El hombre del millón de amigos

A Ángel Ojeda Avilés (Jerez de la Frontera, 1949) se le conoce por uno de sus cargos más efímeros y que ejerció sin pena ni gloria: consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 1987 y 1990. Esa vinculación con la Administración andaluza y con el PSOE, partido del que ha sido expulsado tras haber sido detenido por el caso Óscar, y no su trayectoria posterior en el mundo de la empresa y la banca, ha puesto el sello mediático al caso de los cursos de formación del que se le acusa.

En la operación contra Ojeda, que abarca actuaciones desde 2009 hasta 2012 y que se dirige desde el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, la policía le atribuye “fraude continuado” mediante “el incumplimiento sistemático de los requisitos exigidos en la legislación” sobre ayudas para los cursos de formación. El importe asciende a 49,8 millones de euros y el sistema para llevar a cabo el presunto fraude parte de la creación de empresas y asociaciones para acceder a ayudas de formación a través de cursos que, supuestamente, se facturaban con documentación falsa o de los que se eludían pagos correspondientes a seguridad social, salarios o materiales. La clave para esta red era su enorme agenda.

Ojeda, hijo de un militar y una profesora, organizaba fiestas para centenares de personas en su casa de verano en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), coincidiendo con las carreras de caballos que se celebran en la temporada estival en la playa frente a Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir. Su don de gentes, sus habilidades sociales y las relaciones con una treintena de empresas y asociaciones han sido determinantes, junto a su paso por la Administración, para el entramado de empresas dedicadas a captar ayudas para formación.

José Rodríguez de la Borbolla, quien le designó como miembro de su equipo, recuerda que “se le llamó porque tenía experiencia en gestión de presupuestos y un perfil técnico”. Ocupó el puesto por la marcha, a petición del PSOE, de José Miguel Salinas, quien se presentó como candidato a la alcaldía de Córdoba.

“Hizo su trabajo y racionalizó las compras”, recuerda Rodríguez de la Borbolla quien se cruzó con Ojeda en un aparcamiento poco antes de que la policía llevara a cabo la última fase de la Operación Óscar. “Recuerdo que tenía experiencia en gestión pública [fue gerente y director del hospital universitario de San Pablo, así como administrador del Instituto Nacional de Salud] y que estaba en la Expo”, rememora el expresidente de la Junta, quien lo reclutó cuando Ojeda era director general económico y financiero de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, siendo comisario Manuel Olivencia.

Los dirigentes socialistas insisten en que la relación del exconsejero con el partido fue reduciéndose con el tiempo. El actual secretario socialista de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, llegó a afirmar: “Ojeda nunca ha sido ningún referente de nada”. “Ni me acordaba de él, le doy mi palabra. Nadie tenía ni idea ni se acordaba de este hombre”, afirmó sobre su excompañero de partido.

El actual presidente del PP, Juan Manuel Moreno, no se cree esta explicación. Considera que la relación con la Junta ha sido clave y pretende que sea la presidenta y actual máxima dirigente de los socialistas andaluces, Susana Díaz, quien responda en el Parlamento por el caso de los cursos de formación.

“No pueden alegar ahora que no conocían al exconsejero de Hacienda, Ojeda, porque este señor ha montado múltiples empresas, fundaciones y asociaciones. Se paseaba por la Junta como Pedro por su casa y tenía a su cuñada de directora general [de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo] para concederle las subvenciones”, añade el portavoz de Economía del PP en el Parlamento andaluz, Rafael Carmona.

La cuñada a la que hace referencia es Teresa Florido, de quien el consejero de Formación, Luciano Alonso, ha explicado que fue directora general desde el 31 de mayo de 2011 hasta octubre de 2013, pero que se abstuvo de participar en todos los procedimientos en los que figurara Ángel Ojeda.

La andadura empresarial del empresario jerezano es mucho más dilatada que su experiencia en la Administración, aunque la policía cree que aprovechó sus conocimientos de ambas redes para obtener las ayudas. Desde 1991, este profesor de Teoría Económica ha sido desde director general de Banesto bajo la presidencia de Mario Conde hasta directivo en sociedades de los principales grupos empresariales españoles. También presumía de su participación en una docena de asociaciones, entre las que incluía a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) o la fundación Hélice, vinculada al sector aeronáutico.

La principal captación de ayudas por parte del entramado de Ojeda se produce con la aprobación de subvenciones de millones de euros para formar a los 1.600 trabajadores afectados por el cierre en 2007 de la planta en Puerto Real (Cádiz) de Delphi, el primer fabricante de componentes para automóviles de EEUU. Las entidades de Ángel Ojeda consiguen 33 millones de euros de esa convocatoria.

En esas fechas, según la investigación policial, Ojeda crea “ex profeso la asociación sin ánimo de lucro Humánitas para la percepción de ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía para la realización de cursos de formación”. “En realidad”, continúa la policía, “es una mera gestora bajo la falsa apariencia de asociación humanitaria para facilitar el acceso a un mayor número de subvenciones”. Desde 2009 recibió 7,4 millones. Para conseguir, supuestamente, desviar el dinero de las ayudas, obligó a los profesores de los cursos a darse de alta como autónomos, facturar a Humánitas por encima del mercado, entre 40 y 70 euros la hora, y comprar a otra empresa suya, (Servicios Docentes Profesionales) supuestos servicios de asesoramiento.

Una profesora de cursos organizados por la asociación Apoyo al Medio Ambiente Natura, otra entidad de Ojeda, denunció ante la Junta y, posteriormente en los juzgados, que ella y dos compañeros no fueron dados de alta durante los cursos que impartieron en 2011 y que, por el contrario, debían inscribirse como autónomos y devolver a la empresa el 62% de lo que recibieran por los cursos sin IVA. La Junta abrió un expediente por estas prácticas y la Inspección de Trabajo confirmó los términos de la denuncia, por lo que se impuso una sanción de 7.000 euros.

Sin embargo, las empresas de Ojeda continuaron recibiendo subvenciones porque no se ordenaron en momento alguno medidas cautelares que supusieran su exclusión de las convocatorias de ayudas. Así, un año después de la investigación por una subvención de 2010 por importe de 1.499.000 euros, las empresas de Ojeda recibieron otros 576.000 euros.

El anterior Gobierno de la Junta eximió el 11 de diciembre de 2012 a cientos de empresas de justificar las subvenciones recibidas antes de optar a nuevas ayudas, algo que benefició a Ojeda. Esta medida ya había tenido un precedente en 2011, cuando se exoneraron a 149 entidades.