Hacienda relaja la devolución del crédito para dar margen a las comunidades

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer a las comunidades autónomas una flexibilización de las condiciones de devolución de los créditos concedidos a través del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una suerte de mecanismo de rescate financiero de las autonomías introducido por el Gobierno en 2012. El Ejecutivo atiende así una de las demandas de los distintos territorios con vistas a un año electoral clave, marcado por comicios autonómicos y municipales y elecciones generales. Aun así, esta decisión recibió las críticas de la Comunidad de Madrid —que no recurrió a ese instrumento—, Andalucía y Cataluña, por considerarla insuficiente.

Montoro adelantó esta decisión, que supone un ahorro de más de 2.000 millones de euros, durante la última reunión del curso político del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de interlocución entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades. Se trata de una reducción al 1% de los intereses de devolución del fondo de liquidez entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

El Gobierno ya había aplicado quitas progresivas a esos intereses, que en 2012 eran del 5,18% y fueron bajando hasta quedarse en 2,4% en 2014. Esta medida, dirigida a que las comunidades autónomas dispongan de más liquidez, supondrá un ahorro 2.047 millones. Montoro anunció también la ampliación de un año en la amortización y de un año de periodo carencia del FLA solicitado en 2012 —con otros 2.080 millones de alivio—. Casi todas las autonomías, salvo la Comunidad de Madrid, Aragón, Galicia, Castilla y León y Navarra, se acogieron a ese fondo. Hacienda, en cualquier caso, supeditará la aplicación de esta flexibilización a que las comunidades inviertan en pago a proveedores, y Montoro dejó claro anoche al término de la reunión que esta medida no supone una relajación del déficit público.

“Lo que hace es dar más liquidez, más tesorería, pero también más recursos, porque lo que hace es reducir los costes financieros de las comunidades autónomas, que así disponen de mayores recursos económicos para ofrecer servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad y la protección social”, señaló el ministro.

Hacienda tenía previsto debatir también con las comunidades autónomas los Planes Económicos Financieros (PEF) de Cataluña, Generalitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra, las autonomías que no cumplieron con el objetivo de déficit de 2013. Estos Gobiernos regionales enviaron al Ejecutivo unos planes de ajuste que, en algunos casos, incluían nuevos copagos por asistencia en las consultas médicas o por receta. Finalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aplazó el debate de los planes de ajuste presentados por esos Gobiernos autónomos, salvo el de Aragón. De esta forma, según Hacienda, podrán volver a calcular con el ahorro derivado de la rebaja del interés.

En cualquier caso, la objeción de las comunidades que se acogieron al FLA consiste en que el dinero ahorrado equivale al esfuerzo adicional que deberán hacer para ajustarse al objetivo de déficit, fijado en el 1% para 2014. Así lo expresó, por ejemplo, la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que mantuvo que las reducciones de los intereses del fondo de liquidez “apenas tendrán efecto” porque para Andalucía solo supondrán un ahorro de 73 millones de euros, y “no compensan los 80 menos recibidos por la liquidación”. Lo rebatió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien dijo que Andalucía salía de la reunión con 502 millones de euros más.

Sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera también estuvieron las reivindicaciones de autonomías como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que reclaman una nueva financiación. Los Gobiernos del Partido Popular en Madrid y Valencia, muy preocupados con vistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales, mantienen desde hace más de un año un intenso pulso con Montoro por la revisión del modelo. En un primer momento, el Gobierno prometió que esa reforma se abordaría después de la fiscal, aunque finalmente el ministro de Hacienda aplazó esa revisión a 2015.

La reciente publicación de las balanzas fiscales reflejó, según destaca el Ejecutivo de Ignacio González en Madrid, los agravios comparativos entre comunidades. Esos datos, denunció, muestran que los madrileños aportan 16.000 millones más de los que reciben. Montoro enfrió ayer esas reivindicaciones: “Estamos aplicando la ley actual sin ninguna discrecionalidad por parte del Gobierno”.