Tribuna
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Completar una rectificación

Es lícito suponer que el Gobierno ha cambiado de opinión y considera la ley de plazos constitucional

La renuncia del Partido Popular a modificar la ley del aborto es, sin duda, una buena noticia, aunque no disipa los temores que una buena parte de la sociedad española, especialmente las mujeres, mantienen sobre este asunto. Porque antes de elaborar el desdichado proyecto de ley que ahora retira, cuando estaba en la oposición, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma aprobada por el Parlamento en 2009, la llamada ley de plazos, un recurso que sigue vivo.

Lo paradójico de la situación actual es que, al desistir en llevar adelante su proyecto de reforma, el PP está admitiendo implícitamente que la ley vigente es constitucional

Lo paradójico de la situación actual es que, al desistir en llevar adelante su proyecto de reforma, el PP está admitiendo implícitamente que la ley vigente es constitucional. Pues ningún Gobierno, y menos uno que cuenta con el respaldo parlamentario de una mayoría absoluta, puede permanecer impasible y no modificar una ley que considera contraria a nuestra Constitución. Así pues, es lícito suponer que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado de opinión y considera, como siempre hemos considerado los socialistas y la mayoría de los partidos, que la ley de plazos es constitucional. Un respaldo político que se sumaría al sentir de una amplia mayoría social que apoya una norma, por cierto, muy similar a las que existen en buena parte de los países de la Unión Europea.

Por ello, si el PP no da el paso de retirar también su recurso ante el Tribunal Constitucional no haría más que trasladar sus propias contradicciones a esta institución, porque el alto tribunal tendría que considerar el recurso contra una ley de cuya constitucionalidad no duda prácticamente ningún grupo del Parlamento y que, además, cuenta con un amplio respaldo social. De esta forma, si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley de plazos —que es lo que pretende el recurso del PP—, millones de ciudadanos estarían legitimados para pensar que en nuestra Carta Magna no cabe que las mujeres puedan decidir sobre su embarazo, y que, por lo tanto, está desfasada y hay que modificarla.

Si el PP no da el paso de retirar también su recurso ante el Tribunal Constitucional no haría más que trasladar sus propias contradicciones a esta institución

Pero a nadie se le escapa que esa modificación es altamente improbable, pues una cosa es que el PP renuncie a cambiar una ley de plazos y otra bien distinta es que acuerde una reforma constitucional que la admita. Ciertamente, también cabría esperar a que se produjera un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Algo, que de producirse, exigiría un tiempo largo durante el cual muchas mujeres se verían privadas de una libertad de la que ahora, por fin, disfrutan en nuestro país.

En suma: manteniendo su recurso el PP le estaría pasando una “patata caliente” al Tribunal Constitucional. Y no quisiera que se interpretaran mal mis palabras, pero es evidente que un fallo del Tribunal Constitucional a favor del recurso del PP pondría, primero al propio tribunal y después a nuestra Constitución, en una delicada situación. Es evidente que estas son consideraciones políticas y que la magistratura constitucional debe considerar los aspectos jurídicos. Aunque no hay que olvidar, y doctrina hay que lo avala, que todas las leyes aprobadas en el Parlamento deben gozar de una presunción favorable de constitucionalidad que obliga al tribunal a buscar, a explorar, las interpretaciones de la Constitución que las amparen.

Lo que, en todo caso, cabe pedirle al Gobierno es que complete la decisión anunciada y encuentre el mecanismo de retirada de su recurso. Debería reunir a los diputados que en 2010 firmaron el recurso, con el actual presidente y la vicepresidenta del Gobierno a la cabeza, para que, de manera urgente, presenten el desistimiento. Sería un auténtico gesto de Estado que, sin duda, aliviaría al Tribunal Constitucional y eliminaría la sospecha de que el PP no ha renunciado a cambiar la ley, sino que, simplemente, se sirve de una artimaña para que otros le hagan el trabajo. Algo que, a mi juicio, sería una monumental irresponsabilidad.

Alfredo Pérez Rubalcaba es ex secretario general del PSOE. Era ministro del Interior en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se aprobó la actual ley del aborto.

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