Veinte años sin justicia

Buena parte de los catorce ex militares salvadoreños implicados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, el ama de llaves y su hija, regentan hoy empresas, disfrutan de retiros y cargos, frecuentan cuartos de banderas y se pertrechan contra la persecución de la Audiencia Nacional y de la Asociación Proderechos Humanos de España (APDHE). Varios cabildean políticamente para impedir que la ley de amnistía de 1993 sea derogada por el Gobierno que salga de las elecciones del próximo 15 de marzo en El Salvador.

"No veo mucho interés en algunas instancias de nuestro país por reabrir el caso, pero celebramos que en España se haga la justicia que en El Salvador no se puede hacer", señala Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, donde, entre 1980 y 1992, murieron 75.000 personas, desaparecieron otras 7.000 y cientos de miles quedaron lisiadas, huérfanas, viudas o sin hogar. La justicia ha sido imposible, porque la separación de poderes parece ser todavía ciencia-ficción.

"El Salvador debe cumplir los acuerdos con España", afirma Manuel Ollé, abogado promotor de la querella

La matanza que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, y la APDHE revisan, aplicando el principio de la ley universal para los crímenes de lesa humanidad, ocurrió a primeras horas del día 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Central Americana (UCA). Los jesuitas al cargo del centro, dirigidos por su rector, el español Ignacio Ellacuría, eran considerados por el ejército corrosivos teólogos de la liberación y cómplices del comunismo.

Ignacio Ellacuría (Portugalete. 1930) tenía 59 años cuando fue asesinado. Nunca fue un sacerdote pusilánime frente a las injusticias. Comenzó sus denuncias contra la ultraderecha salvadoreña y los paramilitares desde la revista de Estudios Centro Americanos (ECA). El asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977 -dos años antes de que el vizcaíno fuera nombrado rector de la UCA- conmocionó a la comunidad jesuita, que redobló su labor en defensa de los más débiles. Los militares, desde sus órganos se difusión, les llamaban subversivos. "Haga patria, mate a un cura", animaban algunos pasquines. El golpe de 1979 desató una violencia que alcanzó al arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado un año después. Ellacuría no se calló y tuvo que marchar a España, en 1980, bajo protección diplomática. Cuando regresó a El Salvador, en 1989, a Ellacuría le esperaba la muerte. Con él la encontraron los padres Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Fueron asesinados en la casa comunitaria de los religiosos en la Universidad Centroamericana, el 16 de noviembre de 1989, junto con la empleada y su hija de 15 años.

Las víctimas fueron ultimadas por soldados del batallón Atlacatl, que dejaron pintadas atribuyendo los crímenes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El juicio de 1990, que condenó a dos procesados y absolvió al resto, fue más un encubrimiento que otra cosa, según los observadores independientes, entre ellos, los enviados por España.

La mayoría de los acusados son ahora empresarios, pensionistas o beneficiarios del patrimonio obtenido durante la guerra, según afirma un periodista salvadoreño. ¿Son pequeños empresarios? "No tan pequeños. El ex coronel Orlando Cepeda es accionista de una de las grandes depuradoras de basura de El Salvador, otros administran negocios de armamento". El ex coronel Sigfrido Ochoa, de oscuro pasado, fue embajador en Honduras. Ni su patrimonio ni su libertad peligran de momento.

Los 14 reos no han respondido por su pasado. Algunos, como René Emilio Ponce, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cristiano evangélico, o el propio Cepeda, defienden a capa y espada la ley de amnistía desde su plataforma, la Asociación de Veteranos Militares (Asvem), o desde otros ámbitos, según las fuentes consultadas en El Salvador y Madrid.

"Yo, personalmente, he pedido perdón infinidad de veces en público por lo que cometí en mi odio, (...) pero también he perdonado a quienes asesinaron de 50 balazos a mi padre de crianza", dijo Ponce. "Sé que si se reabren heridas puede sobrevenir una nueva guerra. Sería bueno que de una y de otra parte (ejército y ex guerrilla) ayudáramos no sólo pidiendo perdón, sino haciendo esfuerzos para localizar a los desaparecidos y que sus familiares tuvieran el consuelo de darles santa sepultura".

Sepultura, pero también justicia. No será fácil. Es tal la desconfianza de los salvadoreños progresistas en las instituciones de su país, que el abogado español Manuel Ollé, director de la APDHE, promotor de la querella contra los militares junto con el Center for Justice and Accountability (Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas), con sede en San Francisco, observa "un gran clamor social a favor de que un tribunal penal internacional haga la justicia que no se ha hecho allí". "Al actual Gobierno de El Salvador no parece que le haya gustado mucho nuestra querella", agrega Ollé, "pero entiendo que debe cumplir escrupulosamente el tratado bilateral entre España y El Salvador sobre colaboración judicial en materia penal". Si lo hace, deberá atender las comisiones rogatorias y solicitudes de la Audiencia. El presidente salvadoreño, Antonio Saca, de la derechista Arena (Alianza Republicana Nacionalista), rechazó la intervención española por considerar que "en nada contribuye al desarrollo democrático de nuestro país"; el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, la recibió con escaso entusiasmo y no parece tener prisa por acometer la derogación de la ley de amnistía. Aunque la Corte Suprema no se pronunció, uno de sus miembros objetó públicamente el auto de la Audiencia Nacional al incidir en un caso ya juzgado. La entrada en vigor de una nueva fiscalía de la República "también puede mejorar las cosas", comenta el activista. ¿Y qué piensa la Universidad Centroamericana (UCA) sobre la iniciativa del juez Velasco? Contrariamente a quienes imputan cierta tibieza al centro jesuita, el director de su Instituto de Derechos Humanos, Benjamín Cuéllar, que promueve las investigaciones desde hace dos decenios, prometió ayudar a la Audiencia Nacional en todo lo que sea necesario.

"De todas formas, creemos que tenemos que trabajar aquí para que la justicia les llegue no sólo a aquellos que tienen posibilidades de llegar a un tribunal en España, sino a la gente acá", explica Cuéllar, partidario de la derogación de la ley de amnistía o de su adecuación a las nuevas circunstancias. Quiere que a todos los pobres de su país, a los cientos de víctimas anónimas de la pasada barbarie, también se les garantice una justicia hasta ahora ausente porque la controlan quienes no creen en ella. -