Colectivos médicos y sociales exigen derogar la exclusión sanitaria

Dos años después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria que, entre otras cosas, excluyó del derecho a la asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular, más de 60 organizaciones y plataformas —tanto sanitarias como profesionales y sociales— han suscrito un manifiesto en el que exigen la derogación del real decreto 16/2012 para devolver el carácter universal a la sanidad pública española. El balance de estos dos años “no puede ser más negativo”, aseguran, puesto que “se está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas”.

La “exigencia de la firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial”, denuncia el manifiesto. La firma de este texto coincidió con la presentación, ayer en Madrid, de los primeros datos de REDES (Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria), creado en diciembre de 2013 por la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal para dejar constancia de los casos de exclusión sanitaria. Solo en siete meses se recogieron 319 casos de trabas al acceso a la atención.

La exclusión del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a los extranjeros en situación irregular ha dado lugar a casos como el de Alpha Pam, el senegalés que murió el año pasado en Baleares por tuberculosis sin recibir un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. O al severo toque de atención que en enero dio a España el Consejo de Europa al considerar ilegal esta medida. Varias comunidades autónomas discreparon públicamente de la norma, que deben aplicar ellas, y plantearon recursos de inconstitucionalidad que aún no se han resuelto. Otras han tratado de sortear la exclusión sanitaria a través de medidas excepcionales.

Los ejemplos de cómo se disuade a los inmigrantes de hacer valer sus derechos pueden verse en muchos hospitales o centros de salud, por ejemplo en Madrid, donde multitud de carteles aseguran que sin tarjeta sanitaria no se atiende a nadie. No es cierto, puesto que las urgencias están garantizadas por el decreto ley de 2012, tal y como recuerda una portavoz del Ministerio de Sanidad. También está garantizada la atención a menores y a embarazadas, aunque según distintos informes de colectivos como Yo Sí Sanidad Universal, hay casos en los que no se respeta.

“Hasta en 22 ocasiones se ha registrado la negación a la atención urgente. Hay que tener presente que las urgencias son la única vía posible para obtener atención entre las personas mayores de edad a las que se les ha retirado la tarjeta sanitaria”, asegura el informe REDES. “Esta desatención puede provocar consecuencias graves e irreversibles para su salud”, añade. Los colectivos que trabajan con inmigrantes han recopilado decenas de casos de intentos de facturación de la atención en urgencias. A la familia de Jeaneth Beltrán, nicaragüense de 30 años en situación irregular que murió en el hospital Virgen de la Salud de Toledo en mayo pasado le llegó una carta dos semanas después alertando de que, si no presentaba tarjeta sanitaria, le cobrarían la asistencia prestada.

Cerca de la mitad de los casos recogidos en el registro REDES corresponden a atenciones que sí garantiza el real decreto. En el caso de las urgencias, el texto es claro: deben atenderse “hasta la situación de alta médica”. El caso de Silvana, uruguaya, ejemplifica cómo tampoco ello se cumple. Su madre, sin residencia legal en España, fue operada de urgencia el 23 de julio en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, donde residen ambas desde hace 12 años.

Una vez intervenida para implantarle una válvula en el corazón, le dijeron que ya no podían hacerle el seguimiento médico ni recetarle la medicación por carecer de tarjeta sanitaria. Silvana acudió a Médicos del Mundo, que la ha estado ayudando a conseguir citas médicas. La portavoz del ministerio confirma que, efectivamente, la ley prevé la atención de urgencia hasta el alta. No descarta que pueda haber “casos puntuales” de mala aplicación del real decreto, pero asegura que el departamento “no tiene constancia de que no se esté atendiendo a todo el mundo”.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, adelantó ayer que está previsto extender a todo el país el registro de exclusiones sanitarias, al que se espera que contribuyan todas las entidades y organizaciones que trabajan con inmigrantes.