Sin verdad compartida sobre ETA

Ambrosio Fernández Recio murió en 2007 a los 79 años. Falleció por una neumonía semanas después de quedar a la intemperie al ser desalojado de su vivienda tras el ataque a una sucursal de La Caixa en Mondragón (Gipuzkoa). Ramón Mayo murió accidentalmente por el atropello de una ambulancia cuando socorría a las víctimas del atentado etarra al cuartel de Vic (Barcelona) en 1991. ¿Son ambos víctimas de la banda terrorista?

Según para quién. Más de tres años después del cese definitivo de la violencia etarra, es imposible recabar de las autoridades una lista definitiva de fallecidos atribuidos a la organización terrorista. No solo eso: la cifra total varía según a quién se pregunte. La web del Ministerio del Interior ofrece la cifra de 828 víctimas mortales de ETA mientras la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo —que depende del mismo ministerio— considera que son 856. Pero asociaciones de víctimas como Covite suben la cifra a 858. Este último dato se puede contrastar con los nombres y apellidos de cada uno de los fallecidos. No ocurre lo mismo con la cifra del Ministerio del Interior: es imposible saber los nombres de los 828. Es decir, no se puede saber quiénes son, para el Gobierno español, las víctimas de ETA.

Los colectivos de víctimas, el Gobierno central y el Ejecutivo vasco tampoco se ponen de acuerdo sobre el número de casos sin esclarecer: son 349 para algunas asociaciones de víctimas; 224 para la Audiencia Nacional y 197 para el Gobierno vasco.

José Manuel Rodriguez Uribes, exdirector de Apoyo a las Victimas del Terrorismo del Gobierno central con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y participante en el informe elaborado por el Ejecutivo vasco, atribuye la gran distancia entre el listado del colectivo de víctimas de casos sin resolver y el institucional a criterios dispares sobre ese concepto. La Audiencia Nacional, según Rodríguez Uribes, considera esclarecidos los casos en los que ha habido sentencia. Sin embargo, las asociaciones de víctimas no los consideran aclarados cuando en la sentencia alguno de los encausados no ha sido encarcelado —por estar huido u otra circunstancia—.

El número de muertos a manos de ETA es 828 para unos y 858 para otros

Tampoco dan la misma cifra de casos sin resolver la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Ejecutivo vasco. En este caso, la diferencia no es tan grande, 27 asuntos. En este caso, la diferencia procede de las discrepancias entre administraciones sobre quiénes son los muertos que se pueden atribuir a ETA. El Gobierno de Vitoria realizó un estudio exhaustivo de 44 casos controvertidos y acabó descartando como atentados de ETA más de una veintena, según indica Rodríguez Uribes. Estos, por tanto, han desaparecido también de la lista de casos sin resolver.

De ellos, resulta emblemático el de la niña Begoña Urroz, muerta por atentado terrorista en San Sebastián en 1960 y que el Ministerio del Interior consideró primera víctima de la banda ETA. Pero otra investigación, acreditada con documentos policiales de la época, concluyó en 2013 que el autor del atentado fue el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), un grupo libertario portugués. Hay otros casos sobre los que no hay acuerdo, como el de Martín Merquelanz, que Interior atribuye a ETA y otros, entre ellos, el Gobierno vasco, al Batallón Vasco Español.

La mayoría de los casos no esclarecidos se concentran en los años de la Transición. El informe de la Fiscalía sitúa entre 1978 y 1982 los casos de 128 víctimas sin esclarecer. La cifra baja a 83 entre 1982 y 1996 y ya de manera muy sensible a 12 entre 1996 y 2004. Solo hay uno entre 2004 y 2009, año del último atentado etarra en España.

Los asuntos sin aclarar varían entre 349, 224 y 197 según la institución

Las causas de esta anomalía las explica el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo —dependiente del Ministerio del Interior—, de diciembre de 2013. Varios factores confluyeron: la frenética actividad terrorista, sobre todo entre 1978 y 1983; la ausencia de medios informáticos; la existencia de solo dos juzgados de Instrucción frente a los seis de hoy en la Audiencia Nacional, creada en 1977, y la asunción por parte de los juzgados vascos de causas que no se remitían a la Audiencia.

También hay que añadir, como hace el informe del Gobierno vasco, la mini amnistía, materializada entre 1982 y 1985 por los Gobiernos de UCD y PSOE como resultado de la disolución de ETA político-militar. Afectó a causas en las que hubo varias decenas de víctimas mortales por atentados entre 1978 y 1982 pero que aparecen como sobreseídas.

Rodriguez Uribes considera que con motivo de la elaboración del informe del Gobierno vasco —que se presentará en el Parlamento vasco— “se perdió una oportunidad para unificar criterios entre la administración vasca y la central”. Los autores del documento del Ejecutivo vasco —el jurista José Antonio Martín Pallín; la catedrática de la UPV, Enara Garro; el periodista Carlos Fonseca y el propio Rodríguez Uribes— denuncian la falta de colaboración de la Subsecretaría y la Secretaría de Estado de Interior, que no respondieron a sus peticiones de datos. Tampoco lo hizo la dirección general de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo ni la Fundación de Víctimas, en la que participan altos cargos gubernamentales. El Ministerio de Interior responde que, siguiendo su protocolo, remitieron las demandas del Gobierno vasco a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Y este último no respondió por si se vulneraba la Ley de Secretos Oficiales.

El exdirector de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo defiende que esta cuestión debería ser “suprapartidaria” y cree que la constitución de la comisión mixta, con representantes del Gobierno central y vasco, que va a crear el Centro de la Memoria, será una nueva oportunidad para establecer una verdad compartida.