Un rehén de 8.000 millones
Hussein Salem lleva tres años imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo El sumario contra el empresario no se cierra por la táctica dilatoria del Gobierno de Egipto
Se llama Hussein Salem, tiene 82 años, está considerado uno de los empresarios de cabecera del expresidente de Egipto Hosni Mubarak y lleva más de tres años imputado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales. El sumario está empantanado desde hace meses sin que el juez Pablo Ruz y los fiscales Javier Zaragoza y Daniel Campos actúen ante la estrategia dilatoria del Gobierno de Egipto. Mientras tanto, este empresario hispano-egipcio (tiene la nacionalidad española desde 2006) tiene todos sus bienes embargados. La única explicación que ven en su entorno es una reclamación de los accionistas de su antigua empresa, East Mediterranean Gas (EMG), contra el Estado egipcio por valor de 8.000 millones de euros pendiente de arbitraje, que mantiene a Salem y su familia prácticamente como rehenes en una de sus viviendas de lujo de La Moraleja en Madrid.
La vida de este empresario se empezó a torcer con la llegada de la primavera árabe a Egipto, en febrero de 2011. Salem formaba parte del selecto club de millonarios hombres de negocios del entorno del expresidente Hosni Mubarak y cuando su amigo fue derrocado y detenido, optó por abandonar el país con toda su familia. A bordo de un avión privado tomó rumbo a España con toda su familia, porque pensó que era el país en el que iba a estar más seguro por tener nacionalidad española.
Pero nada más lejos de la realidad. La República Árabe de Egipto, con los Hermanos Musulmanes en el poder, comienza en 2011 a perseguir a las empresas privadas exportadoras de gas, con el objetivo de expropiar sus participaciones y justificar la ruptura del suministro a Israel. Un suministro acordado en los pactos de Camp David (1978), sobre los que se cimentó la consecución de un periodo de paz y el impulso de las relaciones entre Egipto e Israel.
Español desde 2006
Hussein Salem consiguió la nacionalidad española en 2006, manteniendo además la egipcia. Su relación con nuestro país se remonta a los años setenta, cuando realizó importaciones de camiones Pegaso al Ejército egipcio, por valor de 20.000 millones de pesetas (más de 120 millones de euros). Sus hijos tienen la nacionalidad española desde los años noventa.
Este empresario tiene un importante patrimonio en España, del que destacan dos chalés de lujo en la madrileña urbanización de La Moraleja, así como media docena de viviendas en la localidad malagueña de Marbella. Entre las medidas cautelares del juez Pablo Ruz figura el embargo de todos sus bienes en España.
Desde hace más de tres años, Salem recibe ayudas de amigos para poder mantener su nivel de vida y no ha conseguido que la Audiencia Nacional le levante el embargo o la fianza para poder hacer frente a deudas con Hacienda. La nacionalidad española sí le sirvió, sin embargo, para que el Tribunal Constitucional impidiera, en diciembre de 2012, su extradicción a Egipto, como había aprobado la Audiencia Nacional unos meses antes.
Desde el principio, los sectores musulmanes más extremos consideraron el tratado de exportación de gas y petróleo una traición, al proporcionar al enemigo elementos para su subsistencia. La Liga Árabe llegó a expulsar a Egipto de la organización. Ello no evitó la construcción del gasoducto Pan Arábico, con participación de Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Turquía.
Hussein Salem consiguió el contrato de suministro de gas a Israel para su empresa EMG en 2000, para lo que construyó un gasoducto entre ambos países. El negocio fue viento en popa y el empresario decidió hacer caja, por lo que fue vendiendo participaciones de la empresa (inicialmente tenía el 65%). En 2003, dejó de ser presidente del consejo de administración y entre 2007 y 2008 abandonó el accionariado de la sociedad, que quedó en manos de varias sociedades norteamericanas y tailandesas.
Cuando los Hermanos Musulmanes toman el poder e inician el macroproceso contra Mubarak por los asesinatos de la plaza Tahrir y diversos delitos de todo tipo, incluyen entre los procesados a Salem, al que imputan delitos de estafa, corrupción en las transacciones internacionales, fraude, cohecho y blanqueo de capitales. Además, le ponen en busca y captura internacional por fraude en los contratos de suministro de gas y petróleo a Israel por debajo de su precio establecido y por soborno al expresidente Mubarak, al regalarle varias mansiones en el complejo Sharm el-Sheik, en la costa del Mar Rojo, donde Salem ha construido hoteles de lujo.
Interpol emitió una orden para su arresto en mayo de 2011 y un mes después fue arrestado y encarcelado junto a uno de sus hijos. El 17 de junio el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz, señala en un auto que este empresario recibió en cuentas abiertas en España 17 millones de euros “existiendo indicios suficientes que indican que tales fondos proceden de la ilícita actividad desarrollado por Hussein Salem en Egipto y por la que se sigue procedimiento penal por estafa en ese país”. El auto incluía una fianza a Salem y su hijo, que pasaron cinco meses en la prisión de Soto del Real, de 12 millones de euros, así como el embargo de todos sus bienes.
Poco después, llegó la petición de extradición por parte de Egipto, aprobada por la Audiencia y rechazada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2012 por ser ciudadano español. Hussein Salem fue juzgado en rebeldía y condenado por los tribunales egipcios a siete años de prisión y una multa de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, tras varios recursos, el noviembre de 2014, la Corte Egipcia absolvió a Salem de la principal acusación, dentro de la sentencia absolutoria a Mubarak.
Desde entonces, la representación legal del empresario en España ha solicitado el sobreseimiento del caso, con escaso éxito. Los fiscales Javier Zaragoza y Daniel Campos consideran que sigue habiendo caso, a pesar de que la justicia egipcia lo haya cerrado. A su juicio, hay otras acusaciones en Egipto que recomiendan mantener las medidas cautelares, por lo que Salem sigue embargado y tiene que acudir a la Audiencia todos los meses.
Además, Egipto mantiene la acusación particular en España contra Salem y no responde a los requerimientos del juzgado. La defensa del empresario considera que las autoridades egipcias están utilizando todo tipo de prácticas dilatorias con un solo objetivo: presionar a Hussein Salem para que retire una demanda de la empresa EMG al Estado egipcio por la paralización de las actividades de transporte y suministro de gas a Israel, por lo que reclaman en torno a 8.000 millones de euros. La demanda se encuentra en el Centro Internacional de Arbitraje de Inversión (CIADI), órgano de medición del Banco Mundial, y puede tardar años en resolverse.
Sin embargo, el empresario hispano-egipcio asegura que ya no tiene nada que ver con EMG, sociedad que vendió en 2008. Y ahí surge un nuevo problema. Las autoridades egipcias consideran que la venta fue ficticia y que Salem sigue detrás de la sociedad. Algo de lo que parecen haber convencido a la justicia española que, sin embargo, incurre en contradicciones.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), explicaba en un informe de noviembre de 2011 que el supuesto delito cometido habría consistido en “inflar el valor de las acciones de uno a nueve dólares por acción y con el beneficio obtenido realizar múltiples transferencias con el fin de desvincular el dinero de su origen ilícito”. Aunque luego añade que la venta de dichas acciones es ficticia.
Mientras tanto, Hussein Salem sigue viviendo en su mansión embargada de La Moraleja, sin poder hacer uso de fortuna para hacer frente a sus pagos y deudas, incluso con Hacienda. Recibe ayuda económica de amigos y espera una respuesta de la Audiencia Nacional.
Sus abogados insisten en que el caso no puede seguir abierto más tiempo. O que se sobresea o que se cierre el sumario y se inicie el juicio oral para que el empresario pueda defenderse. En la Audiencia, el juez Ruz sigue la línea marcada por los fiscales Zaragoza y Campos y espera respuesta de Egipto a la información y a las comisiones rogatorias solicitadas. Una respuesta que nunca llega, porque puede valer más de 8.000 millones.
