El Gobierno y la Generalitat se acusan uno al otro de “presionar” a la Fiscalía

Las discrepancias en el seno de la fiscalía sobre la necesidad de presentar una querella por la organización del 9-N han provocado el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. Ambos se acusaron ayer mutuamente de ejercer “presiones” sobre el ministerio público para imponer su punto de vista.

Tras examinar el caso, los fiscales catalanes llegaron a la conclusión de que no hay sustento jurídico suficiente para acusar al presidente catalán, Artur Mas, de un delito de desobediencia. El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, atribuyó el criterio de la Fiscalía Superior de Cataluña a dos factores: las “presiones” del propio Mas y su Gobierno y la “contaminación del ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Cataluña”. “Toda la gente ve que allí se cometieron delitos y que la fiscalía en Cataluña, si no actúa, es por contaminación del ambiente y por presión de los poderes públicos”, precisó.

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, comunicó el lunes a Torres-Dulce la decisión de no impulsar acciones penales contra Mas. Torres-Dulce, sin embargo, no va a tener en cuenta el criterio de sus colegas y ha decidido seguir adelante con la querella. Hoy mismo, el fiscal general reúne a la cúpula del organismo para trasladarle su intención de seguir adelante. Escuchará la opinión de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por 26 personas pero que no es vinculante.

El portavoz de Mas acusa a Rajoy de mantener una actitud “temeraria”

De un modo similar al dirigente del PP, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, interpretó la decisión de Torres-Dulce en términos políticos y no estrictamente jurídicos. Homs alertó de que el Gobierno de Mariano Rajoy está “presionando” a Torres-Dulce, una actitud que tildó de “temeraria” y “deplorable”. “No respeta la separación de poderes ni el Estado de derecho”, detalló el portavoz. “Hay presiones por parte del Gobierno y del PP a la Fiscalía para que actúe en un sentido muy concreto, y esto es muy lamentable”. Preguntado por si él mismo o su Gobierno han ejercido esas mismas presiones sobre los fiscales catalanes, Francesc Homs lo negó de forma categórica.

El Partit dels Socialistes (PSC), por su parte, pidió a Torres-Dulce que “escuche” y “haga caso” a los fiscales catalanes a propósito de la querella por el 9-N. El portavoz, Maurici Lucena, explicó que es un “gravísimo error” judicializar un asunto “de naturaleza política” y que, en lugar de arreglar el problema, la querella “lo enquistará”. Lucena cree que la actuación de la Fiscalía está “condicionada por la presión que ha introducido el PP”.

La tesis de las presiones la compartieron otros partidos catalanes como ICV, que acusó al Gobierno de dirigir una “persecución política” a costa del 9-N. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, opinó que si la Fiscalía no actuó contra el proceso de participación antes incluso del 9 de noviembre fue por instrucciones de Rajoy, que estudiaba “tolerar” la jornada.