Sin política de Estado para Euskadi

En los tres encuentros que el lehendakari Urkullu ha mantenido con el presidente Rajoy, el inquilino de La Moncloa siempre le ha reconocido la lógica de sus propuestas para terminar de modo ordenado con las secuelas del terrorismo etarra, tras su cese definitivo: planes sobre víctimas y vías de reinserción para presos que rechazan la violencia. Rajoy nunca ha defendido la estrategia de la inacción como alternativa. Le pedía a Urkullu tiempo y compresión ante las embestidas del entramado político-mediático que alienta a la “oficialidad” de las víctimas. Un entramado atento a cualquier medida de flexibilización penitenciaria y crítico con Rajoy por no haber promovido la ilegalización de la izquierda abertzale a la que se comprometió en la oposición a Zapatero y que, el 24 de enero, le vuelve a retar con otra manifestación en Madrid.

En su último encuentro, en septiembre, Urkullu le dio a Rajoy de plazo hasta fin de año para responder a sus propuestas. La respuesta la ha dado el ministro del Interior, Jorge Fernández, con su sobreactuación política durante la detención de los 12 abogados de los presos etarras y con su injerencia política en el debate del Tribunal Supremo sobre si computar o no las penas de los presos etarras redimidas en Francia en cumplimiento de la normativa europea. El lehendakari, según su entorno, tiene ya la certeza de que Euskadi, tras el cese definitivo del terrorismo, ha dejado de ser cuestión de Estado para Rajoy y ha anunciado que no pedirá más encuentros con el presidente.

Fernández, en vez de explicar al Gobierno vasco las claves de las detenciones de los abogados, habitual con un aliado, sobreactuó como portavoz político desplazando al juez, con una escenografía mediática similar a la etapa en que ETA actuaba. Los abogados en vez de ser llamados a declarar fueron detenidos y esposados por la Guardia Civil. Pocas horas después, el juez los ponía en libertad sin fianza, pero con cargos.

También Fernández ha exhibido músculo ante el debate del Tribunal Supremo sobre el cómputo o no de las penas cumplidas en Francia al poder implicar la reducción de la prisión de 56 presos etarras. Su injerencia política tuvo una censura, inédita, del Consejo General del Poder Judicial a un ministro por acusar de “prevaricación” a los jueces que, en primera instancia, permitieron la excarcelación de algunos presos al validar las penas cumplidas en Francia.

Con la introducción de una enmienda a la ley de transposición de la norma europea, que el PP ha hecho excepcional para los presos etarras, ha logrado que la pasada semana el Supremo rectifique su decisión anterior con una profunda división entre sus magistrados —nueve contra seis— , con el riesgo de que los tribunales europeos den otro palo a la justicia española como con la doctrina Parot.

Esta exhibición de “firmeza” ante un terrorismo prácticamente extinguido va dirigida no solo a apaciguar a la cúpula de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y sus apoyos ante la marcha del día 24. Va dirigida a su electorado nacional para apretar filas ante una difícil campaña electoral. Rajoy ya no solo apuesta por la inacción para evitarse problemas. Ha metido en la agenda de campaña el final de ETA, constata el Gobierno vasco. La acusación, el sábado en un acto en Vitoria, de Arantza Quiroga, líder del PP vasco, a Urkullu de “tener enredos con ETA”, ante Soraya Sáenz de Santamaría, es otro dato añadido.

El PP se ha puesto un límite a su campaña. No se atreve a promover la ilegalización de la izquierda abertzale por sus consecuencias imprevisibles. Sabe que mientras sea legal dispone de una garantía frente al terrorismo etarra. Así, el 10 de enero, grupos ultrarradicales fueron contenidos por Sortu, que ha condenado los conatos de violencia de estos meses. Sabe también Rajoy que Urkullu y el PNV no se van a echar al monte porque haya ninguneado sus planes.

El principal perjudicado de esta política es el PP vasco, desdibujado desde la dimisión de Antonio Basagoiti. Pero a Rajoy eso le importa menos que la utilización política del final de ETA a escala nacional con una imagen de “firmeza”. Su estrategia tiene otra consecuencia: la realimentación del victimismo de la izquierda abertzale que trata de tapar su responsabilidad en el inmovilismo. Ahí está la segunda manifestación masiva en una semana, en San Sebastián, contra la “represión” del Gobierno. También afianza su apuesta inmovilista a la espera de que, tras las elecciones, cambie el Gobierno.

Pero la izquierda abertzale tiene la principal responsabilidad al no haber presionado suficientemente al colectivo de presos para que asuma la legalidad penitenciaria y a lo que queda de ETA para que se desarme. El tiempo juega, además, en su contra porque la amenaza real del terrorismo yihadista ha desplazado totalmente la preocupación por las secuelas del fin de ETA.