El Consejo de Estado niega a Artur Mas potestad para celebrar el referéndum

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha rebatido este domingo tras una reunión extraordinaria todos los argumentos jurídicos expresados por la Generalitat de Cataluña para justificar la consulta del 9 de noviembre. En un dictamen aprobado por unanimidad y firmado por el presidente, José Manuel Romay Beccaría, este órgano consultivo niega la capacidad del Gobierno catalán de convocar consultas para que una parte de la población española, en este caso de Cataluña, se pronuncie sobre un asunto como la soberanía, que afecta a todos los españoles.

Con este dictamen, el Consejo de Ministros se reunirá este lunes, presidido por Mariano Rajoy tras su regreso de un viaje oficial a China, para promover los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N. El informe del Consejo de Estado es preceptivo pero no es vinculante. Aún así, en esta ocasión sí se tendrá muy en cuenta. Los argumentos se orientan en negar la tesis de la Generalitat de que el decreto de consulta para que los catalanes voten el 9 de noviembre no tiene efectos jurídicos vinculantes.

Los consejeros estiman que se trata de un referéndum en toda regla y, por tanto, su convocatoria solo corresponde al gobierno de España, como marca el artículo 92 de la Constitución. Una vez concluida la reunión, el Consejo de Estado ha incorporado reflexiones adicionales al dictamen definitivo.

La respuesta del Consejo de Estado a la pregunta del Gobierno sobre la pertinencia de recurrir ante el Constitucional tanto la ley como la consulta se asienta en la afirmación de que la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña invade competencias exclusivas del Estado. Así las cosas, aunque algunos juristas daban por seguro que el decreto para convocar la consulta es inconstitucional, hay dudas sobre si también lo es la propia ley. El órgano consultivo, no obstante, sí ve idóneo que el Gobierno recurra ambas.

Las tesis de los consejeros no difieren de lo expresado por la Abogacía del Estado respecto a ambos asuntos. Cuando el Parlamento catalán aprobó el pasado enero elevar al Congreso una proposición de ley para delegar la competencia para celebrar el referéndum, el Ejecutivo puso en marcha su maquinaria legal y elevó a las Cortes su criterio, que ha permanecido invariado.

En ese texto, el Gabinete de Mariano Rajoy señalaba que la convocatoria de un referéndum, aun sin ser vinculante, “corresponde exclusivamente al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.1º de la Constitución. Y, además, debe hacerse mediante ley orgánica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución”.

“El Constituyente”, prosigue el texto, “decidió además atribuir expresamente al Estado la competencia exclusiva para la autorización de la celebración del referéndum”.

El objeto del referéndum al que se refiere la iniciativa legislativa firmada por Artur Mas, defendía el Ejecutivo, “se concreta en la decisión de los catalanes sobre ‘el futuro político colectivo de Cataluña’, sin tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución, ‘la soberanía nacional reside en el pueblo español’. Más aún, la consulta cuya celebración se pretende es también inconciliable con el artículo 2, al oponerse frontalmente al propio fundamento de la Constitución, la indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de la patria de todos los españoles”.

El Gobierno concluía entonces que “los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia, es decir, solo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas. Y si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar”.

Tanto el lunes como los próximos días, el pulso entre Gobierno y Generalitat se mantiene en términos jurídicos y constitucionales. Rajoy comparecerá después de la reunión del Consejo de Ministros para responder en nombre del Estado a las acciones de ruptura emprendidas por Artur Mas. El sábado, el presidente de la Generalitat puso en pie el litigio más trascendente en los últimos 37 años entre el Gobierno catalán y el Estado. Ninguno de los dos se va a echar atrás. Rajoy recurrirá en nombre del Gobierno en las próximas horas las dos iniciativas catalanas y de inmediato quedarán suspendidas. Entre tanto, Mas ha puesto en marcha la campaña institucional en pro del referéndum, que explicará que los catalanes podrán votar el 9 de noviembre si quieren que Cataluña sea un Estado y quien respondiera que sí podría pasar a la segunda pregunta sobre si quiere independizarse de España. No podrán responderlas porque no habrá consulta, al menos legal.