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Un plan anticorrupción viejo y empantanado con leves retoques

Rajoy presenta 70 iniciativas de regeneración democrática que el Gobierno anuncia desde hace un año sin impulsar su tramitación

Un plan anticorrupción viejo y empantanado con leves retoques

En plena tormenta judicial descargando graves imputaciones de corrupción sobre el prestigio del PP, el presidente Mariano Rajoy acudió al Congreso de los Diputados para defender 70 medidas de regeneración democrática. La inmensa mayoría de sus propuestas pertenecen a proyectos de Ley que el Gobierno aprobó hace más de un año y que siguen empantanados en el Congreso, pese a que el PP tiene mayoría absoluta para marcar los ritmos parlamentarios. O se corresponden con iniciativas que Rajoy ya anunció cuando compareció ante los diputados en el verano de 2013, acorralado por los hechos conocidos en vísperas del ingreso en prisión de su extesorero Luis Bárcenas.

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Las propuestas del PP 

Rajoy leyó en su discurso las 70 medidas, que incorporaban en algún caso enmiendas menores a los proyectos de ley originales que él mismo aprobó. Incluso las nuevas ideas que desgranó el presidente en el debate corresponden a cuestiones que ya aplican los partidos políticos sin necesidad de una regulación previa.

Financiación de partidos políticos. Rajoy anunció que se reduce a 50.000 euros el límite anual que pueden donar personas físicas —las empresas lo tienen prohibido—. En el texto del Gobierno que se tramita en el Congreso ese límite estaba fijado en 100.000 euros. Esa reducción a la mitad de los límites previstos se extiende a la obligatoriedad de publicar en la web de cada partido las donaciones superiores a 25.000 euros identificando al donante (en el proyecto de ley el límite era 50.000). La norma que volvió a leer Rajoy prohíbe a los bancos condonar deudas a los partidos —ahora se permitía perdonar un máximo de 100.000 euros— y obliga a los tesoreros a comparecer en el Congreso para explicar las cuentas de los partidos.

Tipificación de la financiación ilegal. El Gobierno anunció como novedad la tipificación en el Código Penal del delito de financiación ilegal, una medida anunciada hace meses por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque el delito no existe en el Código Penal, los tribunales tienen abiertas causas para condenar estas prácticas utilizando otros artículos de la legislación.

Fundaciones de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas fiscalizará la actividad económico financiera de las fundaciones de partidos políticos, una vía ya contemplada en el proyecto de Ley que se tramita desde febrero. Con esta iniciativa pretenden evitar que sigan siendo una vía alternativa para costear los actos electorales de las distintas formaciones. Las fundaciones no podrán recibir directa o indirectamente donaciones de organismos, empresas o entidades públicas. Sin embargo, podrán seguir recibiendo donaciones sin límite de empresas, a diferencia de los partidos políticos.

Control de gastos de altos cargos. El Estatuto del cargo público, cuya tramitación sigue bloqueada en el Congreso, prohibirá las tarjetas de crédito a cargo de la administración para pago de gastos de representación del alto cargo. En la actualidad, ningún cargo de la administración central del Estado utiliza tarjetas, aunque la prohibición no estaba incluida en la normativa. Los altos cargos deberán hacer públicas sus declaraciones de bienes e intereses, y tendrán fiscalizado su patrimonio desde que toman posesión de sus cargos hasta que lo abandonan.

Indultos. Una medida ya anunciada que repitió Rajoy es la remisión semestral al Congreso de un informe sobre concesión y denegación de indultos y la comparecencia del ministro de Justicia para dar explicaciones. El Gobierno, de momento, no acepta la propuesta de la oposición de prohibir por Ley el indulto de cargos públicos condenados por corrupción.

Freno al procedimiento negociado. Como una nueva iniciativa presentó Rajoy la limitación de los casos en los que se puede usar el procedimiento negociado. En el escándalo Gürtel, hay una causa abierta en la Comunidad Valenciana que mantiene imputados a varios ex consejeros por adjudicación de contratos amañados a la red de Francisco Correa mediante este procedimiento de contratación.

Penas más duras, menos indultos y mayor transparencia

La oposición se unió en la crítica a Mariano Rajoy por su inactividad para combatir la corrupción. Con la dimisión de Ana Mato todavía caliente, los grupos parlamentarios invitaron con palabras al presidente para que utilizara la puerta de salida ante su fracaso para liderar la regeneración democrática. En sus discursos, los portavoces de cada partido apuntaron alternativas para combatir la corrupción y recordaron que en la actual legislatura han presentado múltiples iniciativas que el Gobierno vetó.

PSOE. Primarias y secreto fiscal. Pedro Sánchez defendió la elección de los máximos dirigentes de los partidos a través del voto secreto y directo de los militantes, reivindicando el método de primarias que el PSOE aplica desde hace tiempo. Reivindicó una reforma de la Ley del Indulto para que se motiven las decisiones y se impida el perdón a los cargos públicos condenados por corrupción. También reclamó que sea la Audiencia Nacional la que asuma la instrucción de las grandes causas de corrupción y que se levante el secreto fiscal sobre quienes sean objeto de sanción cuya base sea superior a 30.000 euros. El líder socialista propuso que el periodo de incompatibilidad de los cargos públicos para trabajar en empresas privadas sobre las que hayan tomado decisiones se amplíe de dos a cinco años.

IU. Viajes y gastos de los diputados. Cayo Lara, coordinador general de IU, reclamó el endurecimiento de las penas por delitos vinculados a la corrupción; pidió apoyo para publicar en la página web del Congreso cada semana o cada 15 días los viajes y gastos de todos los diputados, y una ley de incompatibilidades que impida la puerta giratoria que utilizan algunos cargos públicos cuando dejan el puesto. Lara también recordó que han presentado propuestas para regular los procesos de contratación, mayor control de recalificaciones urbanísticas y concesión de licencias e iniciativas contra el transfuguismo.

UPyD. Aforados fuera de la Constitución. Rosa Díez planteó una reforma sencilla y urgente de la Constitución en sus artículos 71.3 y 102.1 para eliminar los aforamientos de los políticos y otra modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para aplicar la misma medida a los jueces. Además, la portavoz de UPyD defendió reforzar la transparencia, la dación de cuentas y el control a través de organismos supervisores independientes.

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