Derecho al pataleo

“Última y vana actitud de protesta que adopta o puede adoptar el que se siente defraudado en sus derechos”. En estos términos define el diccionario de la RAE el “derecho al pataleo”.

Al ejercicio del derecho al pataleo es a lo que están convocados los ciudadanos de Cataluña el próximo 9 de noviembre. Es un acto de agitación política no susceptible de ser analizado en términos jurídicos. Presupone el reconocimiento de que el derecho del que uno cree que es portador no es reconocido como tal. De ahí que no se pueda entender la reacción del Gobierno ante el mismo. Es completamente absurdo solicitar un dictamen del Consejo de Estado como paso previo a adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

Con esa manera de proceder el Gobierno le está atribuyendo una naturaleza jurídica a un acto que no la tiene y está tirando piedras contra su propio tejado. El 9 de noviembre no se va a celebrar ni un referéndum, ni una consulta ni nada definible en términos jurídicos. Sea lo que sea lo que ocurra ese día, jurídicamente es estéril. Eso lo está reconociendo la Generalitat con su conducta. Sin decreto de convocatoria, sin censo electoral, con la posibilidad de que voten los menores y los extranjeros... faltan los elementos indispensables para que se pueda hablar de referéndum o consulta. Estamos ante un pataleo, es decir, ante la última y vana actitud de protesta de quienes saben que no disponen de ningún instrumento jurídico para hacer valer lo que entienden que son sus derechos.

Y una convocatoria a ejercer el derecho al pataleo no puede ser anulada. Nadie puede verse privado del derecho a patalear, a expresar que no está de acuerdo con que no se le reconozca el derecho que él entiende que le debería ser reconocido. Es imposible que exista en un ordenamiento jurídico digno de tal nombre la prohibición del derecho al pataleo, ya que su ejercicio parte del reconocimiento de que no se tiene derecho, pero que con eso, justamente, es con lo que no se está de acuerdo. Este mínimo derecho no puede faltar en ningún ordenamiento jurídico democrático. Y eso es lo que significa el 9 de noviembre. Se reconoce la derrota, pero se protesta. Es, de alguna manera, otra versión de la Diada.

En esto es en lo que no ha reparado el Gobierno en su ofuscación y, de manera mucho menos comprensible, el Consejo de Estado. Entre ambos pueden poner al Tribunal Constitucional ante un problema sobre el que no debería tener que pronunciarse. Y pueden abrir con ello la puerta al problema potencialmente mucho mayor de desobediencia cívica.