El plan de regadíos de Doñana se aprueba tras siete años de trámites

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el plan especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana. Lo hace después de siete años de tramitación, cinco consejeros autonómicos de Medio Ambiente, varias advertencias de la Unesco y la reciente apertura de un procedimiento de infracción de Bruselas por la falta de control con el uso del agua en el entorno de este parque declarado Patrimonio de la Humanidad.

Las fuertes presiones de los agricultores y alcaldes de la zona, que luchan por mantener la importante actividad económica que genera el regadío, han hecho que durante años se haya retrasado la aprobación final del documento. También ha influyó el viaje de ida y vuelta de las competencias sobre el Guadalquivir desde el Gobierno central al andaluz.

El paso dado ahora es el inicio del camino para poner orden en los usos del agua en la zona y la expansión descontrolada del regadío desde la década de los ochenta del siglo pasado.

El documento contempla la “clausura de captaciones subterráneas no regularizadas”, que deberá completarse en un plazo máximo de cinco años desde ahora. El principal perjudicado de este descontrol ha sido el acuífero 27, una reserva de agua subterránea y una de las principales fuentes de Doñana. Ahora, el Gobierno andaluz y el central —a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir— tendrán que poner orden, clausurar las fincas agrícolas que se quedan fuera de ordenación y cerrar las captaciones ilegales, que la organización ecologista WWF cifra desde hace años en un millar.

El plan de regadíos afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en Huelva. Lo que se hace con este documento es establecer las hectáreas que se pueden destinar al regadío: 9.340. Desde que se presentó el primer borrador del plan los agricultores han conseguido ganar 488 hectáreas más gracias al proceso de alegaciones y a las presiones a la Administración. A pesar de ese éxito, el plan implica la eliminación de entre 1.300 y 1.500 hectáreas de cultivos.

La Junta ha afirmado este martes que persigue “solucionar el problema de la expansión no planificada de regadíos e invernaderos durante las últimas décadas”, que han crecido sin que las Administraciones lo hayan evitado. “Este fenómeno ha provocado el estrechamiento de los corredores naturales y la proliferación de infraestructuras en explotaciones sin tener en cuenta la racionalidad de costes y el impacto ambiental”, ha añadido el Gobierno andaluz.

El problema es que el plan de ordenación reconoce abiertamente que parte de una situación de déficit. Es decir, al entorno de Doñana no llega suficiente agua superficial ahora para mantener las 9.340 hectáreas previstas. Por lo tanto, para que se puedan cerrar las captaciones subterráneas será necesario un plan de trasvases. Se buscará, según la Junta, “aliviar la presión sobre el acuífero 27 a través de obras de modernización de regadíos y de sustitución de extracciones de aguas subterráneas por trasvases procedentes de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras”. En total, se contemplan 65 millones de euros de inversión para los próximo 15 años.

“No hay suficientes recursos, hace falta buscar más”, ha sostenido Rafael Álvarez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pese a que el plan no se ha aprobado hasta ahora, este organismo emprendió hace más de un año un plan de inspecciones en la zona para la clausura de pozos ilegales. Se han abierto alrededor de 200 expedientes por este asunto, que han provocado protesta de los agricultores, que ayer mismo se volvieron a manifestar en la aldea de El Rocío.

WWF cree que el plan aprobado es “insuficiente para afrontar los importantes retos que se plantean” respecto a la ordenación del territorio y al uso del agua. Esta organización anunció que hará un estrecho seguimiento al desarrollo del plan para que las Administraciones cumplan.