Podemos diluye sus propuestas en un proyecto de “gobierno progresista”

Podemos comienza a pasar de los deseos a un escenario que la formación considera más realista para formar un “Gobierno progresista”. Este era uno de los objetivos del documento encargado en octubre a los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro y que se dio a conocer ayer. Tras moderar sus recientes propuestas sobre la gestión de la deuda pública, la renta universal o la edad de jubilación, el partido de Pablo Iglesias asume ahora este plan como base de su programa económico para “ocupar la centralidad del tablero”.

Las medidas que plantea mantienen un pacto de renta mínima, la necesidad de ayudas a ciudadanos y familias en riesgo de exclusión, que la Constitución reconozca el derecho a la alimentación e incluya un principio que consagre el crédito y la financiación de la actividad económica como un servicio público esencial.

Proponen que la Constitución fije el crédito como servicio público

A la presentación de este informe de 68 páginas sigue ahora un debate interno y un proceso de diálogo con la sociedad. El Consejo Ciudadano, máximo órgano de gobierno de la formación, analizará hoy las propuestas durante su segunda reunión. De forma paralela, Iglesias y su círculo de confianza se citarán con representantes de los empresarios, de las pymes, de los trabajadores autónomos y con los agentes sociales para mejorar su proyecto, contrastar pareceres, concitar mayor consenso y tratar de rebajar la inquietud generada en algunos sectores. La dirección del partido ya ha comenzado a reunirse con colectivos de la sociedad civil. Lo ha hecho esta semana con los inspectores de Hacienda, y la pasada con la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) para conocer la situación de las Fuerzas Armadas, en las que la formación cuenta con un círculo.

Esta es también la recomendación de Torres y Navarro. “Un programa de gobierno, y quizá mucho más en materia económica, que quiera ser riguroso y realista debe ser una obra colectiva, ampliamente diseñada y debatida por personas expertas y conocedoras de sus diversas problemáticas”, advierten los profesores, tradicionalmente vinculados a IU y también al PSOE. También alertan contra las propuestas que pueden resultar populares pero irrealizables. “No creemos que sea la hora de limitarse a abrir un amplio abanico de deseos sino la de proponer aquello que efectivamente se podría realizar de forma inmediata, es decir, contemplando en todo momento las restricciones reales con las que inevitablemente se enfrentará en el corto plazo un Gobierno progresista”.

Este plan defiende, por ejemplo, un “gran pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos y los que recoge la Constitución, a establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas”. Las medidas planteadas para este pacto incluyen la “puesta en marcha de planes de urgencia destinados a proporcionar ingresos mínimos de subsistencia a familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo por encontrarse en paro o en situación de grave precariedad laboral”. También se aborda una ley de vivienda que busque “el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de ella”, una ley de las 35 horas, la derogación de la reforma laboral y una reforma del sistema de pensiones.