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El Tribunal Superior decide hoy el futuro judicial de Mas por el 9-N

Los magistrados catalanes deciden si admiten la querella de la fiscalía

Mas se recoloca la corbata en el pleno del Parlament, el pasado viernes.
Mas se recoloca la corbata en el pleno del Parlament, el pasado viernes. EL PAÍS

El futuro político de Artur Mas depende de factores de difícil pronóstico: el adelanto electoral en Cataluña, un posible pacto con Esquerra, las relaciones con el Gobierno central e, incluso, el vigor del independentismo. Pero el futuro judicial del president se decide, en parte, hoy mismo y en un ambiente más tasado y restringido. Los cinco magistrados que integran la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y su presidente, Miguel Ángel Gimeno, se reúnen esta mañana para acordar si admiten a trámite o desestiman la querella de la Fiscalía contra Mas por organizar la consulta del 9-N. O sea, si la iniciativa de Mas de sacar las urnas va a tener consecuencias penales para él y otros miembros de su ejecutivo.

Más allá de las presiones políticas (en uno y otro sentido) la papeleta jurídica que el TSJC tiene encima de la mesa es compleja. No solo debe pronunciarse sobre la querella de la Fiscalía, sino también sobre la admisión a trámite de siete querellas más y de otras 25 denuncias que ha ido recibiendo desde que se celebró la jornada de participación. Personas a título individual y, sobre todo, partidos políticos, acudieron tras la jornada a los juzgados para denunciar a Mas y a varios de sus consejeros —e incluso a miembros del Parlament— por una variada gama de delitos.

La querella de la Fiscalía General del Estado es la que tiene mayor enjundia y la más fundamentada. En un escrito de 30 folios, acusa a Mas; a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, de cuatro delitos vinculados con a la organización del 9-N: desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Si se admite a trámite, la sala civil y penal decidirá qué delitos examinará y contra qué personas.

Aunque de indudable trascendencia política, la admisión a trámite no significa otra cosa que la apertura de una investigación por parte del TSJC para decidir si hay indicios de delito. Fuentes judiciales dan por hecho que los magistrados adoptarán esta decisión. “El 99% de las veces, una querella de la Fiscalía se admite a trámite, y más si contiene un relato detallado de hechos que pueden revestir caracteres de delito. Lo contrario sería muy difícil de entender”, señalan estas fuentes. “Solo se puede inadmitir una querella si lo que cuenta es absolutamente inverosímil o no tiene ninguna credibilidad, y no es el caso”, advierten otras fuentes judiciales.

Gimeno convocó hace unos días el pleno de la sala por el 9-N “dada la elevada cifra de procedimientos, la relevancia social de los hechos y para evitar decisiones que podrían ser contradictorias”, según el TSJC, que ha pedido a la Fiscalía “la totalidad de los expedientes tramitados” hasta la fecha sobre las distintas querellas, aunque no estén del todo listos. El pleno se celebra desde las 10.00 y el plan es llegar a una decisión hoy mismo para dejar el asunto listo antes de Navidad. Aunque el fallo se conozca hoy, es muy probable que la resolución no se redacte ni se haga pública hasta después de las vacaciones, indican fuentes judiciales.

Una de las hipótesis que se maneja es que los magistrados admitan a trámite la querella de la Fiscalía, pero no citen a ninguno de los implicados a declarar como testigos. Los magistrados ordenarían practicar alguna diligencia de investigación antes de dar ese paso o archivar, más adelante, la causa. Si fuese llamado a declarar —como pide la Fiscalía en su querella— Mas tendrá que acudir personalmente al interrogatorio, ya que la prerrogativa de la declaración por escrito se limita a los testigos. El hecho resultaría insólito y seguramente será esgrimido por los nacionalistas, según fuentes de CiU, como una prueba más de la intransigencia del Estado por obligar a declarar en persona a un presidente de la Generalitat por organizar un proceso participativo. Los portavoces de los grupos soberanistas remitieron a la Fiscalía un escrito considerándose coautores del 9N.

La reunión del TSJC llega un mes y un día después de que la Fiscalía presentara la querella y tras una intensa tormenta política en el seno del ministerio público. Los fiscales catalanes presentaron un escrito al recién dimitido fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, exponiendo que, a su juicio, no había indicios de delito en la organización del 9-N. Esas discrepancias “pueden pesar en el ánimo de los magistrados” a la hora de decidir, aunque “deberán ceñirse al escrito y la documentación que tienen sobre la mesa”, abundan fuentes judiciales. El Tribunal Superior constituyó inicialmente una sala de admisiones que pidió entonces a la Fiscalía que se pronunciara sobre la “conexidad” de las diversas denuncias y si debían acumularse los procedimientos. Con el aval del fiscal, el TSJC decidió que el asunto debería solucionarse en el pleno que se celebra hoy.