Dos años al dictado de Bruselas

Desde la aprobación del rescate financiero, el 10 de junio de 2012, España se ha convertido —por obligación— en uno de los alumnos aventajados de la Comisión Europea en lo que a cumplimiento de recomendaciones se refiere. Bruselas evalúa el desempeño reformista de los rescatados en siete grandes grupos —finanzas públicas; fiscalidad; sector financiero; mercado laboral, educación y pobreza; mercados de productos y servicios; energía y transporte y administración pública—. Y España, junto con Portugal e Irlanda, destaca sobre el resto en prácticamente todas las áreas.

En su última revisión, justo antes del verano, el Ejecutivo comunitario valoraba las reformas sanitaria y de pensiones; la recapitalización y reestructuración del sector financiero —para la que se destinó el dinero del rescate—; la ley de emprendedores y la de unidad de mercado, ambas de reciente aprobación; la reforma energética, que elimina parcialmente el déficit de tarifa, y la reforma de la administración local y de la justicia. Antes del rescate, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, se había acometido la mayor reforma laboral de la democracia y se había subido tres puntos el IVA —algo que Bruselas veía y ve con muy buenos ojos— y, acuerdo entre PSOE y PP mediante y todavía con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, se había reformado la Constitución para introducir un techo de déficit.

Pese a los progresos, la Comisión Europea sigue destacando importantes “reformas pendientes” —por emplear su propio lenguaje— que España debe acometer para seguir la senda marcada. A saber: la reforma energética no es suficiente, la competencia en el sector ferroviario sigue sin ser real, la ley de unidad de mercado no llega a todos los niveles de la administración y aún queda pendiente la aprobación de la ley de servicios profesionales. Tampoco ha finalizado, según la Comisión, la reforma de la justicia.

En el plano fiscal, Bruselas quiere más empeño en la lucha contra el fraude, mayores impuestos medioambientales y menores cotizaciones sociales. Ante el elevado endeudamiento privado —la deuda total de familias, empresas y administraciones públicas suma casi tres veces el valor del PIB—, el foco permanece sobre la necesaria puesta en marcha de medidas de reestructuración de la deuda empresarial. Y, sobre todo, el Ejecutivo comunitario exige a España mayores esfuerzos en su lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración.