Combate a la desafección política

Los partidos tienen pendiente un completo paquete de medidas de regeneración democrática y contra la corrupción política. Y una acuciante necesidad de acordarlas entre todos y combatir así el descrédito de los ciudadanos.

En esa ronda de contactos oficiosa se analiza, por ejemplo, la reducción del número de cargos públicos aforados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planteó este verano antes de presentar su dimisión una propuesta para pasar de los 17.621 aforados que hay en España a sólo 22. Pero esa reducción implicaría un cambio en la Constitución que el Gobierno no contempla a corto plazo. La mayoría de partidos coincide en que es preciso restringir la figura del aforado.

La espiral de sumarios sobre corrupción que salpican las portadas de los diarios y han situado la corrupción como uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos obliga además a mejorar el control de la financiación de los partidos. Se estudian propuestas para eliminar o restringir las donaciones de las empresas. Pero sobre todo para cambiar el tratamiento penal de los casos de corrupción y para apartar a los políticos contra los que abra juicio oral de las instituciones públicas.

La agenda de reformas que analizan los grupos parlamentarios busca limitar además las llamadas “puertas giratorias”, que llevan a cargos públicos desde las instituciones a consejos de administración de grandes empresas que dependen de ella. Y persigue reformular también el sistema de elección de representantes en los órganos constitucionales para alejar tentaciones partidistas. Hay también un consenso general sobre la necesidad de replantear las funciones del Tribunal de Cuentas e incluso su modo de operar después de que dentro del organismo que se encarga de fiscalizar al resto de instituciones se hayan detectado también casos de nepotismo y contrataciones sospechosas.

En lo que va de legislatura solo se ha aprobado la ley de transparencia, que en el trámite parlamentario se ha extendido de los Gobiernos hacia partidos, sindicatos y Casa del Rey.