La oposición llevará al Constitucional el macrodecreto

La oposición llevará al Tribunal Constitucional el macrodecreto del Gobierno que modifica una treintena de leyes. El decreto ya está en vigor, ha sido convalidado en el pleno de la Cámara con el voto de los populares y será sometido a tramitación parlamentaria tras la protesta airada de toda la oposición. El PSOE ha anunciado que presentará este recurso y ha invitado al resto de grupos a sumarse. IU, UPyD y parte del grupo mixto han confirmado que lo harán; el PNV aún no lo ha decidido y CiU, aunque votará en contra, no irá al Tribunal Constitucional. Todos ellos, salvo el PP, han arremetido con dureza contra el Gobierno porque, según han explicado, se vulnera la Constitución.

Izquierda Plural, PNV, ERC y BNG ni siquiera han querido participar en la votación,

La tesis de todos los grupos es que “es una chapuza”, que “hurta el debate” y que incluye “medidas sin relación entre sí” incluidas en un decreto para evitar el debate pormenorizado de cada uno de sus puntos, “burlando la soberanía del Parlamento” y eludiendo los informes preceptivos. Todos los portavoces han arremetido con dureza contra el Gobierno, cuestionando su voluntad de regeneración democrática mientras se utiliza un instrumento legislativo así.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de tomar medidas urgentes y necesarias para reforzar la recuperación, como apoyo a autónomos y jóvenes desempleados. En todo caso, ha sido imposible el debate sobre los puntos concretos del decreto, por su complejidad, por su extensión y porque se impuso la discusión sobre el instrumento legislativo utilizado.

No traemos recortes por decreto, sino estímulos”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.

En defensa de la tramitación ha intervenido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con tres argumentos básicos: la urgencia, los precedentes y la herencia. “Hay extraordinaria y urgente necesidad porque no podemos decir a los jóvenes parados, a los autónomos, a los comerciantes y a los demás afectados que esperen, porque tiene que haber un debate”, ha asegurado la vicepresidenta, para quien la situación de recuperación con datos como los 11 meses consecutivos de mejora del paro “obligan a usar todos los instrumentos a nuestro alcance”.

El artículo 86 de la Constitución estable que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes”. Esos textos entran en vigor inmediatamente, pero deben luego ser convalidados en el pleno, aunque puedan tramitarse como proyectos de ley posteriormente como ha terminado aceptando el Gobierno por la presión del resto de grupos.

En este caso, los grupos se quejan también de que no han tenido tiempo de trabajar las 117 páginas publicadas el sábado en el BOE y que ayer dio lugar a una fe de errores de seis páginas y 68 correcciones. Todo el trámite lo puede sacar adelante el PP con su mayoría absoluta.

El segundo argumento de la número dos del Gobierno es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya lo hizo igual. Por ejemplo, en 2010 cuando presentó un decreto con lo que entonces fue el mayor recorte de gasto social. “No traemos recortes por decreto, sino estímulos”, ha asegurado la vicepresidenta. Según ha dicho, desde 1978 se han aprobado 563 decretos, es decir, según ella “no es un instrumento que se haya inventado este Gobierno”.

La socialista Soraya Rodríguez ha hablado de “chapuza legislativa”, “batiburrillo” y “espectáculo bochornoso”

Su siguiente argumento es el de la herencia recibida del PSOE: “Se está sacando al país al borde del rescate en que le dejaron”. Al PSOE les ha dicho que “ustedes pretenden dejar un país al borde del rescate y decirle que espere a que se lean 117 páginas”. “Ustedes”, ha dicho Sáenz de Santamaría al PSOE, “hicieron por decreto los mayores recortes y para reprender no se pueden tener faltas. Me sorprende la escasa memoria del PSOE” y buscan excusas de forma para críticas “un pedazo de texto de reformas”. Ha explicado que en 2010 el Gobierno de Zapatero usó un decreto para abrir la puerta a la privatización de AENA y de Loterías del Estado.

Los grupos le han replicado poniendo de manifiesto que incluye medidas que no son urgentes como la rectificación del nombre de una exposición, el cambio de una ley de hace solo cuatro meses y una modificación en una norma de indemnización a afectados por el terremoto de Lorca, entre otros muchos. Es decir, en su opinión, medidas inconexas y sin urgencia alguna. O que algunas de las medidas no entren en vigor hasta 2015 como se dice en el propio decreto.

La socialista Soraya Rodríguez ha hablado de “chapuza legislativa”, “batiburrillo” y “espectáculo bochornoso”. Ha hecho referencia a puntos concretos para poner de manifiesto que no hay urgencia y que no tienen relación entre sí, ni afectan a la recuperación económica. También ha aportado datos para mostrar que este Gobierno es el que más abusado de los decretos, con uno cada 17 días de legislatura. Un 40% de sus normas han sido decretos y en este caso afecta a nueve ministerios y ninguno de ellos estará en el Parlamento para defender y debatir la reforma legal. Según sus datos, Adolfo Suárez hizo 17 decretos por año; Felipe González nueve por año; José María Aznar 16; José Luis Rodríguez Zapatero 13, y Mariano Rajoy lleva 28 cada año. Es el que mayor porcentaje tiene de todas sus normas.

En referencia al decreto que Zapatero aprobó con recortes en 2010, la socialista ha explicado que fue consecuencia de una reunión del Eurogrupo, cuando “el país se caía” y fue precedida de una conversación con todos los grupos parlamentarios. Por último, el presidente del Gobierno de entonces acudió a la Cámara a defenderlo, mientras que ahora Rajoy ni está presente en el debate.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, habló de “decretón” y de “burla a la democracia”. Los diputados nacionalistas vascos no participaron en la votación como protesta. Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha acusado al Gobierno de “soberbia” y de considerar que “el Parlamento es un estorbo”. Y para Joan Coscubiela (ICV) hay una “corrupción de la democracia”. Para Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU, se vulnera la Constitución con el macrodecreto, porque no cumple los requisitos para no utilizar el proyecto de ley. "Le pedimos al PP un cambio profundo de sus aptitudes en su manera de gobernar esta legislatura. Dejen de abusar de la mayoría absoluta. Dejen de legislar con soberbia y prepotencia", ha dicho.