La red delictiva utilizaba empresas pantalla para exportar fármacos
Las escuchas a un comercial de Alliance Healthcare han sido clave para destapar la mayor organización de venta ilegal de medicamentos en el extranjero
La clave de la operación Convector, el mayor golpe dado hasta la fecha a las redes de exportación ilegal de medicamentos en España, se llama Gonzalo Julve de la Iglesia, tiene 52 años y es comercial de la gran distribuidora Alliance Healthcare, segunda empresa del sector en España por cuota de mercado, de la que fue apoderado en los noventa. Amante del arte y, también, agente inmobiliario en Tortosa (Tarragona), en los últimos meses ha hablado demasiado en teléfonos intervenidos por mandato judicial. “Lo de la exportación es un tema muy goloso pero muy peligroso”, le dijo a la farmacéutica de una oficina de Benicarló (Castellón). “En cuanto cogen al capo, van estirando del hilo y caen todos los demás”.
El capo no ha caído todavía —la operación sigue abierta—, pero sí Julve de la Iglesia, a quienes los investigadores consideran jefe intermedio de una compleja trama, jerárquica y organizada, para sacar del circuito legal medicamentos de precio subvencionado y venderlos en el extranjero, principalmente en Europa, a un coste muy superior. Según los investigadores, están implicadas de momento siete pequeñas distribuidoras y más de 200 farmacias (hay 22.000) que habrían facturado dentro de España medicamentos por valor de más de 50 millones de euros. Eso por debajo de Julve de la Iglesia —que trabajaba con farmacias no solo de Aragón, sino también de Tarragona y Castellón— porque la investigación apunta a que por encima de él y de otros a su nivel existiría una cúpula, cuya filiación aún no ha trascendido.
El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que lidera la investigación junto a la Guardia Civil de la provincia, ha levantado parte del secreto de sumario, 1.891 páginas a las que ha tenido acceso este periódico y en las que el comercial desvela, supuestamente sin saberlo, el funcionamiento de estas mafias que han llegado a causar desabastecimiento de fármacos oncológicos e inmunosupresores para personas trasplantadas.
“Hay unas empresas intermedias a las cuales los farmacéuticos trasladan este género [fármacos de precio intervenido] y este género luego nos lo envían a nosotros, pero no son nuestras. Son empresas externas (...). Entonces tú compras el género con la superbonificación al laboratorio, esta bonificación se la pasas a esta empresa y esta empresa nos la vende a nosotros. (...). Está ahí la jugada. O sea, tú ganas algo, la empresa gana algo y yo gano algo, ¿sabes?”.
"Es un negocio muy goloso, pero muy peligroso", dice un imputado
Julve de la Iglesia está al habla con Elías, empleado de una farmacia de Tarragona que se interesa por este mercado paralelo. Elías le insiste: “Pero es que, el nivel, lo de Cofares [otra gran distribuidora], estaba claro, había gente que hace el pedido lo mandan a Cofares, directamente, hostia”. Gonzalo le contesta: “No, nosotros no hacemos esto”. “Ahora es todo con factura y a través de una empresa intermedia (...). Esto es tan complicado, hay un departamento solo para esto (...). Si te interesa saber un poco la mecánica y los tipos de productos yo me intereso por el tema”.
Alliance Healthcare ha declinado dos veces hablar con EL PAÍS pese a salir citada a lo largo de toda la investigación. La primera vez, tras difundirse el auto en el que se levantó parcialmente el sumario del caso y en el que el juez advertía que de “resultar probados los hechos (...) se estaría ocasionando un serio y grave perjuicio tanto a los laboratorios como al Sistema Nacional de Salud y, en último término, a los pacientes”. El magistrado no dio el mismo peso a las acusaciones vertidas por Julve de la Iglesia, trabajador de la competencia, sobre Cofares. “Cualquier referencia”, escribió, “debe quedar sin contenido o relevancia jurídica a efectos penales”. Cofares, líder en el sector, abundó ayer en que todo es “absolutamente falso”: “No participamos en absoluto en estas prácticas y estoy segura de que Alliance o cualquier otra empresa integrada en la patronal tampoco”.
Las empresas intermedias a las que alude Julve de la Iglesia —y a las que se ha llegado con pinchazos al comercial, informes de Hacienda y pesquisas del Gobierno de Aragón— son almacenes poco conocidos en el sector que se dedican a la compraventa de fármacos y que están radicadas en distintas regiones. En el sumario se alude a cinco firmas que podrían exportar directamente o —como se desprende de las declaraciones de Gonzalo Julve— revender los productos comprados a las farmacias a las distribuidoras para que estas desviaran el género. Los investigadores se detienen especialmente en Mateprix-Farma, ubicada en Peligros (Granada) y cuyo administrador es Arturo Alfredo López Cerdá, y Disfarco (Distribuidora Farmacéutica Colomenca), con sede en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y administrada por Marc-Jaume Baradad Segura. Sus responsables, detenidos, son a su vez coadministradores de Amaryl Internacional.
Están implicadas, de momento, siete distribuidoras y 200 boticas
En la documentación intervenida a estas firmas —que habían sido alertadas de la operación de la Guardia Civil— figuran transacciones entre ellas, posible comercio ilícito con Guinea y operaciones por toda España. Se incluye un registro en el que figura que Mateprix-Farma facturó en 2013 a Alliance Healthcare el importante equivalente a 397.395 euros, extremo recogido en informes de la Agencia Tributaria y por lo que el juez afirma que “es indubitado que Mateprix vende a Alliance”.
También destacan en el sumario otras tres empresas: La Strega Farmacista, Alliance Pharmaceutical Synergies y Sinergia Convergente. Estas mayoristas compraban medicamentos a algunas de las boticas implicadas en la trama. Su administrador es Gabriel Alejandro Zabala, a quien el responsable de Mateprix cita en unas conversaciones intervenidas: “Es un perla el Gabriel, está metido hasta las cejas”. “Iba a lo bestia y le han pillado”. La Guardia Civil le concede un “rol de organizador dentro del grupo delictivo investigado”.
Estas empresas pantalla necesitan de las farmacias para hacer negocio en el mercado paralelo. Por eso buscan su complicidad a cambio de comisión. Las boticas piden más medicamentos de los que necesitarían para sus pacientes y se los venden a estos almacenes.
“Cuando no se llega uno se agarra a una mano aunque esté envenenada”. Esta declaración de la farmacéutica de Monroyo (Teruel), Rosa del Carmen Sorlí, ante el juez da idea de qué oficinas de farmacia son su objetivo preferente. En general, aunque hay excepciones, establecimientos rurales con cifras de negocio a la baja. “Mandaban una plantilla de medicamentos, que enviaban mensualmente”, contó Sorlí a la Guardia Civil. En su caso, a través de otra farmacéutica que cobraba un plus por tener más responsabilidad en la trama. La lista y la comisión que se lleva el boticario “variaba según la demanda. En ocasiones, el Sinemet Plus [para el párkinson, que estuvo desabastecido en Aragón] se llegó a pagar hasta el 100% o el 150% del valor”. Cuando acaparaba los fármacos solicitados, “pasaba una furgoneta y le daba la caja de medicamentos”. Sorlí dice que obtuvo un “pequeño beneficio”, nada comparado con “los farmacéuticos que realizan esto con un volumen grande”.
La ley impide a las farmacias vender fármacos a otros que no sean los pacientes. Por ello, disimulan las transacciones con los almacenes pantalla de distintas formas. Una de las más comunes es camuflar los envíos como productos de parafarmacia —en las facturas figuran pañales— o bajo falsas devoluciones con la esperanza de ser sancionados con una simple sanción administrativa. Es lo que ha sucedido con casos precedentes. Pero lo que aquí ven los investigadores del caso es una trama delictiva. El juez atribuye a los 38 imputados hasta cinco delitos según el grado de implicación: contra la salud pública, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El pinchazo que dio un vuelco al caso
La noticia pasó prácticamente inadvertida: el 13 de mayo, la Guardia Civil detuvo a la farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel, 128 habitantes). Lo que parecía una simple anécdota ha destapado cinco meses después la mayor trama de exportación ilegal de medicamentos identificada hasta el momento en España y cuyo alcance se conocerá al decretarse el levantamiento total del secreto de sumario.
En principio, la actividad delictiva de la responsable de la botica, Amparo Armiñana, parecía limitarse a facturar a la sanidad aragonesa medicamentos que no entregaba a los enfermos y que desviaba para venderlos en una parafarmacia de Enguera (Valencia). A raíz de estos hechos, la Guardia Civil intervino sus comunicaciones y en uno de los pinchazos “subió el precio del pan”, como relatan a este diario fuentes de la investigación.
Hablaba con Gonzalo Julve de la Iglesia, comercial de Alliance Healthcare, que abastecía de medicamentos a la botica. Dos días después del incidente, le preguntaba si la detención tenía que ver con “la exportación”. Y añadía: “Me hiciste caso y sacaste el dinero, ¿no?”. Amparo carraspeó, consciente de la posibilidad de que le hubieran intervenido las comunicaciones, como muestra la transcripción de la charla recogida en el sumario de la causa.
Desde entonces, los trabajos se centraron en el desvío de fármacos financiados hacia el mercado exterior. El primer paso consistió en pedir al Servicio Aragonés de Salud un análisis de los pedidos hechos por Armiñana a Alliance Healthcare desde 2009 y determinar cuántos habían acabado en los pacientes a los que, en teoría, iban dirigidos. El 47% no se destinó a dispensar recetas. Conclusión: “Cerca de la mitad de las adquisiciones realizadas a Alliance se efectuaron para realizar un tráfico ilícito, siendo el destino más probable de la mayoría de ellos la exportación ilegal”.
A partir de estos resultados, los investigadores se preguntaron cuántas farmacias de Aragón podían estar haciendo lo mismo. El Servicio de Salud analizó la actividad de las 739 boticas desde el año 2010 a junio de 2014. Puso la lupa en las que mostraran unos volúmenes más descompensados entre los medicamentos que pedían a mayoristas y los que despachaban con receta, limitando las pesquisas a los 190 medicamentos con mayor riesgo de desabastecimiento: Lyrica, Melfalan, Prevencor, Prograf, Sandimmum y Sinemet Plus entre ellos.
El resultado no deja lugar a dudas. “Hay varias farmacias en Aragón para las que la diferencia entre compras y almacenes y facturación a Salud resulta absolutamente injustificable”. El informe se queda con las 15 con mayor desfase entre compras y ventas con receta. En la botica de Aguilón (Teruel), por ejemplo, los medicamentos sin respaldo de recetas son el 97%. En estas 15 y otras dos implicadas en un caso precedente se han centrado las investigaciones. Pero el informe advierte de que puede haber más.
Actualización
Por auto de fecha 1 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se decretó el sobreseimiento provisional de la causa respecto de las personas físicas y de las sociedades investigadas
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