La política vuelve a hacer acto de presencia

Entre las sorpresas que proporciona la actualidad de Cataluña, destaca la actuación de un Gobierno que se empeña en incumplir, abierta o solapadamente, las leyes que le obligan pero que dicta, un día sí y otro también, normas y decretos respecto de los que, imagino, pretende exigir su cumplimiento… seguro que porque entiende que es lo lógico en un Gobierno democrático.

¿Consistirá en esto la astucia que estos días se reivindica? ¿O la astucia se limita al maquiavelismo infantil que encierra la cláusula de vigencia del último Decreto de la Presidencia de la Generalitat, con el fin de aparentar que se sigue respetando formalmente la ley y buscar, así, la impunidad ante las consecuencias de su violación material?

No es mi papel calificar jurídicamente estos hechos. Pero sí lo es llamar a la cordura. Y ésta, en un Estado democrático, comienza por el respeto a las leyes, especialmente por parte de los poderes públicos, porque si desde el poder se llama a incumplir la ley democrática, ¿qué y quién defenderá mañana a los ciudadanos de los autócratas que sólo reconocen como legítimos sus propios mandatos?

La ley catalana de consultas tiene su vigencia suspendida y están igualmente suspendidos los actos o resoluciones dictados en su aplicación así como las actuaciones de preparación o vinculadas con su convocatoria. Quien mejor lo sabe es el presidente de la Generalitat, que también sabe que el Gobierno del Estado está obligado a recurrir cuantas normas o actos de este tipo se adopten en el futuro. Esto es lo que ordena la Constitución. Esto es la ley. Y esta ley sí está plenamente en vigor.

En estas condiciones, me preocupa, como decía, que los poderes públicos catalanes no es que se resignen a un choque de gravísimas consecuencias para todos, sino que, con sus últimas decisiones —las de ayer mismo— den la impresión de que lo vienen provocando para que, al revuelo de sus eventuales complicaciones, puedan encontrar alguna comprensión para sus reivindicaciones y alguna excusa para sus procedimientos ilegales.

Cuando escribo estas líneas, oigo que el Presidente del Gobierno ha hecho pública, con énfasis, su línea de conducta: “Ley y diálogo”. Está bien y lo está por ese orden. Porque el diálogo no puede versar sobre si la ley se cumple o la ley se ignora ni, por ello, sobre hechos consumados ni tampoco sobre cómo hacer posible ahora una consulta que, en cuanto a su convocante, a su fecha y a su contenido, está sometida a lo que digan los tribunales. En estas condiciones, ¿sobre qué está ofreciendo y reclamando diálogo el presidente Rajoy?

Por más vueltas que le doy, sólo se me ocurren dos explicaciones. Una, los famosos 23 puntos que, parece, le dejó sobre la mesa el president Mas hace ya muchos meses. Me admiraría que fuese éste, justamente, el momento de abordarlos cuando, durante todo este largo período, no han querido hacerlo.

Otra explicación más convincente sería la de que el presidente Rajoy está dispuesto a abordar lo que se suele llamar el “encaje” de Cataluña en España. Ah, pero esto implica, aunque no se diga así, revisar las normas que regulan ese encaje y, por cierto, el de las restantes Comunidades. Y esas normas son, ni más ni menos, que la propia Constitución.

¿Se están dando mensajes que ofrecen abrir esta puerta tras el reconocimiento por la Generalitat de que el 9-N no tendrá lugar? Si es así, me siento satisfecho: esta es la cordura que el Partido Socialista viene reclamando desde hace tiempo. No reclamo derechos de autor: me alegra, simplemente, saber que la política vuelve a hacer acto de presencia en beneficio de todos los ciudadanos. No digo que sea fácil. Digo que no la desaprovechemos. Ninguno.