El Gobierno inicia los trámites para impugnar la consulta del 9-N

El Gobierno acaba de iniciar los trámites para impugnar de manera urgente la consulta alternativa del próximo 9-N. Esta tarde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al Consejo de Estado "el informe preceptivo previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional "del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña para la celebración el 9 de noviembre de una consulta bajo la denominación de 'proceso de participación ciudadana".

Rajoy ha reclamado que el dictamen sea emitido con carácter de urgencia para que pueda autorizar el acuerdo de impugnación en el próximo Consejo de Ministros, esto es, este viernes. El anuncio del trámite ha sido anunciado esta tarde mediante un escueto comunicado del Ministerio de la Presidencia. El informe del Consejo de Estado es el paso previo a la impugnación.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el viernes pasado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que Rajoy había encargado los servicios jurídicos del Estado informes sobre todas las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña tras la renuncia a la consulta del 9 de noviembre.

Santamaría acusó entonces al presidente catalán, Artur Mas, de "trasladar a los ciudadanos de Cataluña las obligaciones y responsabilidades que no está asumiendo por escrito. 

Esta misma mañana, el ministro de de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que la Abogacía General del Estado y el Gobierno estaban estudiando las actuaciones de la Generalitat sobre el 9-N y las "instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen fuerza probatoria suficiente para incorporarlos a un expediente de impugnación.

"Se está estudiando la materialidad jurídica que aportan esos documentos para ver si tienen la suficiente fuerza probatoria para que puedan ser también incorporados al expediente de impugnación que tenemos en marcha", ha relatado en una entrevista en RNE.

También ha apuntado que, si el Gobierno central recurre finalmente las medidas que está tomando el Govern para llevar a cabo el 9-N, insistirá en el argumento de que no se puede, por parte de un Gobierno autonómico, llevar a cabo una consulta sobre un asunto que corresponde a todos los españoles porque eso corresponde a la soberanía nacional, "al conjunto de los españoles y no a una parte".