Ruz acredita dos delitos en la caja b del PP al encarar el fin de la instrucción

Luis Bárcenas, guardián de las finanzas del PP en las dos últimas décadas e imputado desde hace cinco años en uno de los casos más graves de corrupción política conocidos en España, afronta preso la recta final de la investigación judicial que le persigue. Hace un año que el ex tesorero del PP, tras destaparse la fortuna que guardaba en cuentas suizas, ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Desde entonces, la Audiencia Nacional le ha denegado en cinco ocasiones la libertad que ha pedido.

El magistrado Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel y de la causa abierta por la existencia de una caja b en el PP, ha anunciado en uno de sus últimos autos “la previsiblemente próxima finalización de la instrucción” contra Bárcenas.

La investigación ha permitido acreditar hasta ahora, según distintas resoluciones del magistrado, al menos dos delitos de corrupción que no han prescrito atribuibles al ex tesorero. Por un lado, el delito fiscal (pago de las obras de la sede central en Génova, 13, con dinero no declarado al fisco); de otro, el delito contable (la existencia de una contabilidad paralela a la oficial).

En esta fase culminante de la instrucción, el juez se ha fijado en una cuenta abierta en un banco suizo propiedad de una persona, cuya identidad desconoce, que supuestamente manejaba los negocios de Bárcenas y de su amigo, el ex senador del PP Luis Fraga. El magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido a las autoridades suizas a través de una nueva comisión rogatoria, la número 44 dirigida a ese país desde que se inició el procedimiento, “máxima urgencia en el cumplimiento del auxilio judicial, habida cuenta de la situación de prisión provisional de Luis Bárcenas” y la proximidad del cierre de la instrucción contra el ex tesorero.

A la espera de que el juez consiga el nombre que esconde esa cuenta suiza, y de recibir información de otras comisiones rogatorias sobre el destino de fondos que supuestamente oculta el ex tesorero, la instrucción de la causa que tanto daño ha hecho al prestigio del PP está a punto de finalizar.

El sumario más voluminoso de la historia judicial española, con el caso Gürtel y la pieza separada de los papeles de Bárcenas, ha logrado reunir en seis años numerosos indicios de la actuación delictiva del ex tesorero Bárcenas. Sus manejos durante casi 20 años —de 1990 a 2009— le convirtieron en millonario, hicieron posible la financiación ilegal del Partido Popular y facilitaron el cobro de diversas cantidades en dinero negro a una decena de dirigentes conservadores.

A los delitos fiscales, de blanqueo de capitales o de cohecho que imputa el juez al ex tesorero por su vinculación con la red Gürtel, una trama corrupta instalada en administraciones gobernadas por el PP, se añaden ahora otros delitos contables atribuibles a Bárcenas relacionados con la caja b de la formación conservadora que él mismo controlaba.

La defensa de Bárcenas y el propio ex tesorero sostienen que todo lo relacionado con la caja b del partido es responsabilidad de la cúpula del partido en cada etapa (presidentes y secretarios generales), conocedora de los ingresos irregulares a través de las donaciones de empresarios y del destino que se daba a ese dinero no declarado al fisco.

Los secretarios generales del PP que declararon como testigos ante el juez Ruz aseguraron que los tesoreros del partido durante su etapa dependían directamente del presidente de la formación y ellos no fiscalizaban su gestión ni eran responsables de la misma.

Entre 1990 y 2008, Luis Bárcenas ocultó a Hacienda al menos 8,3 millones de euros que ingresó en efectivo en cuentas abiertas en dos bancos suizos: Dresdner Bank y Lombard Odier (véase infografía).

Ese dinero, según ha intentado justificar el ex tesorero del PP, fue fruto de sus negocios privados consistentes en operaciones inmobiliarias, compraventa de cuadros y servicios de intermediación en empresas privadas. La inversión de esas cantidades en acciones de grandes empresas españolas —que casi triplicaron su valor en unos pocos años— le produjo grandes beneficios con los que llegó a sumar más de 40 millones de euros en esas cuentas. Una fortuna que mantuvo oculta en Suiza y por la que no tributó a la hacienda española.

La investigación judicial sostiene que una parte de ese dinero procede de las comisiones ilegales cobradas de la red Gürtel por sus gestiones para que administraciones gobernadas por los populares adjudicasen a la trama contratos públicos. El resto correspondería al robo de fondos de la caja b del PP que Bárcenas administraba y controlaba personalmente.

La información de una de las comisiones rogatorias a Suiza destapó en enero de 2013 la existencia de las dos cuentas millonarias de Bárcenas, lo que desencadenó algunos días después, y tras la publicación por este periódico de la contabilidad secreta del partido, el despido del ex tesorero. Bárcenas demandó al PP y espera que un juzgado de lo social declare improcedente su despido en los próximos días.

Pese a estar imputado por corrupción desde 2009, Bárcenas gozó en el PP de uno de los mayores sueldos, chófer, secretaria y una sala exclusiva donde guardaba sus papeles. El principal imputado en el caso Gürtel, que había formado parte de la dirección nacional del PP, disfrutaba de un trato de favor laboral con el aval del presidente Mariano Rajoy. Todo eso terminó cuando se conocieron su fortuna suiza y sus papeles manuscritos donde registraba todos los movimientos de la caja b del partido.

Desde entonces, apenas 15 meses, Bárcenas y el Partido Popular libran una batalla a veces pública, con demandas que se dirimen en los tribunales, y a veces subterránea, con avisos que se lanzan entre la cárcel de Soto del Real y la sede de Génova 13.

Las confesiones del ex tesorero al juez Pablo Ruz han dejado al PP en una situación muy comprometida, con varios flecos territoriales (Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha) que tienen la apariencia escandalosa de la corrupción, y algunos asuntos internos (obras en la sede del PP pagadas con dinero negro; impago del impuesto de sociedades en años de cuantiosos ingresos ilegales en la caja B; llevanza de una contabilidad ajena a la oficial…) que amenazan judicialmente a la formación que gobierna ahora en España.

El ex tesorero declaró también al juez que todas las organizaciones territoriales del partido se financiaban irregularmente, como lo hacía la dirección nacional, mediante aportaciones de empresarios que no podían donar dinero al partido. Aunque no acreditó esta acusación genérica, si aportó algunos documentos y explicaciones sobre dinero utilizado por el PP gallego, el PP de Castilla-La Mancha o por el PP de la Rioja, que el juez está investigando.