El PP ultima el proceso para echar a Rato por el uso de tarjetas opacas

El PP admite en privado que el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, que afecta sobre todo a militantes y ex altos cargos de su partido, está teniendo un enorme coste social en sus filas y este lunes reaccionó con una promesa: “Llegar hasta las últimas consecuencias” en el expediente abierto contra todos los militantes del PP que usaron esas tarjetas, incluido Rodrigo Rato, un histórico del partido que fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y aspirante a la sucesión. Carlos Floriano, vicesecretario de organización, calificó de “detestable” el comportamiento de los que utilizaron las tarjetas.

El PP está, pues, en la fase final del proceso, iniciado la semana pasada, para expulsar a Rato y todos los demás usuarios de las tarjetas opacas, la mayoría militantes de este partido. La decisión sobre Rato es la más importante, dada su relevancia interna y los cargos que ha ocupado en el partido y fuera, incluido el de director del FMI. Se trata de un auténtico pata negra de Alianza Popular, por encima incluso del propio Mariano Rajoy —ya era jefe antes de que el presidente llegara a la cúpula— que lo ha sido todo en el PP menos presidente, la carrera en la que perdió con el actual líder.

Por tanto, solo Rajoy puede tomar una decisión tan importante, pero todo parece indicar que la presión social es tan fuerte, y la distancia política entre Rajoy y Rato tan grande desde que prácticamente lo destituyó al frente de Bankia, en 2012, que esa decisión está casi tomada. Falta solo ponerle fecha. Rato tiene que declarar el jueves ante la Audiencia Nacional como imputado y la duda interna es si se actúa antes o después de que le escuche el juez y tome decisiones. Este miércoles se reúne el Comité de Garantías, el órgano presidido por Alfonso Fernández Mañueco que se encarga de tramitar estos expedientes, pero no está claro si se van a tomar decisiones ese día.

Antes de la expulsión, que requiere un proceso complejo, está la suspensión cautelar de militancia, que es la fórmula que se aplicó con los implicados en el caso Gürtel y podría repetirse ahora, porque es más rápida y no requiere ni siquiera dar audiencia a los afectados. Esa militancia nunca llega a recuperarse después y el efecto es el mismo que la expulsión: Rato y los demás estarían fuera del PP, la formación que les llevó a sus puestos en Caja Madrid.

Formalmente, el proceso no ha concluido. Rato y otros podrían adelantarse dándose de baja, como ha sucedido con otros dirigentes importantes sometidos a una presión similar, como Jaume Matas, que dejó el partido antes de que lo expulsaran. Pero lo cierto es que el ex vicepresidente económico ya sabe desde la semana pasada que se ha iniciado este proceso contra él y otros —el propio comunicado del PP del martes pasado hablaba de la posible “expulsión”— y no ha presentado su renuncia voluntaria de momento.

El mensaje de la dirección a Rato y los demás implicados —algunos de ellos miembros precisamente del equipo económico del exvicepresidente, otros muy cercanos a Aznar— fue claro. Habló en dos ocasiones de hechos “detestables” y llegó a decir que “todo esto tiene que fructificar en un expediente de expulsión”, dejando claro cuáles son las intenciones de la dirección. El PP está muy presionado también, porque tanto los sindicatos como el PSOE han empezado con las expulsiones. “Iremos hasta el final, afecten a quien afecten estas decisiones”, remató cuando le preguntaron expresamente si van a expulsar a Rato, que hasta 2012 seguía todas las noches electorales en la planta séptima del PP con Rajoy.

Tras recordar que todos los cargos institucionales nombrados a propuesta del PP que tuvieron estas tarjetas han dimitido, Floriano aseguró que los dirigentes también están indignados, como la sociedad. “Entendemos la indignación y la sentimos como propia. A los primeros que nos indigna es a nosotros. La indignación que tiene la gente con estos hechos detestables es la misma que tiene cualquier dirigente del PP”, aseguró.

El caso está provocando una cascada de dimisiones entre los 86 consejeros que gastaron con estas tarjetas B 15,5 millones de euros entre los años 1999 y 2012. Uno de ellos, Juan Iranzo, hombre próximo al PP, presentó este lunes su dimisión como consejero de la empresa pública Red Eléctrica Corporación. Sin embargo, Iranzo sigue siendo presidente del Colegio de Economistas de Madrid.