mercado ilegal de fármacos

Sanidad auditará todas las farmacias contra la exportación ilegal

El Ministerio pide el apoyo a las autonomías para cruzar los datos de pedidos de las 22.000 boticas con los de venta a pacientes para identificar así la fuga de medicamentos

Una detenida por la venta ilegal de fármacos a su llegada en octubre al juzgado de Teruel.
Una detenida por la venta ilegal de fármacos a su llegada en octubre al juzgado de Teruel. antonio garcía / efe

El Ministerio de Sanidad ha decidido fiscalizar al milímetro las 22.000 farmacias que hay en España para combatir la exportación de medicamentos de precio regulado, una actividad ilegal que en los últimos años ha causado problemas de abastecimiento de fármacos sin sustitutivo terapéutico para pacientes con cáncer, epilepsia u órganos trasplantados y que ha desembocado en importantes operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, algunas aún abiertas.

La idea es dar un salto cualitativo en los controles que ya realizan las autoridades sanitarias y cruzar la información de pedidos de las farmacias con la de ventas a pacientes. Se trata de identificar así las fugas de fármacos hacia el extranjero, donde las mafias, que funcionan a través de almacenes pantalla, venden los compuestos adquiridos a los farmacéuticos a un precio muy superior; logrando en los casos más extremos un 800% de beneficio. Sanidad busca para ello el apoyo de la Agencia Tributaria, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales, así como de las comunidades autónomas.

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La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sería la responsable del diseño y la aplicación —junto a las autonomías— de esta medida que es “compleja” y, de momento, está en una fase muy embrionaria, como ha trasladado a este diario la responsable de este departamento dependiente de Sanidad, Belén Crespo. “Nuestra idea es hacer análisis de los datos de distribución y compararlos con el consumo”, explica. ¿Lo van a hacer en toda España? “Sí podemos sí, claro, con la colaboración de las comunidades autónomas”. El proceso llevará su tiempo. Primero debe pasar por el Consejo Interterritorial de Sanidad y luego por el Comité Técnico de Inspección de la AEMPS, que previsiblemente asumirá el encargo de diseñar el plan de rastreo en enero.

La medida no se ve con malos ojos desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. “No sabemos aún en qué consiste este plan, pero nosotros somos los primeros interesados en erradicar la distribución ilegal y apoyamos al máximo la colaboración con Sanidad, la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado”, apuntan fuentes de esta entidad. “Si esta medida es útil, perfecto”.

La AEMPS ya ha comunicado a los responsables sanitarios de las comunidades su intención de sacar adelante la iniciativa. Lo ha hecho en el Informe global de distribución inversa entregado de cara a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que debía haberse celebrado el miércoles y que se suspendió por la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad.

El documento pone de manifiesto la preocupación de las autoridades por una actividad que, aunque es residual en el sector, tiene graves consecuencias. “Existe un doble riesgo, por un lado, el desabastecimiento del mercado y, por otro, el problema de la calidad de los medicamentos” que puede afectar a su “seguridad y eficacia”. Sanidad cree por ello que es necesario poner en marcha “un plan piloto de análisis de datos” que permita “la detección y actuación sobre estas actividades de forma precoz”.

La única forma que tienen las mafias de obtener medicamentos a precio más barato es comprando a las farmacias aquellos destinados a los pacientes -subvencionados por el Estado-, y eso es ilegal porque las boticas no pueden vender a mayoristas. Lo que los farmacéuticos se llevan a cambio de participar en el fraude es una comisión. Por el Sinemet para el parkinson, por ejemplo, han llegado a sacar un beneficio del 120%.

La iniciativa impulsada por la AEMPS seguiría el procedimiento empleado en Aragón, cuando las autoridades sanitarias detectaron esta actividad ilegal en la farmacia de Palomar de Arroyos y decidieron rastrear todas las boticas de la comunidad.

Se destapó así la mayor trama de exportación ilegal detectada en España en la que, de momento, están implicadas siete distribuidoras y más de 200 farmacias que habrían exportado fuera medicamentos traficados en España por valor de 50 millones de euros.

La difusión mediática de esta operación, Convector, y la de otras posteriores —hay una abierta en Galicia— han puesto a España bajo sospecha en Europa. Lo admite la propia Agencia del Medicamento en el informe presentado a las autonomías. Los operadores europeos “ahora dudan de cualquier operación de comercio paralelo cuyo origen sea España”.

La investigación de las farmacias se une a otras iniciativas que ya ha planteado el Ministerio destinadas a combatir el tráfico ilegal de medicamentos, como la reforma del Código Penal para castigar con más dureza estos comportamientos porque las autoridades suelen encontrarse con que una actividad que atenta contra la salud pública queda muchas veces en mera sanción administrativa.

A medio plazo, existe un plan de ámbito europeo que dificultará enormemente a las farmacias el desvío de compuestos con otro destino que no sea el de los pacientes. Se trata de la directiva 2011/62/UE sobre medicamentos falsificados que permitirá seguir el destino de cada envase. Esta norma obligará a identificar cada producto individualizadamente —ahora es por lotes—, de forma que en tiempo real se podrá saber dónde están los fármacos distribuidos y cuántos se han vendido a los pacientes. El problema es que la directiva, según Crespo, no estará operativa hasta el año 2017 o 2018. Este hueco es el que debe cubrir el plan de Sanidad.

Tras los pasos de Aragón

El patrón de cómo rastrear la actividad de las farmacias en busca de fugas de medicamentos hacia el mercado exterior ya está confeccionado. Solo hay que seguir los pasos que dio Aragón hace unos meses,cuando las autoridades detectaron actividad ilegal en la farmacia de Palomar de Arroyos (Teruel) y el Gobierno decidió fiscalizar a sus 739 boticas desde el año 2010 hasta junio de 2014.

Lo que hizo el Servicio de Salud fue seleccionar los 190 medicamentos más atractivos para las mafias que se dedican a la exportación, aquellos por los que se pueden obtener mejores márgenes de beneficio en el extranjero —entre ellos, Lyrica, para la epilepsia y la ansiedad, el anticancerígeno Melfalan y los inmunosupresores para pacientes trasplantados Prograf y Sandimmum— y analizar los pedidos que las farmacias hicieron a los almacenes de distribución de todos estos productos. Después, compararon estas cifras con las ventas de las boticas a sus pacientes.

La tesis de los autores del informe era que una diferencia entre compras a almacenes de medicamentos superior al 50% en relación con la dispensación a enfermos resulta “absolutamente injustificable”. Pese a ello, se centraron en porcentajes aún superiores para evitar cualquier duda.

Finalmente, pusieron el foco en 17 farmacias con compras entre un 76% y 97% superiores a las ventas a pacientes, que fueron las registradas por la Guardia Civil. Había casos, como el de la botica de Peñarroya de Tastavins (Teruel, 500 habitantes) que durante el periodo estudiado pidió 2.029 envases de Aprovel (un antihipertensivo). Ni uno solo tenía el respaldo de recetas del sistema nacional de salud.

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