Sanidad calculó que se necesitarían solo 8.000 tratamientos antihepatitis

El Ministerio de Sanidad calculó que solo 8.000 personas iban a necesitar los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, según ha reconocido el director general de Cartera Básica de Servicios del departamento, Agustín Rivero, en una mesa redonda organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa) y Servimedia en la que participó EL PAÍS. Esta cifra, similar a la que había ofrecido el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, que dijo que en un primer momento se iba a tratar a unos 5.000 o 6.000 pacientes, está muy lejos de las 30.000 personas que la Asociación Española para el estudio del Hígado considera en situación de riesgo.

Ante la preocupación e indignación de grupos de pacientes que afirman que se les niega el novedoso tratamiento por cuestiones económicas y la decisión de convocar a un grupo de expertos que va a elaborar un plan integral sobre la enfermedad, Rivero ha admitido que "quizá" la actuación del ministerio ha llegado un poco tarde, teniendo en cuenta que desde hace un año se sabía que iban a llegar estos fármacos al mercado y había una idea de su precio por el que se había fijado en EE UU. La decisión de crear el plan es apoyada por el PSOE -que había presentado en el Congreso una iniciativa al respecto-, como ha dicho su portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos.

De hecho, el anuncio del plan lo hizo el recientemente nombrado ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ante la situación que se encontró al sustituir a Ana Mato, con pacientes encerrados en diversos hospitales (Madrid, Girona, Pamplona). La idea de este trabajo de expertos es, primero, saber exactamente cuántas personas tienen hepatitis C (se baraja la cifra de más de 600.000, aunque solo unas 150.000 están diagnosticadas) y su estado. Como ha explicado Vicente Carreño, presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales, solo alrededor del 20% de los afectados está en un estado de fibrosis hepática (la medida del deterioro del hígado por el virus) de 3 o 4 (la escala va de cero a cuatro), que serían quienes se beneficiarían más del tratamiento. "Del estado F0 al F4 pueden pasar 20, 30 y hasta 47 años", ha dicho Carreño. Esto justifica que no se dé el tratamiento a todos, sino solo a los más graves. Además, "todavía no se sabe qué pasa con el hígado a los cinco años, por ejemplo", ha dicho el médico.  

Esta necesidad de priorizar es una de las cuestiones que ha quedado enturbiada en el asunto del acceso a las novedades por la cuestión del precio de los tratamientos. Hay que explicar esto claramente a los pacientes, fue una de las conclusiones de la mesa, en la que participaron Carreño, Rivero, representantes del PP y del PSOE y de las asociaciones de pacientes, aparte de medios de comunicación. Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos pidió que ese plan estableciera claramente esas prioridades. También lo hizo Begoña Barragán, del Foro Español de Pacientes, quien ha pedido que el acceso fuera "equitativo y basado en criterios científicos". Este es el sistema que siempre se usa, le ha contestado la directora gerente del Sistema Navarro de Salud, Cristina Ibarrola (donde hay pacientes encerrados), pero Barragán no ha estado de acuerdo y ha dicho que en tratamientos oncológicos "desde luego hay presiones a los médicos para que no receten los más caros". "Espero que en hepatitis, con este plan, no suceda", ha añadido Barragán. Rivero ha afirmado que el retraso que supone elaborar unas nuevas guías no debe repercutir en los pacientes. "Creo que todos los pacientes en situación crítica están siendo tratados", ha dicho.

El tema del precio real de los tratamientos sigue siendo una incógnita. Aunque Alonso dijo recientemente en el Congreso que iba a ser de 43.500 euros por paciente, este es el total de los varios fármacos que hay que usar (al menos dos), pero no se sabe cuánto se va a pagar por cada uno. Rivero ha explicado que en las negociaciones con los laboratorios se tiene en cuenta el número de personas que se pueden beneficiar (esas alrededor de 8.000 que le comunicaron las comunidades, según ha dicho), la existencia de otros productos similares, los precios en Europa y otros aspectos, pero que, aun así, el precio que se comunica, el notificado, no es el que realmente pagan las Administraciones, que negocian descuentos con los laboratorios ya que representan el 80% o el 90% de sus ventas. Así que el precio real es menor, pero el ministerio no lo va a comunicar porque entorpecería las negociaciones futuras, ha dicho el representante de Sanidad.

Por cierto que en la reunión también surgió otro factor. Rivero ha explicado que la movilización de los pacientes dificulta la negociación con los laboratorios, ya que les da un argumento de fuerza. "Saben que al final vamos a pagar", ha dicho. También ha contado que España estaba dispuesta a crear un grupo europeo de países para negociar con el laboratorio, pero que la idea no salió adelante y que, ahora, lo estudia con países "muy cercanos". Bernal, de las asociaciones de pacientes, ha admitido el argumento del efecto contraproducente de las presiones de los pacientes y ha dicho que lo importante ahora es explicar bien a los encerrados la situación para hacer planes con la cifra real y empezar a tratar a los más graves.