Llamada a la ruptura

Artur Mas convocó ayer un referéndum decisorio (planteado como inocente sucedáneo, una consulta de opinión) en pro de la independencia de Cataluña: no, como parece, sobre esa opción, sino en su favor. A favor de sus “estructuras de Estado” y de una inconcreta “transición”: en pro de ratificar lo ya decidido por unos pocos. Apeló al derecho a votar para decidir su futuro: nadie sensato debe negarlo como principio. Los catalanes han opinado en tres ocasiones sobre esta cuestión: abrumadoramente a favor de la Constitución, en 1978; en apoyo del Estatuto de 1979; a favor de su reforma en 2006.

Pero esta vez es diferente. Mas no convoca a especificar el vínculo de los catalanes consigo mismos y con el conjunto de los españoles, sino que invita a romperlo. Nadie sensato debe aplaudirle. Aún más: el quiebro de legalidad debe allegar adecuada respuesta en el Tribunal Constitucional. Pero el Gobierno de Rajoy haría bien en superar el reto frentista y acompañar sus anunciados recursos con propuestas constructivas, basadas en el diálogo.

La idea rupturista de Mas —en la estela de la quiebra de la legalidad fiscal propiciada por su antecesor y padrino, Jordi Pujol— se acompaña de un inaceptable planteamiento de doble poder: por un lado, las instituciones de la Generalitat; por el otro, el apoyo nada gratuito, la insurgencia de los organismos cívicos subvencionados movilizados ayer al unísono, para seguir llamando a la consulta después de que su convocatoria se hunda en la ilegalidad. Eso es menos presentable aún si pretende retar a la previsible decisión del Tribunal Constitucional: incluso aunque la tarea de agitación y propaganda se fíe a las siempre sumisas organizaciones como Òmnium y ANC, la voz debida a su amo.

El desafío es más insolvente, y menos heroico, por cuanto llega tras la esperpéntica comparecencia parlamentaria de Jordi Pujol, padrino del actual presidente de la Generalitat. Y se acompaña de los cansinos y agotados rituales de manifestaciones presuntamente espontáneas de apoyo de la base, bien respaldada por la Administración autonómica, así como del impúdico abrazo de oso del líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

El reto es más insolvente, y menos heroico, porque llega tras la esperpéntica comparecencia de Pujol

Una vez consumado el desafío a la legalidad por parte de Mas, el siguiente acto versará sobre los recursos para dejar sin efecto la decisión del presidente. Se plantea un problema de fondo: muchos catalanes rechazan el statu quo y quieren romper con el resto de los españoles; pero muchos más, que no quieren destrozar esos vínculos, reclaman un autogobierno más satisfactorio. Las encuestas al respecto aportan indicios suficientes.

¿Qué hacer ante esta situación? Lo peor, lo más inútil sería encastillarse en las respectivas posiciones y proceder a una larga guerra de desgaste, en que los elementos más extremistas se amenacen y contaminen, al mismo tiempo, la convivencia de todos. El Congreso ya rechazó delegar la convocatoria de un referéndum en el Parlamento de Cataluña, y el Gobierno recurrirá mañana al Tribunal Constitucional para paralizar la consulta convocada unilateralmente por Mas. Tras dar esos pasos, no basta con cruzarse de brazos a la espera de ver qué pasa el 9 de noviembre en Cataluña.

La reforma federal de la Constitución, propuesta por el líder del PSOE, necesita de muchas concreciones y no está planteada solamente para resolver la cuestión catalana. Pero, al margen del grado de acierto en su contenido, esa oferta socialista desmiente el alegato soberanista de que “en España no hay nadie” con quien se pueda hablar.

Primero hay que mostrar voluntad de diálogo; luego, negociar e intentar un pacto; finalmente, votarlo

Otra cosa es que semejante reforma necesita del concurso del PP, como lo precisa cualquier otra menos ambiciosa sugerida desde sectores académicos; por ejemplo, releer la Constitución o reconocer la singularidad de Cataluña en una disposición adicional de la Constitución. El PP es indispensable para cualquier cambio constitucional, dadas las fuertes mayorías requeridas en las Cortes para ese fin.

Y sin llegar a un objetivo tan complejo, el Gobierno todavía no ha dado respuesta a los 23 puntos planteados por Mas en su última entrevista con Rajoy. De ahí la responsabilidad en que incurriría la principal fuerza política de España si, una vez descartada la consulta convocada unilateralmente por Mas, se negara a plantear propuesta alguna ni a iniciar un diálogo estructurado.

El empeño secesionista es traumático y suele producir muchos derrotados allí donde se ha votado. Tampoco se trata de someter a votación cualquier cosa, envolviéndola en paños calientes (por ejemplo, los argumentos de que no es vinculante o de que solo se trata de una exploración informal).

Por eso, la democracia representativa tiene que ser capaz de encontrar soluciones que no partan por la mitad a los catalanes, ni les enfrenten con los demás españoles. Primero hay que mostrar voluntad de diálogo; después, negociar e intentar un pacto; finalmente, votarlo. Por supuesto que habrá que votar, como reclaman muchos catalanes: habrá que hacerlo en la debida forma, y tras el necesario acuerdo, pero no al compás de la agitación interesada. Hay que ponerse a trabajar para superar el bloqueo, siempre dentro de la estricta legalidad.