Guatemala juzga la masacre en la Embajada de España en 1980

Han tenido que pasar 34 años y ocho meses para sentar en el banquillo de los acusados al exjefe del comando seis de la Policía, Pedro García Arredondo, quien el 31 de enero de 1980 dirigió el brutal asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, acción que se saldó con 37 personas calcinadas, entre ellos el primer secretario de la misión diplomática, Jaime Ruiz del Árbol.

“Soy inocente”, fueron las únicas palabras pronunciadas por García Arredondo a su ingreso al Tribunal de Alto Impacto. Según la Fiscalía, García Arredondo es culpable de impedir el auxilio a las víctimas cuando las llamas empezaron a consumir la sede de la representación diplomática. Entre los rehenes murieron calcinados dos de los más destacados juristas del foro guatemalteco de todos los tiempos: Adolfo Molina Orantes, exministro de Exteriores, y Eduardo Cáceres Lehnhoff,  vicepresidente de 1970 a 1974. Entre los ocupantes anónimos, Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

Solo logró salir vivo el embajador, Máximo Cajal y López, porque un segundo sobreviviente, el campesino Gregorio Yujá Xoná, rescatado bajo una montaña de cadáveres de sus compañeros de ocupación, fue secuestrado por escuadrones de la muerte del hospital donde convalecía, torturado hasta la muerte y su cuerpo lanzado al campus de la universidad nacional de San Carlos de Guatemala.

Tras esa demostración de fuerza y desprecio absoluto por la legalidad, Máximo Cajal fue llevado a la residencia del Embajador de Estados Unidos, cuya sede fue tiroteada por grupos represores absolutamente fuera de control.

Para la Fiscalía, la acción violenta fue una decisión del presidente Romeo Lucas, quien habría ordenado de que nadie saliera vivo de la Embajada, y acusó directamente a García Arredondo de cumplir fielmente el mandato recibido: “impidió la salida de los ocupantes, funcionarios y empleados de la sede diplomática y otros ciudadanos guatemaltecos; hizo caso omiso a las peticiones del embajador Cajal y López, quien en repetidas ocasiones pidió que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática; impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacífica; vulneró flagrantemente la inmunidad diplomática de la Embajada española al ordenar el ingreso de las fuerzas de policía…” leyó la fiscal en el inicio del juicio.

Desde aquel suceso se tejió una leyenda negra sobre la actuación del embajador Cajal quien, semanas antes había visitado Quiché, para alertar a una treintena de sacerdotes Misioneros del Sagrado Corazón, en su mayoría españoles, quienes atendían las necesidades espirituales de los habitantes de la zona. Uno de ellos, Faustino Villanueva, natural de Yesa (Navarra), contó a este periodista que el diplomático se reunió con ellos para alertarlos del peligro que corrían ante el incremento de la represión. Villanueva fue asesinado por el Ejército en su despacho parroquial de Joyabaj, el 10 julio de 1980.

Los diarios del día siguiente narraban el suceso como un asalto, violador de todos los convenios internacionales signados por Guatemala. A partir del 2 de febrero se hablaba ya de una “conspiración comunista”, orquestada por Cajal y López, acusado abiertamente de marxista, la descalificación más fuerte en un país marcado por la Guerra Fría.

Lo anterior complica, tres décadas y media después, el esclarecimiento de esos hechos trágicos. El tiempo transcurrido, lejos de facilitar un análisis sereno de los hechos, ha servido para que las partes se atrincheren en sus posturas.

“Que no haya presiones, chantajes o intimidaciones a los testigos y familiares de las víctimas” Rigoberta Menchú, querellante

Para la Fiscalía, todas estas acciones descritas tenían la intención de dar muerte a todos los ocupantes de la Embajada, “por considerarlos enemigos internos” y, por parte de Pedro García, “dar cabal cumplimiento a las órdenes recibidas”. El abogado Moisés Galindo, defensor de García Arredondo, aseguró que su cliente es inocente y pidió a la acusación demostrar, fehacientemente, las acusaciones en su contra.

Este martes, Rigoberta Menchú dijo, en rueda de prensa, que confía en la imparcialidad de los jueces. “Tenemos la esperanza en que este juicio transcurra apegado a derecho. Queremos que la justicia impere”, comentó.

La premio Nobel pidió respeto y garantías para las partes procesales. “Que no haya presiones, chantajes o intimidaciones a los testigos y familiares de las víctimas”, pidió Menchú, quien también advirtió que no aceptará ningún tipo de provocaciones. “Tenemos que cerrar un capítulo abierto hace 34 años. Si no cerramos las cicatrices conforme al derecho, nunca habrá reconciliación en nuestro país, subrayó.

Pedro Arredondo está sujeto, desde este miércoles 1 de octubre, al Tribunal B de Mayor Riesgo, integrado por tres mujeres y presidido por la togada Janneth Valdez. El mismo tribunal que, a partir de 2015 tendrá a su cargo el juicio a Efraín Ríos Montt, después de que su condena a 60 años por genocidio fuera anulado por el Constitucional, en una decisión discutible por razones de competencia.

Durante el proceso legal, que se estima a priori que no durará más de una semana, se escucharán testimonios brindados como prueba anticipadas, entre ellos el del extinto embajador Cajal y López, el de su esposa, Beatriz De Laiglesia, ofrecidos meses atrás desde Madrid por vídeo conferencia.

Entre sus testigos se encuentra en el listado el ex ministro de Exteriores Rafael Castillo Valdez, quien, junto al ex ministro del Interior, Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia desde marzo de 1982, son los únicos jerarcas del régimen luquista que sobreviven. Los otros protagonistas de primera fila, los generales Romeo Lucas, presidente y quien abría ordenado el asalto, y Germán Chupina Barahona, ex director General de la Policía, murieron impunes.