Lo más preocupante no está en Cataluña

Las balanzas fiscales pueden valer para arrojar algo de luz sobre dos cuestiones. Primero, para detectar y cuantificar discriminaciones a favor o en contra de los ciudadanos de un territorio. Entiendo que esto es lo que debe interesarle al Gobierno central y al conjunto de españoles que les preocupa la equidad en todas sus dimensiones. La herramienta y los números presentados ayer (miércoles) son los más apropiados para este fin.

Pero el cómputo de las balanzas fiscales puede servir también para el debate sobre la independencia de un territorio. En este caso el objetivo no es determinar tratos injustos sino beneficios o costes netos de una secesión. En este caso, la alternativa metodológica que defiende la Generalitat, parecida a la empleada en el caso escocés, parece más apropiada. Y en este sentido hay que tener presente que la aplicación de esta metodología conduce a mayores saldos desfavorables a Cataluña. Pero también que se debe andar con tiento al interpretar la cifra como un ahorro fiscal para los ciudadanos catalanes; porque no se tiene en cuenta gastos que pasaría a tener que hacer la Generalitat y porque en un escenario de secesión las turbulencias podrían alterar radicalmente las magnitudes económicas de Cataluña y, por tanto, sus flujos fiscales.

En definitiva, existe más de una pregunta y más de una opción metodológica. Es lógico que el Ministerio de Hacienda se centre en la primera pregunta y una Generalitat a favor de la independencia en la segunda. Lo importante es que todos lo tengamos claro y que el Ministerio de Hacienda ofrezca toda la información que el Gobierno catalán necesite para hacer los cálculos que considere oportunos.

Aclarado lo anterior, en los documentos publicados ayer (miércoles) destacan, a mi juicio, tres resultados. El primero, es que lo que pasa con Cataluña no es una anomalía. Su saldo es coherente con su nivel de renta per cápita: los ricos pagan más impuestos. En segundo lugar, los saldos fiscales de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, Murcia y Baleares son claramente peores que lo que cabría esperar teniendo en cuenta su nivel de renta. Entre otras posibles explicaciones se encuentra el que el sistema de financiación autonómico les proporciona menos recursos que a las demás. Y esto es algo que viene de muy atrás.

Finalmente, el régimen especial canario y el sistema foral en la forma en que lo disfrutan el País Vasco y Navarra, les permite a los contribuyentes residentes en estos territorios pagar menos impuestos y/o que sus gobiernos autonómicos y locales cuenten con más recursos. Como se muestra en los datos distribuidos ayer, en estos tres territorios se concentra la parte potencialmente más problemática y discutible de los saldos fiscales regionales.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo