Castilla-La Mancha quiere fijar qué farmacia venderá a cada residencia

Castilla-La Mancha va a intentar, por tercera vez, sacar adelante la idea de que las residencias privadas de ancianos deben comprar los medicamentos solo en farmacias cercanas. La idea tiene soliviantado a un grupo de boticarios, la Asociación Farmacéuticos, Prescriptores y Usuarios en Defensa de la Libre Elección de Oficina de Farmacia en Castilla-La Mancha. Desde 2006, cuando la Junta hizo el primer intento, esta asociación ha parado ya en los tribunales y en el Comité de Defensa de la Competencia dos iniciativas en este sentido. Ahora se enfrentan a una tercera, un anteproyecto de ley que ha sido remitido a las Cortes regionales.

El negocio en juego es suculento, y vital para muchas boticas. El director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Salud de la región, Javier Hernández, explica: “Castilla-La Mancha tiene 20.000 personas en 337 residencias, con una edad media de 85 años y que toman entre 6 y 10 medicamentos distintos” con el negocio asociado. Adrián López Valero, presidente de la asociación, añade: “El 40% de las farmacias de la región están quebradas. Las oficinas de los pequeños pueblos no pueden subsistir”.

En esta complicada situación es en lo único que ambos coinciden. El proyecto de ley establece que “los centros sociosanitarios menores de 100 camas” o tienen farmacia propia o tendrán un depósito de medicamentos vinculado a un ambulatorio o a una oficina “de la misma zona farmacéutica”. Además, el borrador establece que se fijará el número máximo de residencias a las que podrá atender una farmacia y durante cuanto tiempo. Hernández justifica la ley por “el criterio de proximidad”. “¿Tiene sentido que desde una farmacia del norte de Toledo se suministre a una del sur de Albacete?”, pregunta.

La Junta dice que busca potenciar la relación entre boticario y enfermo

En el fondo, lo que se debate es la atención farmacéutica. Este concepto va más allá de la venta de un medicamento. Se trata de que las farmacias tengan un papel activo como agente sanitario. Para ello debe haber una relación entre el paciente y el profesional. Hernández admite que ahora eso no pasa muchas veces (las farmacias solo preparan los envíos a las residencias según lo que pauta el médico del centro). “Pero que eso no suceda no quiere decir que no deba pasar”, afirma. “Tiene que haber un farmacéutico que esté encima; que se desplace a la residencia y ahí ejerza su actividad”.

Para López Valero, la redacción del anteproyecto es un “claro atentado a la libre competencia”. Este argumento ha tenido ya un par de avales. La Comisión Nacional de la Competencia declaró el 14 de abril de 2009, cuando la Junta hizo su primer intento, que había “una conducta restrictiva de la competencia prohibida” porque se querían establecer “turnos rotatorios” entre las farmacias para que se repartieran el negocio. Después, la comunidad emitió una circular en el mismo sentido, que el Tribunal Superior de Justicia de la región suspendió por una cuestión de forma (una circular no tiene rango para regular estos aspectos).

Hernández insiste en que Castilla-La Mancha lo que quiere es aplicar el real decreto-ley 16/2012, el de los recortes sanitarios, que establece la obligatoriedad de disponer de un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de la misma zona para los “centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria específica”. El problema es que no queda claro si en esta categoría entran las residencias de ancianos.

Por eso, ahora, con una ley, la Junta quiere blindar la decisión. La fundación, por su parte, busca la manera de pararlo otra vez. Por si acaso, han recurrido ante la Comisión Europea.