El presidente del Tribunal de Cuentas niega irregularidades en la contratación

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha negado irregularidades en los procesos selectivos de la institución, después de que EL PAÍS revelara este martes que en el organismo trabaja casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales en una plantilla de poco más de 700 trabajadores. Álvarez de Miranda, que tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones por el supuesto nepotismo, ha admitido la concentración de familiares, si bien sostiene que se debe a que esas personas se enteran de las convocatorias por sus allegados. "En ningún caso han existido en estos 30 años procesos de incorporación al Tribunal irregulares", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Álvarez de Miranda ha garantizado que las oposiciones y pruebas selectivas realizadas a lo largo de todos estos años para trabajar en el Tribunal han cumplido "con todos los criterios" que se les puede exigir. "En el Tribunal no existen diferencias respecto de otro proceso selectivo", ha reiterado.

Sí ha admitido, sin embargo, cierta concentración de familiares en el Tribunal aunque, a su parecer, es una situación común a otras administraciones y frecuente en profesiones como los abogados del Estado o los inspectores de Hacienda. En este sentido, ha explicado que muchas personas se presentan a los procesos selectivos u oposiciones porque se enteran de la convocatoria por sus familiares que ya están trabajando en el Tribunal, algo común en la Administración. "No es tan raro", ha dicho, tras considerar que la existencia de una vocación familiar no tiene por qué suponer que las oposiciones no hayan sido "limpias".

Además, ha aseverado que muchas personas que ahora ocupan cargos directivos no estaban en el mismo lugar en el momento en el que sus familiares se presentaron y superaron un proceso de selección que es igual para todos y que se ajusta a otros procesos de la función pública.

"Es cierto que existen familiares que trabajan en la institución, pero hay que tener en cuenta que, por lo general, se trata de personas que llevan muchos años prestando sus servicios, de manera ejemplar, y que no pueden verse señalados por un vínculo familiar que no tiene nada que ver con un supuesto enchufismo o amiguismo", ha subrayado.

"Por lo tanto, no puede efectuarse esa relación que vincula la presencia de familiares con su pertenencia a órganos directivos", ha incidido Álvarez de Miranda, tras asegurar que en el Tribunal de Cuentas no ha entrado nadie que no haya superado el proceso selectivo correspondiente.

Pese a negar tajantemente irregularidades en los procesos selectivos, no ha descartado mejoras para elevar el nivel de transparencia, aunque ha recordado que en los dos años que lleva de presidente no se han producido procesos selectivos por la congelación de la oferta de empleo público.

A su parecer, los principios generales que se han aplicado siempre han pasado por la búsqueda de objetividad en las personas que componen los tribunales de examen, la mínima discrecionalidad y que las oposiciones sean "ciegas" (que la persona que examina no le ponga cara al que se examina). Estos principios, tal y como ha dicho, se van a mantener, aunque el Tribunal no está en 'en absoluto cerrado' a analizar las posibilidades de modificar la composición de los tribunales.

De hecho, la oferta de empleo público del año 2014 sí cubrirá plazas de auditores y letrados y auditores técnicos del tribunal. En total, según ha especificado Álvarez de Miranda, serán aproximadamente 15 para el cuerpo superior y otros 15 para el cuerpo intermedio.

Cuando llegue el momento, el Tribunal de Cuentas arbitrará procedimientos para determinar cómo se componen los tribunales de oposiciones, aunque Álvarez de Miranda ha dejado claro que en el pasado estos tribunales han estado formados por los "mejores catedráticos" y personas de cuerpos altos de la Administración de "suficiente prestigio".

"Se puede garantizar que las oposiciones no pueden aquejarse de ningún vicio de imparcialidad", ha aseverado el presidente del Tribunal, tras explicar, además, que los procedimientos de selección están sometidos a la posibilidad de presentar impugnaciones que se suelen resolver en plazo y que pueden recurrirse ante los Tribunales.

Varios consejeros del Tribunal de Cuentas han reclamado al presidente que modifique la configuración de los tribunales opositores. Es decir, que al menos tres de los cinco miembros que integran los jurados examinadores sean ajenos a la institución, a diferencia de lo que viene sucediendo desde hace muchos años. Las preguntas de las oposiciones se preparan dentro del tribunal y la mayoría de examinadores (tres de los cinco) son altos cargos y representantes sindicales del organismo.

Dispuesto a comparecer

Álvarez de Miranda se ha mostrado dispuesto a dar "todas las explicaciones" que demande la opinión pública, tanto de carácter general como particular. A su parecer, el Tribunal siempre ha estado abierto a dar explicaciones sobre su funcionamiento interno y lo seguirá estando.

Igualmente, ha asegurado que está dispuesto a comparecer en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para dar las explicaciones oportunas sobre el acceso a los puestos del Tribunal. "No tengo ningún problema", ha dicho Álvarez Miranda, que ha añadido que tiene una situación de tranquilidad "muy grande" y que defenderá los procesos de selección realizados en el pasado como si fueran propios.

En cualquier caso, ha lamentado 'profundamente" que la labor que ha desarrollado estos dos años el Tribunal, con un fuerte incremento del ritmo de los trabajos y con la puesta en funcionamiento de la capacidad sancionadora en el ámbito de los partidos políticos, "quede oscurecida" por noticias que, según dijo, "tergiversan" la realidad.

"Presentan una información que hace referencia a un pasado remoto y no se corresponde con la realidad", ha dicho el presidente del Tribunal.

El propio Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus). Medina rechaza vínculos con esta última, y señala que el resto de sus parientes accedieron al tribunal antes de que él fuese consejero, en 2003.