El caso Pujol Ferrusola o las dificultades de probar un cohecho

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, entró el pasado lunes como imputado al juzgado de Pablo Ruz con una montaña de sospechas de corrupción a sus espaldas: denuncias de su exnovia sobre blanqueo de capitales, certificados de la Agencia Tributaria sobre movimientos de dinero (32,4 millones) con origen o destino en 11 países distintos e informes de la policía sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales (7,5 millones de euros) que abonaron empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña supuestamente como pago por favores recibidos de la administración catalana durante el mandato de CiU.

Pujol Ferrusola salió de la Audiencia Nacional cinco horas después con su imputación a cuestas pero sin medidas cautelares de ningún tipo porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado vieron motivo suficiente para pedirlas.

Su abogado expresó una cierta satisfacción por este hecho y por una declaración que consideró clave para el futuro de su cliente.

Lo ocurrido durante el interrogatorio no significa que el hijo mayor del expresidente catalán haya probado su inocencia y esté próximo el archivo de la causa abierta por el juez Ruz. Aunque tampoco permite interpretar que los indicios de culpabilidad que pesan sobre él se han confirmado ni que su situación judicial se agravará en los próximos días.

El proceso abierto por delito fiscal y blanqueo de capitales a Jordi Pujol Ferrusola arrancó a trompicones y sigue plagado de obstáculos.

El magistrado Pablo Ruz rechazó a finales de 2012 abrir una causa cuando leyó la denuncia ante la policía de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola por considerar que los hechos relatados en ella eran demasiado inconcretos como para iniciar una investigación judicial.

El recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Ruz obligó a abrir de nuevo diligencias, interrogar a la denunciante y pedir a la Agencia Tributaria algunos datos básicos sobre el denunciado.

El testimonio ante el juez de María Victoria Álvarez, novia de Pujol Ferrusola entre 2006 y 2008, estuvo plagado de lagunas, interpretaciones sobre conversaciones telefónicas que escuchó parcialmente, y afirmaciones que el paso del tiempo se ha encargado de poner en cuarentena. Éstos son algunos ejemplos:

- Los viajes a Andorra para el blanqueo de capitales. María Victoría Álvarez relató al juez que entre 2006 y 2008 hizo varios viajes a Andorra en compañía de Jordi Pujol Ferrusola. A la vuelta de uno de esos desplazamientos en otoño de 2008, Álvarez vio fajos de billetes de 200 y 500 euros en una mochila abierta que había en el maletero del coche. “Supe la cantidad”, declaró ante el juez, “porque oí una conversación telefónica de Jordi en el anden de la estación de Lleida con su exmujer y le dijo que todo había ido bien y habían sacado de intereses cuatrocientos y pico mil euros”. Álvarez contó después a los periodistas una versión algo distinta de los hechos: “Luego vi, porque los conté, porque nunca había visto tanto dinero junto, cuando llegamos al hotel dije “quiero ver cuanto dinero hay aquí” y lo conté”.

- La inversión en Puerto Rosario (Argentina). “[Jordi Pujol Ferrusola] aportó 40 millones de euros, aunque no lo puedo demostrar, para comprar el puerto de Rosario. En aquel momento tenía relaciones con alguien del Puerto de Tarragona. Pero esto es una suposición (…) Ellos habían comprado el Puerto de Rosario para hacer una serie de reformas y luego venderlo para sacar una plusvalía de unos 30 millones de euros”. La investigación policial sostiene que Jordi Pujol Ferrusola compró 60.500 acciones de Inter Rosario Port Services por 451.000 dolares en julio de 2007 aunque sospecha que costaron al menos el doble. En 2009, la policía relata que el hijo mayor del expresidente acudió a distintas ampliaciones de capital hasta desembolsar cerca de dos millones de dólares, muy lejos de los 40 millones de euros que denunció la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola.

En el testimonio de María Victoria Álvarez no había referencias al cobro de mordidas pagadas por empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña a Jordi Pujol Ferrusola. El juez descubrió este detalle cuando pidió informes a la Agencia Tributaria sobre las empresas del hijo mayor del expresidente catalán. Entre 2004 y 2012 había ingresos a favor de cinco sociedades de Pujol Ferrusola que sumaban 7,5 millones de euros de 11 empresas distintas, todas ellas adjudicatarias de contratos en la administración de Cataluña durante el mandato de CiU.

Con esa inquietante información, el juez pidió a la policía que investigase estos pagos interrogando a los empresarios que abonaron los 7,5 millones de Jordi Pujol Ferrusola.

El informe policial de 62 páginas entregado en junio pasado sostiene la teoría de que las empresas pagaron por servicios simulados como contraprestación por contratos previos recibidos de la administración catalana. Para sostener esta tesis, los policías detallan las respuestas evasivas de los empresarios para justificar los pagos a Pujol Ferrusola y el hecho de que en muchos casos no hubiera documentos que avalasen la relación comercial por la que abonaron las distintas cantidades.

Esta denuncia del supuesto cohecho multimillonario y del tráfico de influencias que justificarían el pago de las mordidas es difícil de probar. El juez no ha conseguido de momento suficientes indicios para poder atribuir esos delitos al imputado Jordi Pujol Ferrusola.

El Código Penal define así el cohecho: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo”.

En su declaración, Pujol Ferrusola aseguró que todo lo cobrado correspondía a servicios profesionales que realmente hizo. Ese tráfico de dinero fue declarado supuestamente a Hacienda tanto por las empresas como por el hijo del expresidente, por lo que no cabe atribuir a estas prácticas un delito fiscal. Los pagos se hicieron entre 2004 y 2012, un periodo donde la mayoría del tiempo gobernó el PSC con el apoyo de ERC e ICV. La policía sostiene que eran pagos en diferido por contratos adjudicados muchos años antes por los gobiernos de Jordi Pujol. Pero el juez todavía no ha decidido si abre una investigación, que se presume inabarcable, sobre los contratos adjudicados por la Generalitat antes de 2003 a las 11 empresas que contrataron los servicios de Jordi Pujol Ferrusola.

En el caso Bárcenas, el juez Ruz investiga desde hace 18 meses si las donaciones ilegales supuestamente recibidas por el PP de empresas constructoras obedecen al pago de comisiones por adjudicación de obra pública en administraciones gobernadas por los populares. El magistrado no ha logrado en todo este tiempo acreditar que esos cohechos se produjeron. Las empresas donantes tienen miles de contratos con Administraciones públicas gobernadas por partidos políticos de todas las ideologías. Pese a ello, los empresarios siguen imputados en la causa por haber vulnerado la ley con donaciones ilegales de dinero no declarado al fisco que ellos niegan.

En el caso Pujol Ferrusola hay dos delitos que investiga el juez Ruz y que están pendientes de una información que tiene que llegar de Andorra referida a los fondos que el hijo del expresidente pudiera guardar en bancos de ese país. La juez andorrana ya ha advertido de que la información facilitada, que no llegará antes de un mes, sólo podrá utilizarse en caso de que esos fondos, si es que Jordi Pujol Ferrusola tenía dinero guardado allí, tienen su origen en actividades ilícitas relacionadas con la corrupción.