2013, el número de afiliados al sistema —entre titulares y beneficiarios— ascendía a 625.077 personas y el presupuesto anual a 728,2 millones de euros.