Los pilares de la sociedad aguantan

La sociedad española sigue aguantando, sin hundirse, un año más. Y ello a pesar de los estragos que ya ha causado una crisis que apenas ahora da signos de querer amainar: generalizado empobrecimiento, creciente desigualdad (con la consiguiente quiebra de lo que era una amplia y estabilizadora clase media: lo percibe así el 92% de los españoles), profundo desgaste institucional… Daños, todos ellos, que de forma masiva (80%) la ciudadanía considera de difícil y, en todo caso, lenta reparación. Pero pese a ello, y como a lo largo de estos últimos siete años, el país resiste. Y lo hace gracias al sostenido buen hacer de muchas de las instituciones que lo vertebran y que consiguen compensar las —para la ciudadanía— cada vez más irritantes e insoportables carencias de tantas otras.

Quienes siguen funcionando, y quienes siguen mereciendo una altísima aprobación ciudadana, son, ante todo, los investigadores científicos, los médicos del sistema público de salud y los profesores de la enseñanza pública. Es decir, tres cuerpos profesionales (modestamente retribuidos, duramente castigados por los recortes) de los que los españoles valoran no solo su contribución al bienestar público sino también, y con una perspicacia no tan compartida como sería deseable, su irreemplazable papel ante un mejor futuro colectivo. Y en este punto hay que reseñar una grave señal de alarma que no debería ignorarse: la sanidad pública (su funcionamiento, no sus profesionales) ya no merece una aprobación mayoritaria. En solo un año, su evaluación ciudadana ha perdido 24 puntos: la caída más importante de las 34 instituciones evaluadas. Resulta difícil pensar que no vaya a tener reflejo alguno en las urnas el hecho de que, en un período ya casi preelectoral, los españoles entiendan que la que tienen por joya de su corona institucional esté empezando a verse seriamente dañada por la crisis y por los recortes.

En la cima del aprecio popular permanecen también las obras sociales (Cáritas, los servicios asistenciales municipales), la Guardia Civil, los movimientos sociales y las ONG, la policía, la Universidad y las Fuerzas Armadas: todas ellas instituciones con claro perfil altruista/protector/asistencial. Y aun cabe añadir a la lista a los abogados que con su beligerancia en cuestiones consideradas de interés colectivo —tasas judiciales, defensa gratuita— logran, una vez más, quedar por encima de las restantes profesiones jurídicas; y a la prensa que, pese a su generalizada incertidumbre económica, logra conservar una evaluación ciudadana más que digna.

La novedad que en este apartado de las “buenas” instituciones resulta especialmente destacable, concierne a la Corona: en menos de dos meses, con Felipe VI, ha logrado una llamativa recuperación del aprecio público (de hecho, es la única institución que obtiene un porcentaje aprobatorio ampliamente superior al de 2013).

La Iglesia, por su parte, sigue siendo objeto de una evaluación muy dispar según se trate de su obra social (Cáritas), de los curas de las parroquias o de los obispos. Los españoles parecen evaluar de forma muy distinta lo que unos declaran públicamente y lo que, más calladamente, hacen otros a pie de calle.

Sigue sin ser cierto, como a veces se dice, que los españoles recelen especialmente de su tejido empresarial. Sin duda, y como muestran los datos, su imagen se ha podido enturbiar algo con la crisis y, no sin cierta paradoja, con la incipiente recuperación. Al español medio (que no es economista) le cuesta entender —y nadie se lo explica de forma creíble— que si vuelve a haber beneficios estos no conlleven un inmediato y paralelo incremento del empleo. De ahí sin duda su suspicacia, que propicia una evaluación más crítica de las empresas. Con todo, lo cierto es que las pymes siguen estando en lo alto de la clasificación de confianza institucional y que, pese a haber decrecido, el porcentaje de aprobación de las más grandes (29%) sigue siendo superior al que, por ejemplo, registran estas en un país como Estados Unidos (22%, según datos de Gallup). Las instituciones financieras que, en conjunto, continúan siendo las empresas peor evaluadas, no han logrado todavía sacudirse la pésima imagen que el sonado, y para todos costoso, fiasco de cajas y bancos “malos” ha proyectado, indiferenciadamente, sobre todo el sector. Por supuesto, cuando tienen ocasión de expresar una evaluación más matizada, los españoles saben distinguir el grano de la paja: por ejemplo, en el Barómetro anual de Metroscopia sobre imagen ciudadana de las empresas españolas, entre las diez citadas como más merecedoras de confianza figuran precisamente tres entidades bancarias. Pero en el imaginario colectivo el término “Banco” dista mucho de connotar lo que de sólido y bueno pueda haber en nuestro sistema financiero y, en cambio, evoca la que para muchos es su cara menos amable, más incompetente y rapaz.

Y quedan por considerar los casos del sistema jurídico y del político: merecen una consideración detenida. La tendrán en la próxima —y última— entrega de esta serie.

José Juan Toharia es catedrático emérito de Sociología y presidente de Metroscopia. El presente texto, segundo de una serie de tres, es un avance del libro Pulso de España 2014, dirigido por Antonio López Vega, con patrocinio de Telefónica y de próxima publicación en Ediciones El País.