12 límites para dar información

La Administración General del Estado ha estrenado hoy el portal de transparencia con 500.000 datos sobre contratos, sueldos, bienes inmuebles y subvenciones públicas. Los datos se refieren únicamente al Gobierno central ya que las comunidades autónomas y Ayuntamientos tienen un año más, hasta diciembre de 2015, para ordenar y presentar esa información.

Los plazos. Además de la información que hoy se ha volcado en el portal, los ciudadanos pueden solicitar otros datos rellenando un formulario por el que se le facilitará una clave personal. La Administración tiene un plazo de un mes, prorrogable a dos, para contestar esas solicitudes, pero si finalmente no lo hace, no tendrá que argumentar por qué.  Un portavoz de presidencia explica que temen una "avalancha" de peticiones de información, precisamente "por el retraso de España a la hora de hacer una ley de este tipo: somos de los últimos países de Europa en hacerla, y ahora cualquier persona puede pedir un dato desde su teléfono o tableta, lo que multiplica el potencial de solicitudes recibidas".

Los límites. La ley recoge hasta 12 límites para denegar a un ciudadano determinada información: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios;  la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, cree que son demasiados límites y "excesivamente ambiguos". Un portavoz de presidencia asegura que detrás de algunas peticiones de información "podría haber intereses espurios de otros países o parte de una guerra de empresas en busca de un contrato internacional".

El test de daño. Cuando en una solicitud de información entren en conflicto dos intereses, la ley prevé que se realice un "test de daño" del interés que se salvaguarda con el límite de acceso a un determinado dato. Pero según aclara un portavoz del Gobierno, dicho test forma parte del reglamento de la ley, que aún no está hecho, por lo que de momento, no se realizará.

Los viajes. El Gobierno ha decidido no incluir de oficio información sobre el coste de los viajes oficiales, según aclara un portavoz, aunque los ciudadanos sí pueden solicitarla y esperar la contestación. Preguntado al respecto, un portavoz insistió en que esa información terminará incorporándose al portal ya que es previsible que la soliciten muchos ciudadanos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno termine sugiriendo que e incorpore "de forma estándar". En cualquier caso, no se ha incluido.

Los contratos. El portal incluye información sobre contratos de este año, no así los de años anteriores. En el caso de los "contratos menores" (por cuantía económica) se actualizarán trimestralmente y hoy solo pueden consultarse en el portal de transparencia los que se formalizaron hasta el pasado 30 de septiembre. Al igual que el resto de datos, solo recoge los contratos de la Administración General del Estado no así de las comunidades autónomas o Ayuntamientos, que tienen un año más para poner en orden esa información.

El pasado, pasado está. El portal únicamente recoge información sobre contratos que estén en vigor en 2014 o currículum (unos 600) de altos cargos que estén actualmente en la Administración, pero no incluye ni facilitará datos anteriores a este año, según aclara un portavoz.

Unidades de información. Cada Ministerio contará con una unidad de transparencia, de una a cuatro personas, que tramitará directamente la solicitud de información.