“Si matan a tu hermana, esperas que haya un juicio”

Una rebelión —la de casi todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional—, una peligrosa laguna legal —la que ha permitido liberar a medio centenar de narcos— y un agradecimiento —el del Gobierno chino—. Es lo que ha provocado, de momento, la reforma del Gobierno para finiquitar el principio de jurisdicción universal modificando la ley para que solo puedan investigarse en la Audiencia causas por genocidio, crímenes de guerra o torturas cuando los responsables sean españoles, residan en España o sean extranjeros cuya extradición haya sido denegada por autoridades españolas.

Crímenes horrendos cometidos en lugares remotos como Irak, China, Tíbet, El Salvador o Ruanda acabaron en el despacho de un juez español porque sus víctimas pidieron justicia en la Audiencia Nacional, el tribunal desde el que se había ordenado detener al dictador chileno Augusto Pinochet. Las víctimas españolas acudieron a la Audiencia por entender que la justicia de su país perseguiría, allí donde estuvieran, a los asesinos de sus compatriotas. Y las víctimas extranjeras lo hicieron porque en muchos casos era su propio país al que denunciaban, porque ese país no reconoce y por tanto no se somete al Tribunal Penal Internacional, porque no tenían otro sitio al que acudir.

Los jueces que han criticado con dureza la reforma — “chapucera”, “ilógica”, “inconstitucional”— pelean por mantener abiertas sus causas considerando los delitos como terrorismo o interpretando que prevalecen los tratados firmados por España, como el Convenio de Ginebra. Las víctimas pelean para no caer en el olvido. Este es su testimonio.

T.  Wangchen (Tíbet): “China tiene a todos comprados”. El día que desde la Audiencia Nacional se ordenó detener al expresidente de China Jiang Zemin y otros cinco dirigentes del partido comunista chino por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en Tíbet, Thubten Wangchen, tibetano, no se permitió hacerse ilusiones. “Sé cómo es China, sabía que responderían”. El país asiático, que tiene el 20% de la deuda española, se apresuró a trasladar su malestar, y el partido en el Gobierno, el PP, se dio más prisa aún en impulsar una ley que forzara el archivo del caso. La reforma se publicó en el BOE el pasado 14 de marzo, tras un procedimiento sumarísimo, sin consulta al Consejo de Estado o al Poder Judicial.

Wangchen esperaba “las presiones de China”, pero confiaba en que “el país que se había atrevido a perseguir a Pinochet” no cediera a ellas. La causa, abierta en 2008, perseguía a responsables de más de 200 muertes, 1.000 heridos y 5.972 detenciones ilegales consideradas un crimen de lesa humanidad, pero fue archivada el pasado 23 de junio por la reforma del Gobierno. “Estoy muy decepcionado. ¿Cómo un país libre, democrático, ha dejado que China le diga lo que tiene que hacer? ¡Han cambiado derechos humanos por dinero! China tiene a todos comprados”.

Wangchen tenía cinco años cuando China invadió Tíbet, en 1959. “Mi padre me dijo: ‘Mamá ha muerto’. Los chinos la habían fusilado. Mataron a muchas mujeres porque las veían como fábricas de hacer tibetanos. Mi madre estaba entonces embarazada”. La familia huyó caminando por el Himalaya hasta Nepal. “Dormíamos en la calle y comíamos de lo que nos daban. Finalmente, el Dalai Lama pidió a India que ayudara a los niños tibetanos y nos llevaron a la escuela. Con 16 años me hice monje y me preparé con el Dalai Lama, lo mejor de mi vida”.

Wangchen lleva 32 años en España y tiene la nacionalidad desde 1996. “En Katmandú conocí a unos hippies españoles que venían a buscar drogas y a los que enseñé a meditar. Me invitaron a España y finalmente me quedé. Este país me ha decepcionado, pero no pierdo la esperanza. El Gobierno español cambiará y China no va a callarnos”, asegura.

Zhao (China): “Las torturas no eran para que hablara, sino para que sufriera”. También ha sido archivada la querella contra China por genocidio y torturas a los practicantes del movimiento espiritual Falun Gong, presentada en 2004. “España tiene la responsabilidad y la obligación de perseguir estos crímenes y defender los derechos humanos porque puede hacerlo: es un país democrático, tiene los medios y la experiencia y China no”, afirma Zhao Fenghua, de 46 años, torturada por practicar Falun Gong. “China lo prohibió en 1999 —lo considera un “culto diabólico”— porque se asustó de que tanta gente creyera en otra cosa que no fuera el Partido Comunista. Así empezó la persecución”. Zhao asegura que pagaban 120 dólares (el sueldo de un mes) por delatar a seguidores del movimiento.

A ella la detuvieron dos veces. “La primera en 1999. Nos intentaban lavar el cerebro con vídeos y nos obligaban a trabajar horas y horas fabricando objetos para exportación, en mi caso, flores de plástico”, recuerda.

El segundo arresto, asegura, estuvo a punto de matarla. Fue en 2003. “Pedí que me liberaran porque no había cometido ningún delito e inicié una huelga de hambre. Entonces empezaron las torturas: no para que hablara, sino para que sufriera. Cada día cuatro presos me inmovilizaban y otra presa me metía una sonda muy gruesa por la nariz para inyectarme comida. Yo sentía que me ahogaba. Lo hacían de una forma tan brusca que cada vez sangraba por la nariz y vomitaba. Después me llevaban a una celda aislada y me encadenaban con esposas y una anilla al suelo de tal forma que no podía ni sentarme ni ponerme de pie. Era imposible dormir. Dejé la huelga de hambre. Había oído que una chica murió ahogada mientras le hacían lo que a mí”.

Poco después, fue trasladada al campo de reeducación y trabajos forzados con otros practicantes de Falun Gong. “Un policía me obligó a firmar un papel en el que decía que iba a estar tres años en ese campo. Estaba tan débil que me trasladaron en camilla. Los del campo de trabajo no me aceptaron porque temían que muriera allí. Discutieron mucho con el policía que me había llevado. Finalmente, me liberaron”.

Durante todo ese tiempo, Zhao no vio a un abogado. Tampoco tuvo un juicio pese a que pretendían privarla tres años de libertad. El llamado “sistema de reeducación por el trabajo” permite a la policía china encarcelar sin ningún proceso judicial a prostitutas, drogadictos, activistas, disidentes y practicantes de Falun Gong. El Ministerio de Justicia chino aseguraba que había 160.000 personas internadas en 350 centros de este tipo en 2008. La televisión pública eleva esa cifra a 310.000.

Familia Couso. “Fue un crimen de guerra”. “A ver qué zancadilla nos viene ahora. Ya estamos preparados”, asegura Maribel Permuy, madre de José Couso, el cámara de Telecinco muerto por un misil estadounidense el 8 de abril de 2003 en Bagdad, durante la guerra de Irak. El pleno de la sala de lo penal acaba de avalar al juez Santiago Pedraz para que siga investigando el caso, pero 11 años de lucha han enseñado a esta familia a no hacer grandes celebraciones cuando dan pasos adelante —como la orden de detención de 2005 contra tres militares estadounidenses— y sobre todo a no hundirse ante esos reveses que Permuy llama zancadillas —como el descubrimiento, en 2010, de los cables de Wikileaks que revelaban la maniobra de EE UU con las autoridades españolas para cerrar la causa—. “Nos han archivado el caso varias veces pero la querella sigue viva. Y nunca vamos a tirar la toalla. Iremos al Constitucional, a Estrasburgo hasta que se celebre un juicio justo por la muerte de mi hijo, que fue un crimen de guerra”.

Sabela Couso habló con su hermano tres días antes de que lo mataran. “Le reñí por unas imágenes suyas que había visto en el informativo y que estaban grabadas en la calle. Él me dijo: ‘No te preocupes porque ahora vamos a grabar todo en el hotel, donde nos han dicho que tenemos que estar. Ahí estamos seguros’. Nuestro miedo y el suyo era a un fuego cruzado. No se nos pasaba por la cabeza que EE UU le disparara”. La mañana que le mataron, recuerda su madre, “los americanos atacaron también Al Yazira y murió otro periodista”.

Couso no murió en el acto. Mientras se desangraba, todavía consciente, le dijo a su compañero Jon Sistiaga: “Ha sido el tanque americano”. Llevaba toda la mañana grabándolo, así que vio cómo se giraba, apuntaba y disparaba al hotel. “Todo eso está grabado”, recuerda Maribel. “Desde aquel día tengo que dormir con la radio para intentar borrar esa imagen de mi hijo ensangrentado, arrastrado con un colchón por los periodistas, pidiéndoles que le tapen la cara para que sus hijos no le vieran así”. Los niños tenían entonces 3 y 6 años. El mayor empieza ahora la universidad. Los responsables del disparo que mató a su padre han hecho caso omiso de la orden de detención de la justicia española. “¡Antes se helará el infierno!”, respondió un funcionario estadounidense cuando le preguntaron si irían a declarar a España.

Maribel acaba de reunirse con todos los grupos parlamentarios. “Les dije que si fuera la madre de una víctima de ETA estarían todos a mi lado, pero como no lo soy, mi hijo José es un muerto de segunda”. Tiene mala experiencia con los políticos. “Trillo me llamó para decirme que el cuerpo de mi hijo ya había salido de Bagdad. Los periodistas fueron a la morgue, abrieron los sacos y comprobaron que José seguía allí. Hicieron una colecta para comprar hielo y que su cuerpo no se descompusiera”, relata Maribel. “Lo más satisfactorio de esta lucha ha sido esa solidaridad. Toda la gente anónima que venía a apoyarnos en las protestas ante la embajada de EE UU y que después de tantos años de ver sus caras y recibir sus abrazos forma parte de ti”.

Sirera (Ruanda).“Se hicieron la foto ante el cuerpo de mi hermana. Luego se olvidaron”. “Cuando matan a alguien de tu familia esperas que haya un juicio. Todos tenemos una idea de lo que es justo. Hasta los niños saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. El Gobierno sabe que esta reforma motivada exclusivamente por intereses económicos está mal, pero le da igual. Eso sí, cuando repatriaron el cuerpo de mi hermana, los políticos, en concreto Matutes y Gallardón, bien que fueron a hacerse la foto. Después se olvidaron”, critica José María Sirera, hermano de María Flors, asesinada en Ruanda en 1997. Tenía 33 años.

La causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio de Ruanda es otra de las que corre peligro. Se presentó en 2005 e incluía a nueve víctimas españolas, entre ellas Flors Sirera, enfermera asesinada el 18 de enero de 1997 con otros dos cooperantes españoles de Médicos del Mundo, Luis Valtueña y Manuel Madrazo.

Mahmud S. Daf (Sáhara). “El juez me dijo: ‘Esperemos que nos dejen trabajar”. Un equipo de forenses españoles recuperó en septiembre de 2013 de dos fosas comunes en el Sáhara los restos de ocho fusilados en 1976. Entre ellos, el padre y el hermano de 14 años de Mahmud Selma Daf, quien se sumó a la querella por genocidio al pueblo saharaui interpuesta contra Marruecos en 2006. El juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la causa en 2007 y su sustituto, Pablo Ruz, la mantiene abierta. “Me tomó declaración el pasado 12 de febrero. Fue muy emocionante que un juez me escuchara. Al terminar me dijo: ‘Esperemos que nos dejen trabajar”.

Mahmud tenía cuatro años cuando su padre y su hermano desaparecieron. “Mi madre nunca se recuperó. Cada noche se despertaba gritando: ‘¿Dónde está mi hijo?, ¿Qué han hecho con mi marido?”, recuerda. Un testigo que había presenciado las ejecuciones permitió localizar la fosa. Y una prueba de ADN demostró que los restos pertenecían al padre y al hermano de Mahmud.

“España tiene una responsabilidad en el Sáhara. Y un país democrático que ha sido la marca de la defensa de los derechos humanos no puede, de la noche a la mañana, cambiar una ley por intereses económicos”, lamenta.

C.Martín-Baró (El Salvador) “Ya no tengo fuerzas”. El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados por militares salvadoreños seis jesuitas (cinco españoles) y dos mujeres. En 1990 se celebró en El Salvador un juicio: solo dos de los 14 procesados fueron condenados y una ley de amnistía los dejó en libertad poco después. En enero de 2009, la Audiencia Nacional admitió una querella contra los responsables. En 2011, el juez Velasco procesó a 20 cargos militares salvadoreños por la matanza, incluido el entonces ministro de Defensa. En 2014, el Gobierno español aprobó de urgencia una ley para cerrar investigaciones de este tipo. El juez la mantiene abierta, por asesinato terrorista. Pero todo este proceso ha desanimado a la familia del jesuita Nacho Martín-Baró. “Ya no tengo fuerzas”, explica su hermana Cristina.

“Mi hermano tenía 17 años cuando llegó a El Salvador”, recuerda. Cuando lo mataron, acababa de cumplir 47, era vicerrector de la Universidad Centroamericana e Ignacio Ellacuría, asesinado con él ese día, el rector. “Algunos de los asesinos habían sido alumnos suyos”. A Cristina le gustaría que los responsables fueran “juzgados en España”, pero admite que tiene pocas esperanzas.