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La Audiencia fija una fianza de 100.000 euros para la sobrina del espía Paesa

Beatriz García Paesa está en prisión por el fraude en la venta de material policial a Angola a través de la empresa pública Defex

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha fijado una fianza de 100.000 euros para Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, imputada en la investigación por el fraude en la venta de material policial a Angola a través de la empresa pública Defex, del Ministerio de Defensa. De los 152 millones de euros del contrato con el país africano, cerca de 41 millones acabaron en cuentas en paraísos fiscales de sociedades de los partícipes en la adjudicación tanto en España como en Angola. En un auto –resolución judicial razonada- notificado hoy, el tribunal estima parcialmente el recurso de apelación de García Paesa, que fue detenida el pasado 10 de julio en Luxemburgo, al entender que el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas no es elevado.

La defensa de la imputada había alegado que aunque la investigación en España es reciente, del pasado junio, los hechos se están investigando en Luxemburgo desde 2009 y García Paesa ha declarado allí hasta en nueve ocasiones. El tribunal presidido por Ángela Murillo tiene en cuenta este hecho, pero considera que “no se puede perder de vista que la letrada García Paesa posee su domicilio y despacho en el extranjero (…) y cuenta con medios económicos fuera de nuestras fronteras, careciendo del oportuno arraigo en España”. La Sala entiende que persiste el riesgo de fuga pero que este “queda conjurado con la imposición de una fianza de 100.000 euros para obtener la libertad”. García Paesa todavía no ha depositado la garantía económica.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, que inició la investigación en 2013, el contrato de Defex, en unión temporal de empresas con Comercial Cueto 92 S. A., sirvió como pantalla para desviar a cuentas particulares gran parte del importe del contrato. El dinero fue supuestamente a parar a manos de los partícipes de la UTE y de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola. El pasado 26 de septiembre, el juez Pablo Ruz, instructor del caso levantó el secreto del sumario, que solo se mantiene sobre los datos enviados por Luxemburgo y Portugal por la vía de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados.

La trama, en la que han sido detenidas 10 personas, entre ellas, el presidente de Defex José Ignacio Encinas, contó con la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo. Este bufete supuestamente montó una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdió un entramado en el que utilizaba "paraísos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. Fueron las autoridades del Ducado las que comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. A raíz de esa filtración, la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, puso en marcha la operación Angora, en la que se investigan delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.

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