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La Comunidad Valenciana es la peor parada en la financiación autonómica

Los expertos de Montoro estiman en 6.590 millones los desajustes del reparto

Ángel de la Fuente, antes de la presentación del informe sobre las balanzas fiscales. Ampliar foto
Ángel de la Fuente, antes de la presentación del informe sobre las balanzas fiscales.

La financiación de las competencias comunes asignadas a todas las comunidades solo supone un 25% del gasto público computado, señalan los expertos a los que Hacienda encargó el informe sobre balanzas fiscales. Pero la financiación autonómica suscita desde hace años una enorme controversia política. Ángel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel lo destacan como uno de los dos “aspectos preocupantes” —el otro es la menor presión tributaria, de la que disfrutan País Vasco, Navarra, Canarias y Ceuta y Melilla por sus regímenes especiales— que han hallado en los saldos regionales, aunque con una magnitud “relativamente limitada”.

Fuente: Informe de los expertos de Hacienda.
Fuente: Informe de los expertos de Hacienda.

Así, los desajustes en relación a los que deberían recibir para que todas las comunidades ofrecieran el mismo nivel de servicios públicos a sus habitantes equivaldrían a 6.590 millones, y estarían muy distorsionados por la incorporación en el cálculo de País Vasco y Navarra, que disfrutan del régimen foral. La conclusión de los expertos, en un informe aparte del distribuido por Hacienda, es que la Comunidad Valenciana, con una infrafinanciación de 1.893 millones, es la peor parada, seguida por Andalucía (-1.687 millones) y Cataluña (-994 millones), mientras que País Vasco (4.455 millones) y Navarra (1.133 millones) están ampliamente sobrefinanciadas.

Más allá de la incidencia en el debate soberanista en Cataluña, los resultados del informe desencadenó un reguero de valoraciones de los principales responsables autonómicos.

COMUNIDAD VALENCIANA

“Una injusticia”

La conclusión de los expertos no puede ser más clara: “En el caso de Valencia, igualar la financiación por habitante con la media nacional bastaría para eliminar más del 90% del déficit fiscal”. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, no perdió la ocasión de reivindicar la necesidad de un nuevo sistema de financiación, reforma que el Gobierno central, también del PP, ha aplazado. “Los datos de Hacienda demuestran la infrafinanciación de la Comunidad”, afirmó, “se está produciendo una injusticia, lo que transfiere el Estado no da para cubrir los gastos de políticas sociales y educación”.

MADRID

No tan maltratada

La balanza fiscal, según el método elegido por los expertos, volvió a situar a la comunidad de Madrid como la que presenta un mayor desfase fiscal con el resto del país. Pero el estudio concluye que ese déficit (16.723 millones, el doble que el catalán) no tiene tanto que ver con los desajustes en el sistema de financiación, como reclama el Ejecutivo de Ignacio González (PP). Según su estimación, son 365 millones de infrafinanciación, apenas el 2% del total.

ANDALUCÍA

Resultados dispares

Andalucía es la comunidad que disfruta de un mayor superávit en su balanza fiscal (7.421 millones de euros), aunque la Consejería de Hacienda andaluza optó por fijarse en los datos en relación al PIB y al número de habitantes, que sitúan a Andalucía como la séptima comunidad, para sostener que “las balanzas fiscales desmienten que la comunidad sea la que recibe más solidaridad”. En el caso andaluz, ese superávit fiscal se produce pese a la financiación autonómica. Según los expertos, sería la segunda comunidad peor parada en el reparto de recursos para financiar las competencias comunes, lo que llevó a la Junta de Andalucía (PSOE-IU) a pedir también una reforma del sistema.

PAÍS VASCO

En defensa del cupo

El informe de los expertos concentra buena parte de los problemas de distribución del gasto en el régimen foral del que disfrutan País Vasco y Navarra. El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria (PNV), defendió la “plena validez” del concierto económico, una figura “consagrada” en la Constitución, que contribuye a la solidaridad entre comunidades y que supone “un riesgo unilateral” para Euskadi, porque si no se logra la recaudación presupuestada el dinero del cupo (cantidad que se paga al Estado por las competencias no transferidas) se paga igualmente. Gatzagaetxebarria aseguró que las conclusiones del informe —“una opinión que ha podido dar algún experto”, dijo— “no debe afectar” a las negociaciones sobre la renovación del cupo.

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